El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) ha invertido $7 mil millones en la asistencia de niños y niñas venezolanos que se encuentran radicados en Santa Marta y municipios del departamento del Magdalena.
La cifra la dio a conocer el director de la entidad, Joaquín González Iturriago, en una exposición que hizo ante la Asamblea Departamental, donde indicó que se “han hecho grandes esfuerzos para evitar la vulneración de los derechos y garantizar la vida de la población infantil migrante, no obstante, la capacidad institucional se encuentra limitada y se requiere de la ayuda de los entes territoriales y Gobierno Nacional”.
De los $7 mil millones total invertidos, $1.160 millones son destinados a la población de primera infancia, que viene padeciendo por la difícil situación que enfrentan sus padres migrantes, quienes se encuentran en el departamento de manera ilegal, por lo cual les resulta imposible tener acceso a una oportunidad laboral que les genere ingresos suficientes para subsistir.
González Iturriago, dijo que aunque el Icbf ha seguido creciendo en su presupuesto, no hay manera de responder a la problemática que están enfrentando niños, niñas y adolescentes, que permanecen en la calle y están expuesto a la mendicidad, el trabajo infantil y la explotación sexual.
“Mientras nosotros crecemos un 3.5 por ciento, la problemática social es posible que esté aumentando a una tasa mayor, entonces nos encontramos en ese déficit de dar respuesta a la necesidad que registra la población infantil en todos los rincones del Magdalena”, precisó el director del ICBF Magdalena.
Ante eso, González insistió en la importancia de crear Centros de Atención Especializados en los municipios, donde se haga una intervención y acompañamiento psicosocial a las familias vulnerables, con el fin de que tengan claridad sobre los riesgos que enfrentan sus hijos al ser expuestos a la calle.
“Los alcaldes deben destinar un recurso para estos hogares de paso, desde donde se pueden aplicar estrategias para reducir las cifras de infantes que son usados por sus padres para la generación de ingresos”, añadió el funcionario.
Por su parte los diputados asistentes en el debate, se mostraron de acuerdo con lo expresado por el director del ICBF en el Magdalena y reconocieron la importancia que los alcaldes y demás instituciones asuman también su responsabilidad y brinden atención y protección a la población infantil.
“Lo que vive Santa Marta es deprimente al ver tantas madres y padres que utilizan a sus hijos para la mendicidad y el trabajo infantil en los semáforos y centros comerciales. Esperamos que las autoridades intervengan con acciones más certeras para acabar con esta grave situación que nos causa tanto dolor”, expresó la presidente de la Asamblea, Claudia Patricia Aarón Viloria.
A su turno el diputado José De Los Santos Chacín, quien fue el que promovió la citación del Director de Bienestar Familiar, indicó que las malas condiciones en que se encuentran los venezolanos en Magdalena, ha generado que los infantes sufran graves problemas de salud y desnutrición.
“Vemos a niños enfermos a los que se les niega la atención en los centros asistenciales y están sufriendo en carne propia el flagelo de la pobreza. Necesitamos soluciones sociales de fondo porque la situación contrario a mejorar cada día parece complicarse sin que exista una clara estrategia de intervención”, puntualizó el integrante de la Asamblea.
Roger Urieles Velasquez
Especial para EL TIEMPO
Santa Marta
En Twitter: @Rogeruv
