Con un reciente fallo de la Corte Constitucional, que restituyó el derecho de dos venezolanos de acceder al sistema de salud colombiano para tratar sus dolencias, las autoridades sanitarias de Norte de Santander se mostraron preocupadas ante estos procedimiento autorizados por vía tutela, que representan un alto costo para la red pública hospitalaria en la zona de frontera.
Aunque no se ha develado el alcance de esta sentencia, que fue emitida en la noche del martes a favor de dos accionantes, cuyos padres son de nacionalidad colombiana, el Instituto Departamental de Salud (IDS) se prepara para atender una avalancha de solicitudes de este tipo que podrían aumentar la deuda de 18.000 millones de pesos por concepto de la atención a esta población migrante.
Esto va a generar un detrimento muy alto para la prestación de los servicios médicos en esta zona del país
“Nuestros jueces siguen fallando a favor de esta población, que ni siquiera habita en el territorio nacional. Somos conocedores del derecho fundamental a la salud y a la vida, pero esto va a generar un detrimento muy alto para la prestación de los servicios médicos en esta zona del país”, indicó Juan Alberto Bitar, director del IDS.
De acuerdo con la entidad, un total de 94 tutelas fueron radicadas en 2017, solicitando el tratamiento médico para enfermedades de alta complejidad. La aprobación de estos procedimientos significó un costo superior a los 2.161 millones de pesos, dinero que provino del fondo de recursos contemplado para la Población Pobre No Asegurada.
Este año, al menos unos 20 recursos jurídicos fueron interpuestos con peticiones para atender enfermedades críticas como cáncer y sida. El dato, que es uno de los más recientes, corresponde al consolidado del primer semestre de 2018.
A esta situación también se suma la preocupación de los 13 complejos hospitalarios que componen la red pública de salud en Norte de Santander, a donde los extranjeros pueden acudir para recibir atención de urgencias vitales.
CÚCUTA
