La Defensoría del Pueblo de Chocó emitió un comunicado en el que denuncia el riesgo que se presenta en cuatro corregimientos del municipio de Juradó y piden acompañamiento para las comunidades afro e indígenas ante la presencia del grupo armado ilegal Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).
Según el comunicado, las comunidades de Punta Piña, Patajoná, Punta Ardita y Guarín están en riesgo inminente de desplazamiento después de que el pasado 20 de julio, aproximadamente 20 indígenas del resguardo Santa Marta de Curiche «fueron retenidos y maltratados durante varias horas».
Luis Enrique Murillo, defensor del departamento, contó que una de las causas por las que el municipio chocoano está en medio de esta ola violenta, es por la disputa territorial que se da entre el Eln y las ya mencionadas Agc.
El defensor explicó que se han presentado tres hechos preocupantes por los que han pasado los corregimientos:
- El 4 de julio toda la comunidad de Patajoná estuvo retenida, amordazada e incomunicada por varias horas hasta que llegó la fuerza pública. Sus habitantes se desplazaron al día siguiente y actualmente se encuentran en Bahía Solano.
- El 4 de agosto Punta Piña estuvo confinada por varias horas por las Agc. La población continúa en zozobra porque el grupo puede volver en cualquier momento.
- El 19 de agosto el corregimiento de Guarín también fue víctima de retención e incomunicación. Las 20 personas que habitan en el corregimiento ya se encuentran en la cabecera municipal de Juradó.
Toda la situación configura un escenario de mucho miedo y mucha zozobra para la población.
«Aunque estos tres hechos son atribuidos a las Agc, el Eln viene haciendo presencia e intimidando. Además, en los últimos días se han presentado homicidios selectivos», según Murillo, quien agregó que el 17 de agosto fueron asesinados dos pescadores y todavía se desconocen los motivos.
El defensor explicó que Juradó tiene conexión directa con la zona de Truandó, afluente del río Atrato, donde también se presenta una fuerte disputa territorial, ya que la zona permite conexión directa con Antioquia, generando un corredor de narcotráfico desde el sur del país hacia el Chocó y Panamá.
La comunidad, junto la Defensoría del Pueblo, hicieron un llamado al Gobierno Nacional y a las instituciones a nivel departamental y municipal para que implementen las medidas necesarias para proteger y asistir a las víctimas, así como estrategias de corte humanitario que permitan garantizar el cumplimiento de derechos.
MEDELLÍN