Después de 14 años de reclamar la entrega de los cuerpos de la masacre de Bojayá, las familias de las víctimas lograron ser escuchadas. Los restos habían sido rotulados solo con un número, y no con nombre y apellido, y sus familiares no habían podido hacer el duelo ni despedir a sus muertos conforme a sus tradiciones.
A principios de 2016, el caso de las víctimas de esta masacre, una de las más graves ocurridas en la historia del conflicto armado en el país, fue llevado a la mesa de diálogo entre el entonces gobierno y la guerrilla de las Farc. En esa instancia fue tratado y considerado como un tema prioritario, porque ayudaría a generar confianza entre las partes y en los colombianos hacia el proceso de paz.
Fue así como la recuperación de los restos con fines de identificación y entrega a sus familiares quedó consignado como uno de los acuerdos del punto cinco del pacto de paz, firmado el 1.° de diciembre de ese año.
Esto fue lo que permitió que en mayo de 2017, los restos de las víctimas de la masacre, ocurrida el 2 de mayo de 2002, fueran exhumados en el cementerio de Bellavista -a donde habían sido trasladados días después de que un grupo de sobrevivientes los sepultaran en una fosa cerca del río Bojayá- y llevados hasta Itagüí (Antioquia), para que un equipo de 29 expertos forenses se encargara de la identificación.
Esa difícil tarea ya concluyó, y los restos fueron trasladados ayer hasta Bellavista Nuevo (el pueblo donde se reconstruyó Bojayá tras la masacre), para ser entregados a sus familiares, con lo que prácticamente se cierra uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado interno.
Las cifras del Instituto de Medicina Legal indican que a la población chocoana fueron enviados 72 restos identificados, uno identificado solo a nivel de perfil genético, siete casos más en los que no se logró obtener el perfil genético y unas estructuras óseas aisladas.
Durante los cruentos enfrentamientos que sostuvieron los frentes 5, 34 y 57 de las Farc con un comando del bloque Elmer Cárdenas de las Auc en esa región del Medio Atrato, según información recopilada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, 79 personas fallecieron el 2 de mayo en la iglesia de Bojayá, a causa de la explosión de uno de los cuatro cilindros bomba lanzados por guerrilleros contra el pueblo -donde se habían atrincherado los paramilitares-. A estos se suman siete personas que fueron asesinadas en el caserío de Napipí y cinco más en el municipio antioqueño de Vigía del Fuerte, entre el 20 de abril y el 7 de mayo en medio esa guerra.
En entrevista con EL TIEMPO, Carlos Eduardo Valdés, quien como director de Medicina Legal llevó el clamor de la comunidad de Bojayá a la mesa de diálogo de La Habana, en el 2016, cuenta cómo conoció la solicitud de las familias de las víctimas y cómo se inició la recuperación e identificación de los restos, un proceso en el que, por primera vez en el país, se vincularon los familiares y se respetaron sus tradiciones culturales y creencias, lo cual ha sido considerado un proceso referente en la búsqueda de desaparecidos en Colombia.
—Durante 14 años los familiares de las víctimas de la masacre de Bojayá estuvieron pidiendo que les entregaran los restos, no como un número, como habían sido reseñados desde el principio, sino con nombres y apellidos, para poderles hacer duelo y despedirlos de acuerdo con sus creencias. Pero nadie atendió ese clamor. Solo en el 2016, tras su mediación, el tema fue aprobado en la mesa de diálogo de La Habana. ¿Cómo lograron las familias que finalmente fueran escuchadas?
La primera vez que se habla, o que yo conozco de la intención de las familias de Bojayá es en abril de 2015. Delegados de las familias me visitaron en la sede del Instituto de Medicina Legal en Bogotá y me expusieron la imperiosa necesidad de que se hiciera algo con las víctimas de la masacre. Ya habían hablado con la Fiscalía, con ONG y con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Como director de Medicina Legal, yo era miembro principal de la Comisión, y me comprometí a llevar el tema a la Comisión y a la Fiscalía. Pero en la Comisión no pasó de ser un tema del orden del día. Yo ya le había solicitado al delegado de la Fiscalía en la Comisión que se hicieran las averiguaciones si la Fiscalía podía ordenar la exhumación de los cuerpos. Pero en las sesiones siguientes el delegado no dio respuesta a la solicitud y esta así se quedó.
