Aquarela, la torre que tiene en riesgo a Cartagena como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, avanza en su proceso para ser demolida. A la consultoría se sumó recientemente la adjudicación de la interventoría.
Según conoció EL TIEMPO, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) adjudicó la interventoría de la consultoría especializada al Consorcio Interventoría Estudios Técnicos Acuarela.
El documento oficial que emitió la entidad señaló que este conjunto está conformado por Rodrigo González Andrade, con un 70 por ciento de participación, y Mapo Ingeniería S.A.S. (30 %), representado legalmente por Rodrigo González Andrade.
Este Consorcio será el encargado de realizar la interventoría integral, técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a la consultoría especializada que hará los estudios para la demolición de la obra, según consigna el objeto del contrato.
El plazo para la interventoría es de tres meses, por un valor que supera los 77 millones de pesos.
Hay que recordar que, después de declararse desierta la convocatoria (marzo de 2022), en mayo del presente año fue adjudicado el contrato para la consultoría especializada a la firma Proyectos Urbanos y Construcciones del Caribe S.A.S.
Así nació una controvertida obra en la capital de Bolívar
Como un proyecto de vivienda surgió ‘Aquarela Multifamiliar VIS’ en Cartagena, a cargo de la constructora Promotora Calle 47 S.A.S. Apostaban a levantar cinco torres de 33 pisos cada uno.
Tras superar los trámites correspondientes, como el visto bueno y licencia de construcción por parte de las autoridades del Distrito y de la Nación, la torre uno empezó a construirse en marzo de 2017.
Lo hicieron en el barrio Torices, a una cuadra del Castillo de San Felipe de Barajas, de gran valor patrimonial para la historia de ‘La Heroica’.
Desde el primer momento, veedores ciudadanos alertaron sobre este proyecto, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) advirtió al Ministerio de Cultura y este permitió el avance de la obra, por “no representar amenaza” para el patrimonio.
Pero en 2018, la Inspectora de la Policía de la Unidad Comunera de Gobierno No, 2 del Distrito de Cartagena, impuso medidas correctivas a la constructora por “desconocer” lo acordado en la licencia, ocupando bienes de uso público.
Según quedó consignado en la resolución No. 001 del 9 de octubre de 2018, ordenó restituir los 619,59 metros cuadrados correspondientes a áreas de antejardín.
Un año después, fue el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, la misma que en 1984 declaró a Cartagena como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, que alertó sobre el impacto negativo del proyecto Aquarela, afectando el cono visual del Castillo.
Esta institución le pidió al Gobierno colombiano suspender la construcción de la obra y la demolición de la edificación, al considerarlo un “grave riesgo” para el estatus patrimonial con el que fue inscrita.
Para entender la importancia de esta zona de la ciudad, la especialista en Conservación y Restauración de patrimonio arquitectónico, Ximena Avilán, explica que se trata del área de respeto de los Bienes de Interés Cultural (Castillo de San Felipe, Centro Histórico y La Popa), más conocida como zona de amortiguamiento.
“Quiero aclarar que, de acuerdo con la resolución 043 de 1994, Aquarela afecta, normativamente hablando, no al Castillo San Felipe, sino al Centro Histórico, pues esta edificación se encuentra ubicada en la llamada Zona de Protección Ambiental de Torices, una de las cuatro reconocidas para la protección del Centro”, dice Avilán, quien fue gerente del Centro Histórico de Cartagena.
Agrega que estas áreas son las que permiten el acceso al sector antiguo en lo referente a la movilidad, servicios públicos, entre otros. Si se sobrecargan, aislarían al centro histórico del resto de la ciudad. “Hoy es vital la apropiación por parte de los cartageneros, para la conservación de la ciudad antigua y, para eso, debe estar integrado con el resto de la ciudad”, sostiene.
La también miembro de Icofort reconoce que los procesos de contratación pública son demorados, no obstante considera que este en particular ha sido muy lento. “Los estudios y la interventoría son procesos que pueden ser adjudicados en el mismo momento”.
“Con cambio de gobierno, considero que será muy difícil que se pueda llevar a cabo este año. Asumo que los nuevos funcionarios se tomarán su tiempo para revisar la información que encuentran. Este es un proceso que no solo lo verá la ciudad. Los ojos del mundo entero estarán pendientes”, manifiesta Avilán.
Por su parte, la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) presentó un concepto técnico en el que afirmó que el edificio tiene “fallas estructurales de suma gravedad”, lo que impediría su resistencia a los cambios de diseño necesarios para restituir los 619,59 metros cuadrados de espacio público al Distrito.
