Así avanza ‘la novela’ del suspendido proyecto Aquarela, en Cartagena

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Pese a que la torre uno del polémico proyecto de Vivienda de Interés Social ‘Aquarela’ hoy se mantiene inconclusa, al lado del Castillo de San Felipe de Barajas, sus días parecen estar contados.

El Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la decisión del Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena de suspender la construcción del polémico proyecto urbanístico Multifamiliar.

Aunque todavía no hay un fallo definitivo que ordene tumbar la polémica torre en pie, como lo han solicitado las autoridades tanto en Bogotá como en Cartagena, y menos aún desautorizar las licencias de construcción para cuatro edificaciones más, entidades administrativas y judiciales recopilan pruebas para tumbar el proyecto que amenaza la declaratoria patrimonial de Cartagena.

El juzgado Décimo Administrativo de Cartagena ya había suspendido la obra en primera instancia, en el mes de diciembre. Luego, la constructora, Promotora Calle 47 SAS, con todos los documentos en regla, apeló; sin embargo, el pasado mes de abril el mismo juzgado ratificó el fallo.

Esta semana se debía llevar a cabo una audiencia pública definitiva sobre el caso, pero fue aplazada porque el juez ordenó vincular a las investigaciones al Fondo de Vivienda de Interés Social, Corvivienda, entidad que determinó que el proyecto para las cinco torres de 32 pisos podía ser incluido dentro de la categoría de vivienda de interés social.

Por ahora continúa la suspensión que se dio a raíz de las medidas cautelares que se solicitaron en el marco de la acción popular que interpuso el Ministerio de Cultura

“Por ahora continúa la suspensión que se dio a raíz de las medidas cautelares que se solicitaron en el marco de la acción popular que interpuso el Ministerio de Cultura. Está pendiente una acción de cumplimiento que se celebraría ayer (miércoles) pero que se aplazó y aún no han definido la fecha”, señalo Alberto Escovar (Ojo: así con v), director de la división de patrimonio del Ministerio de Cultura.

Para el tribunal Administrativo de Bolívar el Curador Urbano Número 1 de Cartagena, Ronald Llamas, no cumplió con su deber legal y constitucional de constatar la ubicación exacta del barrio Torices, donde se construye el mega proyecto, y tampoco constató el uso y tratamiento exacto que tiene el predio dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, POT.

“En algunos documentos consignó que la zona es de conservación urbanística y luego sin motivación jurídica, razonable y técnica, cambió su concepto para indicar que su uso es de renovación urbana”, señala la Procuraduría.

Pero el funcionario, investigado por el Ministerio Público, se defiende y asegura que se basó en los conceptos previos de Corvivienda y el mismo Instituto de Patrimonio y Cultura de la Ciudad que indicó en una circular que el terreno de construcción estaba por fuera del perímetro de protección patrimonial. Hoy, el mayor argumento de la constructora son las licencias de construcción legales y todos los permisos otorgados por los entes Distritales de Cartagena.

“La decisión del tribunal ratifica la decisión se sellamiento policivo ordenada por nosotros (alcaldía); además, el Distrito hace parte de la acción popular y del recurso de nulidad que cursan que buscan el restablecimiento del derecho colectivo, tenemos una audiencia abierta, esperamos pruebas y todo va viento en popa y en el camino de la legalidad“, señaló Yolanda Wong, Secretaria del Interior de Cartagena.

El ultimátum lo dio la propia Unesco que en una carta enviada al Ministerio de Cultura alertó sobre los riesgos a la declaratoria patrimonial de Cartagena por cuenta del proyecto urbanístico que se levanta a una cuadra del emblemático Castillo de San Felipe de Barajas.

“La actual torre en construcción, que ha alcanzado ya los veinte pisos, es prueba objetiva y demostrable, del riesgo que el Conjunto Multifamiliar Acuarela representa para Cartagena en su condición de bien inscrito en la lista de Patrimonio Mundial”, señala en uno de sus apartes la carta de la Unesco firmada por Mechtild Rossler, Directora del Centro de Patrimonio Mundial de la entidad.

Los constructores del proyecto informaron que debido a la presión mediática varias familias desistieron de seguir adelante con la compra, mientras unas 900 familias más de compradores amenazan con millonarias demandas al Estado, asegurando que este  se les atravesó en sus sueños de tener vivienda digna y de interés social con vista al mar y al ‘Corralito de Piedra’.

JHON MONTAÑO
CORRESPONSAL EL TIEMPO
CARTAGENA. 
En Twitter: @PilotodeCometas