En el 2016 volví a tener una segunda entrevista con unas tres personas delegadas de Bojayá. Yo estaba asistiendo a la mesa de negociación en La Habana. Les dije que me parecía interesante volver a plantear el tema, pero ya en la mesa de diálogo. En ese momento se estaba hablado del punto cinco del acuerdo y me pareció un momento coyuntural para que se incluyera el caso de las víctimas de Bojayá, en el marco de la necesidad de generar actos urgentes que crearan confianza entre las partes y en la sociedad colombiana. Y así se hizo. Solicité que el Instituto se comprometiera a realizar actos que generaran confianza en la búsqueda de desaparecidos.
—¿Cómo recibieron los delegados en la mesa de diálogo la solicitud?
Allí, unos y otros, delegados de las Farc y del Gobierno, estuvieron totalmente de acuerdo en que el tema de Bojayá fuera prioritario en la búsqueda de los desaparecidos y que era una acción que iba a generar confianza para las partes y para la misma sociedad. Es ahí cuando la mesa de negociación emite un comunicado autorizando al Instituto de Medicina Legal para que adelante las acciones necesarias para la búsqueda de desaparecidos. Esto salió de la mesa de negociación de La Habana y quedó como uno de los puntos en las actas.
—Pero el proceso de identificación no comenzó de inmediato…
Ya con esa instrucción, me dirigí a la Fiscalía para explicarles la situación perentoria a la cual se veía el Instituto abocado, que era realizar esos actos urgentes. La Fiscalía estuvo de acuerdo y dispuso de un fiscal coordinador. Ese fiscal convocó a la fiscal que tenía la investigación de la masacre, y es ahí cuando se inician los primeros acercamientos para materializar el tema de Bojayá. Previamente, la mesa de negociación de La Habana había aprobado el Plan cementerio, que adelantaba el Instituto y la Fiscalía, y esta actividad (la búsqueda de desaparecidos) hacía parte de ese programa.
—¿Cómo lograron que las familias permitieran trasladar los restos a otra zona del país?
Uno de los grandes inconvenientes al principio fue que la comunidad no quería que los cuerpos salieran de Bojayá. Pero entendieron las dificultades científicas de estudiar un cuerpo en ese terreno. Aceptaron que los cuerpos salieran con la vigilancia de sus delegados. Ese fue uno de los grandes logros en ese momento. Se dispuso, entonces, que los cuerpos iban a salir de Bojayá e iban a llegar a una unidad básica del Instituto en Antioquia. Se cerró la unidad de Itagüí y sus servicios se trasladaron a la unidad de Medellín. La unidad de Itagüí se dejó única y exclusivamente para atender los cuerpos de Bojayá, y especialmente a los familiares.
—¿Por qué el caso de identificación de las víctimas de Bojayá es considerado un referente en la búsqueda de desaparecidos?
El Instituto asumió la coordinación del diseño del proceso de exhumación con fines de recuperación e identificación de los cuerpos de la masacre de Bojayá, y la subdirectora que estaba en ese momento, quien hoy es la directora, hizo el diseño. Ese diseño se plantea como una metodología nueva a enseñar dentro del marco del reto que se venía en el acuerdo con las Farc, que era la búsqueda de las personas desaparecidas, con la conformación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. En ese momento se estaba estructurando lo que iba a ser la Unidad y los métodos que se iban a utilizar para corregir todas las vicisitudes que se habían tenido y que las víctimas habían reclamado desde muchos años atrás y nunca las habían escuchado.
—¿Qué plantea la nueva metodología?
Se ensaya, entonces, un nuevo modelo de búsqueda de identificación de víctimas, en donde los familiares de las víctimas iban a tener un papel protagónico, preponderante. Íbamos a respetar sus creencias, su cultura, su idiosincrasia. Así se le hizo saber a la Fiscalía y a los fiscales que habían delegado. Y es así como las Naciones Unidas, que eran uno de los garantes en La Habana, se involucra de lleno. Así, su delegado en La Habana hace el acompañamiento, y se inicia un trabajo muy fuerte, apoyado por el Centro de Memoria Histórica, la Defensoría del Pueblo y la Unidad para las Víctimas. Con la Fiscalía se acordaron los mecanismos que se iban a utilizar para recuperar los cuerpos de donde habían sido inhumados (en el cementerio de Bellavista). Esa era la puesta en escena de unos mecanismos que generaban confianza entre el gobierno y las Farc.
