La Procuraduría General de la Nación solicitó el cierre temporal o definitivo de Johnny Cay, uno de los principales sitios turísticos de San Andrés.
La solicitud, que fue hecha ante los tribunales superiores de San Andrés y Cartagena, presenta cuatro intervenciones que, de acuerdo con el ente, tienen como objetivo proteger el derecho colectivo al medioambiente sano.
Entre los argumentos del ente de control, a través de de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, se muestra una problemática ambiental en el cayo Johnny Cay, por lo que en la acción popular se piden medidas para garantizar la “seguridad, salubridad y medioambiente sano y la reevaluación del régimen de ingreso de turistas y de las actividades comerciales realizadas dentro del parque”.
El islote de Johnny Cay (a 10 minutos en lancha desde San Andrés) es considerado como uno de los paseos obligados por parte de los turistas. Desde allí, en transporte acuático, se llega al Acuario; además, es conocido por sus aguas cristalinas y de poca profundidad, motivo por el que son aptas para la práctica del esnórquel.
Otras de las explicaciones que entrega el ente sobre su solicitud, tiene que ver con la formulación de desacato respecto a la sentencia del 17 de febrero de 2014 que amparó los derechos e intereses colectivos y al goce de un ambiente sano, conminando al municipio de Providencia y Santa Catalina para obtener la potabilización del agua del municipio.
Asimismo, el Ministerio Público instauró un incidente de desacato en contra de la gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
De acuerdo con el organismo, la gobernación “no ha realizado el debido seguimiento sobre la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE) frente al control poblacional en la isla, en cumplimiento con la orden que dispuso, entre otras actividades, ejecutar un contrato de consultoría para la elaboración de un proyecto que contenga un modelo de restructuración que modifique la estructura administrativa, definir la ampliación de la planta de personal; y que el organismo pudiera trabajar en condiciones de seguridad, salud y con espacios para garantizar la atención al público”.
De otro lado, este ente manifestó que luego de la visita del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, en febrero de este año, se conformó una comisión especial que se encargará de tomar acciones y realizar el seguimiento de los recursos naturales existentes en la Reserva de Biosfera Seaflower.
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