En medio de la acalorada controversia entre los gobernadores de Antioquia y Chocó por la soberanía sobre el corregimiento de Belén de Bajirá, el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), Juan Antonio Nieto Escalante, afirmó que en ningún momento han usurpado las funciones del Congreso al incluir a ese territorio en el mapa de Chocó.
“Las comisiones de Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara, conjuntamente, se reunieron y en diciembre del 2016 devolvieron el expediente al Igac, asegurando que allí no hay límite dudoso y que por lo tanto no es de competencia del Congreso definir esa situación, porque el Congreso tiene, entre otras cosas, la función de definir límites cuando hay dudas, pero este no es el caso de Belén de Bajirá, porque hay límites precisos en la Ley 13 de 1947, bajo la cual se creó el departamento de Chocó”, manifestó Nieto Escalante.
El funcionario dijo que la decisión se dio en febrero del 2016 y no tuvo ninguna relación con las demandas expuestas por el Comité del Paro Cívico en Chocó, que, según el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, obedecen a una entrega del Gobierno para darle fin al paro que completa ya 18 días.
Fueron verificados límites geográficos contemplados en ley de creación del departamento de Chocó, legislación no ha sido demandada pic.twitter.com/BLLmstGO1w
— Presidencia Colombia (@infopresidencia) 30 de mayo de 2017
“La definición de colocar (al corregimiento) en el mapa de Chocó, ya en vigencia, no corresponde a una entrega que el Gobierno ha hecho para acabar el paro en ese departamento”, señaló Escalante, quien insistió en que el concepto técnico que el Igac radicó en el Congreso se dio en febrero de 2016 y el primer paro fue en agosto de ese año, “es decir –aseguró–, no obedece de ninguna manera a esta situación, entre otras porque el Igac tiene una función estrictamente técnica y no política, no existe diferencia o animadversión contra ninguno de los dos departamentos en conflicto”.
El director aclaró que la Ley 13 de 1947, que crea el departamento del Chocó y le fija sus límites, no ha sido demandada y, por tanto, es una norma vigente.
Durante un año, explicó Escalante, el instituto trabajó junto con comisiones de los departamentos, presididas por un ingeniero geógrafo, que verificaron y comprobaron que los límites descritos en dicha ley son los que corresponden a la realidad geográfica.
Intervención de la Contraloría
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, dijo que le pedirá al Contralor General que intervenga de inmediato en el diferendo limítrofe.
El corregimiento Belén de Bajirá fue creado como corregimiento de Mutatá mediante la Ordenanza 47 de 1975, la cual se encuentra vigente, según la Gobernación de Antioquia
Jaiver Nieto / EL TIEMPO
“El Gobierno Nacional ha violado el principio de imparcialidad, y en este caso está solucionando un paro cívico con la entrega de unos territorios”, sostuvo Pérez, quien aseguró que con la publicación del mapa se le está ocasionando “un daño inminente” al departamento que preside.
El mandatario seccional también señaló que le pedirá al contralor ejercer vigilancia en el proceso de verificación de límites y que si es “necesario suspenda de sus labores a los funcionarios públicos que estén cometiendo un acto arbitrario”.
Por su parte, el presidente de la Asamblea de Antioquia, Bayron Caro Luján, rechazó la decisión del Igac de entregar el corregimiento al Chocó. “Exigimos el respeto del pasado histórico de la región y la presencia del gobierno de Antioquia en Belén de Bajirá”, aseguró Caro.
El funcionario consideró que se debe convocar una consulta popular que permita que los ciudadanos sean los que decidan y expresen a qué departamento quieren pertenecer.
El diputado, igualmente, reclamó “mayor operatividad, coherencia y oportunidad en las actuaciones de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República”, y pidió ejercer el control político al director del Igac por, en su opinión, “usurpar funciones del Congreso”.
Caro les pidió además a diferentes sectores de Antioquia coadyuvar en las denuncias y “apoyar las acciones del gobierno departamental en la defensa jurídica del departamento”, a la vez que convoca a “hacer mayor presencia institucional en la región”.
MEDELLÍN