Los cinco procesos que afronta el Distrito por el edificio Aquarela
Tras ser consultada por EL TIEMPO, la Oficina Jurídica Distrital sostuvo que Cartagena afronta cinco procesos por la construcción del edificio Aquarela, “entre los cuales se encuentran: una nulidad simple, una nulidad y restablecimiento del derecho, una reparación directa, una acción popular y un proceso penal”.
La Promotora Calle 47 S.A.S. aparece como demandante en dos procesos (la nulidad y restablecimiento del derecho, y la reparación directa). El primero se encuentra en periodo probatorio y, sobre el segundo, desde el 15 de octubre de 2020 ingresó al despacho del juzgado de conocimiento para resolver solicitud de reforma de la demanda.
Adicionalmente, el Ministerio de Cultura presentó una acción popular, la cual se encuentra pendiente de proferir fallo de primera instancia.
En el proceso penal, los procesados son Ronald Llamas, Claudio Restrepo y Lucas Tamayo. El estado de este caso registra en audiencia preparatoria. Los defensores enunciaron sus pruebas y se reanudará la audiencia el 28 de octubre de 2022.
La ciudadana Claudia Peralta aparece como demandante en el proceso de nulidad simple. La audiencia inicial se celebró el 21 de abril de 2022 y se encuentra en periodo de prueba.
Las demandas entre ambos bandos
En 2020, el alcalde William Dau dijo que iba a demoler la estructura, con el apoyo del Ministerio de Cultura y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Esto generó que los constructores y 80 familias inversionistas en el proyecto anunciaran una demanda al Estado.
La firma se apoya en que cumplió con todos los requisitos de ley. La Curaduría Urbana No. 1 de Cartagena dio licencias de construcción a las cinco torres y el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Cartagena (Corvivienda) certificó que se trataba de un proyecto de interés social.
Mientras que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica indicó que demandará a la constructora por los daños cometidos a la Nación con Aquarela, que ya tiene seis procesos en su contra.
Entretanto, la Procuraduría formuló pliego de cargos al Curador Urbano No 1 de Cartagena, Ronald de Jesús Llamas Bustos, y al exgerente (e) de Corvivienda, Luis Alberto Vélez Carrasquilla (2014 – 2016), por presuntas irregularidades en la expedición de la licencia de construcción y certificación.
Asimismo, dio traslado para el inicio de posibles acciones disciplinarias contra funcionarios y exfuncionarios de la alcaldía de Cartagena, entre ellos el actual mandatario, William Dau Chamat, y su antecesor, Pedrito Tomás Pereira Caballero.
Lo que viene en el proceso para demoler Aquarela
El proceso para demoler la edificación de Aquarela se empezó a formalizar en 2021 con el convenio tripartito suscrito entre el Ministerio de Cultura, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Alcaldía de Cartagena.
Sin embargo, el mismo pasó dificultades en marzo del año en curso, cuando fue declarada desierta la convocatoria para contratar la consultoría especializada, toda vez que solo se presentó un oferente.
Ya con las adjudicaciones de las firmas para la interventoría y la consultoría, estos tienen tres meses para presentar los resultados de los estudios. Posteriormente, se abrirá otro proceso de contratación para definir la empresa que demolerá la mole.
Según explicó el Ministerio de Cultura a este medio, ahora se realizará la consultoría consistente en los estudios, evaluaciones, diagnósticos y recomendaciones para obtener los insumos necesarios para la realización de la demolición de la obra ejecutada sobre el proyecto.
“Una vez concluidos los estudios se establecerán los plazos y procedimientos pertinentes”, comunicó Mincultura.
Sobre si hay una fecha límite para la demolición, esta dependencia indicó que “este proceso atiende la implementación de la medida correctiva ordenada por las autoridades de policía de Cartagena para la restitución del espacio público ocupado en la construcción del proyecto de vivienda multifamiliar Aquarela”.
Y, en caso de no hacerse a tiempo, “se adelantarán nuevos trámites judiciales”, cerró Mincultura.
El estatus de Cartagena como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad sigue en juego, pues la Unesco amplió el plazo para corregir el hecho hasta diciembre de 2022, ante el surgimiento del covid-19. Sin embargo, el pesimismo en el sector patrimonial de la ciudad está latente, por el ritmo en que avanza este proceso.
Deivis López Ortega
Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla
En Twitter: @DeJhoLopez