—¿De qué manera fueron involucradas las familias?
Con ellas se hacían reuniones periódicas, cada mes o cada dos meses, para que hubiera un proceso de entendimiento de los mecanismos. Con ellas se hizo un proceso pedagógico para explicar los procedimientos y lo que se iba a obtener. Con las familias se dispuso de un mecanismo de comunicación: cómo iba a ser la comunicación del Instituto hacia la comunidad, que además quiso tener un mecanismo garante y designó al grupo Equitas para que hiciera cierto tipo de supervisiones, entendiera y les explicara. La comunicación con los familiares siempre fue expedita y rápida. La comunicación con la Fiscalía fue de colaboración permanente, cercana y de doble vía, y con el grupo Equitas, lo mismo.
Lo que requeríamos, y creo que se logró, es que los familiares de las víctimas se incorporaran a los procesos de búsqueda e identificación. Se hizo una labor pedagógica y hoy, creo, sin lugar a equivocarme, que los familiares entienden cuál fue el esfuerzo científico; entienden qué se hizo en antropología forense, en odontología forense, cuáles fueron los estudios de histopatología forense. Porque en todas las discusiones los diálogos fueron formativos, pedagógicos.
—Pero el proceso tuvo muchos más ojos encima, ¿hubo algún acuerdo con las instituciones interesadas en vigilar el procedimiento?
Se aplicó un procedimiento científico. En ese momento se había acordado, con liderazgo del Instituto y participación de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y el Grupo Argentino de Antropología Forense, oenegés nacionales como Equitas, Asfaddes, la fundación Nidia Érika Bautista y universidades, la definición de unos estándares mínimos que deberían tenerse para la búsqueda, ubicación, recuperación, identificación y entrega de los cuerpos de desaparecidos a los familiares. Esto fue novedoso en Colombia. Ya con los estándares mínimos, las instituciones se comprometieron a seguirlos, había un compromiso moral y ético que significaba que quien no cumpliera esos estándares iba a recibir una sanción moral y ética.
—¿El proceso tuvo alguna auditoría internacional?
Sí. El Instituto también dispuso de un mecanismo de auditoría internacional. Fue así como el caso de Bojayá fue llevado a la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses, que reúne 27 instituciones de 19 países, para que esos países fueran auditores del proceso de recuperación e identificación de los cuerpos de las víctimas y eso les diera garantías a las familias.
—¿Cómo le va a servir al país la experiencia de Bojayá?
La paz se firmó y se diseñó y estructuró la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. La experiencia de Bojayá dio pie a que esas experiencias, ese aprendizaje, se dejaran plasmadas en lo que iba a ser la Unidad de Búsqueda. Hoy, esas experiencias se ponen a la orden de la Unidad. Colombia no merece improvisar en este tema. La experiencia acumulada del Instituto no es comparable con la experiencia que tienen otros países, ni siquiera con la del Instituto Argentino de Antropología Forense. Lo que se tiene que hacer es fortalecer la labor del Instituto.
—Después de tanto insistir, los familiares de las víctimas de Bojayá lograron ser escuchados y ahora se les está entregando resultados, ¿qué mensaje les envía usted a las víctimas?
Bajo mi administración, el proceso se desarrolló aplicando unos estándares mínimos y nunca fue para el Instituto un drama mayor la falta presupuestal. Quiero hacer énfasis en eso para que el país entienda que un instituto científico da resultados a pesar de su exiguo presupuesto, y que los familiares de las víctimas, no solo de Bojayá, sino de todos los desaparecidos en Colombia, nunca se desanimen, nunca desfallezcan en su intención de hallarlos. Tienen un Instituto que los respaldó en sus intenciones, porque esto de Bojayá es el mejor ejemplo. Nunca dimos como excusa que el presupuesto era exiguo, que no nos alcanzaba la plata.
—¿Qué aprendizaje le dejó el caso Bojayá al Instituto?
El Instituto ha tenido el gran aprendizaje de acercarse más a las víctimas. Con la doctora Claudia Adriana García, por lo que ella representa, el Instituto va a cercarse más a las víctimas y las víctimas tienen la mayor garantía que bajo su dirección van ser consideradas y no van a ser excluidas como lo venían siendo en esta historia de la desaparición en Colombia.
POR: GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ
Redacción EL TIEMPO
