Andrés Chica Durango, defensor de Derechos Humanos en el sur de Córdoba, residente del municipio de Tierralta y uno de los protagonistas de ‘Voces vivas’, la primera base de datos auditiva realizada por la Unidad de Datos de EL TIEMPO para recoger las luchas de 54 personas defensores del territorio en Colombia, tuvo que abandonar el pueblo anoche, escoltado por un piquete de agentes de la Policía, luego de denunciar que recibió amenazas contra su vida.
A través de un mensaje de texto a su teléfono celular, Chica fue intimidado advirtiéndole que de nada serviría el esquema de seguridad que reciba de las autoridades. «…váyase de aquí sino quiere que lo pelemos, no nos importa escolta», advierte la amenaza que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades.
Desde la Fundación Cordobexia, Chica fue el primero en denunciar el crimen de María del Pilar Hurtado, ocurrido el viernes pasado en horas de la mañana cuando se despedía de su hijo para salir a trabajar.
A través de las redes sociales señaló que la mujer era líder social y que hacía parte de un grupo de desplazados que habitaban en un sector de invasión.
«Con gran fuerza hemos estado denunciando unos hechos relacionados con el asesinato de María del Pilar Hurtado y otros hechos violatorios de derechos humanos en el sur del Departamento. Esto ha generado unos coletazos en la tarde de hoy (sábado) y amenazas en contra de mí; y señalamientos por parte del primer mandatario del municipio de Tierralta, donde resido y de donde me toca irme, precisamente, porque se ha suscitado a través de un mensaje de texto una amenaza, y lo que me dicen es que me van a asesinar y eso es lo que más me duele porque es un riesgo inminente», dijo Chica a través de un video que envió a los medios de comunicación minutos antes de salir resguardado de la estación de Policía.
Sin embargo, aseguró que desde el exilio continuará la labor emprendida en defensa de los derechos humanos.
«Lamento, profundamente, tener que salir pero nuestro proceso reivindicativo de las comunidades campesinas y populares continúa. Seguiremos hablando de lo mismo, seguiremos haciéndolo desde donde nos toque, desde donde nos permitan las fuerzas del Estado garantizarnos el ejercicio», concluyó.
Andrés Chica había advertido que el crimen de María del Pilar Hurtado podría estar relacionado con un panfleto amenazante que circuló en días pasados en el pueblo y que incluía el nombre de varias personas invasoras de algunos predios en Tierralta, uno de ellos de propiedad del padre del alcalde Fabio Otero Avilés.
Y hace énfasis en que hay una disputa entre estructuras del narcotráfico, pero que eso no es lo único. “La solución no es meter soldados, colocar esquemas de protección, colocar chalecos antibalas. La solución es enfrentar de veras y con contundencia al paramilitarismo como una política enquistada en el departamento de Córdoba”.
Le ha tocado salir cuatro veces de su región, pese a tener esquema de seguridad de la Unidad de Protección del Estado Colombiano, que consiste hoy día en movilidad en carro blindado y escoltas. La primera vez que salió fue en el año 2013, luego en el 2014 rumbo a Medellín, en 2017 salió con su familia hacia Bogotá y ahora nuevamente le toca salir con los suyos.
Alcalde responde a señalamiento
Tras conocer dicha declaración del líder social, el alcalde Otero rechazó las aseveraciones y negó que su familia tuviera relación con los hechos. A través de su cuenta de Twitter, Otero acusó a Chica de querer enlodar su nombre a cambio de favores políticos.
También el secretario de Gobierno de Tierralta, Willington Ortiz, a través de un comunicado de la Alcaldía desmintió a Chica con relación a la condición de líder social de la asesinada María del Pilar Hurtado.
«Con el objeto de desvirtuar las afirmaciones supuestas en redes sociales por la asociación Cordobexia, donde manera irresponsable afirma que la señora María del Pilar Hurtado Montaño, es una lideresa social y estaba referenciada en un panfleto amenazante que circuló en días anteriores en el municipio de Tierralta, Córdoba», asegura Ortiz.
Otras luchas de Chica
El activista de derechos humanos también ha abanderado la defensa de miles de campesinos desplazados como ocurrió el pasado mes de marzo en el corregimiento Juan José de Puerto Libertador, Córdoba.
Allí se hacinaron cerca de 1.500 labriegos que huyeron de las amenazas que propiciaron las confrontaciones armadas del Clan del Golfo contra ‘Los Caparrapos’ y disidencias de las Farc.
En esa ocasión denunció que los territorios que abandonaron los campesinos huyendo de la violencia estaban sembrados con minas antipersonal y que el Ejército no podría garantizar el retorno a sus propiedades. Allí también fue duramente cuestionado por sus críticas al trabajo de la Fuerza Pública.
Andrés Chica tiene medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 5 de mayo de 2018. Le fueron concedidas a él y a otros dirigentes sociales, entre ellos Cristian Raúl Delgado Bolaños, Coordinador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.
Gudilfredo Avendaño Méndez
Especial para EL TIEMPO
MONTERÍA
Nota: este artículo fue modificado el 24 de junio del 2019 para resaltar la participación de Andrés Chica en la base de datos ‘Voces vivas’.
