La espesa nube de humo envolvía a Emelda Pretel, quien no dejaba de batir la sopa que ella y otras lideresas de Buenaventura cocían en la gigantesca olla sobre leña, piedra y fuego.
La lideresa vive en el barrio Alfonso Lleras Camargo, el mismo donde en los últimos tres años, las balas de grupos armados iban y venían, atemorizando a sus pobladores confinados en sus viviendas.
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Pero esta vez, el miedo no unió a estas familias y las balas fueron reemplazadas por platos de comida que congregaron a toda una comunidad de este y de otros seis barrios violentos en Buenaventura, esperanzada en que la ciudad puerto es potencia de la vida en paz total.
“Es necesario que la paz vuelva a Buenaventura. El objetivo del Gobierno y el de los grupos armados están bien. Pero lo que pido como ciudadana, como madre de familia, como líder es que sea realidad y de todo corazón, con el alto Gobierno de Gustavo Petro y también con la vicepresidenta Francia Márquez, es que la sociedad civil también se comprometa a que la violencia acabe”, comentó Emelda.
Su voz coincidió con la de muchos líderes y hasta de la alcaldía de Buenaventura, en cuanto a la urgencia de acuerdos humanitarios con las bandas criminales y el cumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional, después del paro cívico de 2017 a una Buenaventura cansada del olvido estatal, frente a niveles de pobreza que aún persisten, teniendo en cuenta que todavía no hay agua potable durante las 24 horas del día, por ejemplo para más de 400.000 habitantes.
El presidente con Francia Márquez, el alto comisionado de Paz y el alcalde (e) Mauricio Aguirre.
Oficina del Alto Comisionado de Paz
Este cumplimiento está de la mano con lo que clamó el alcalde (e) de Buenaventura, Mauricio Aguirre, al presidente Petro en su segunda visita a esta región, sobre tener ya el Plan Integral Especial de esta ciudad (PIEDB), instrumento de planificación establecido en la Ley 1874, junto con el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura (Fonbuenaventura) para financiar programas y proyectos de desarrollo con 1,6 billones de pesos. Este fue el resultado del levantamiento del paro en el distrito, hace cinco años, en un plan que depende de recursos de la Nación y que, de acuerdo con el comité directivo del paro cívico, entre ellos, el sacerdote Jhon Reina, solo se han cumplido 11 de 176 compromisos.
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El alcalde encargado resaltó el acompañamiento para que ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ dejen las armas su ciudad, tras haber expresado su voluntad de paz en cartas al Gobierno, a la Alcaldía y a la Iglesia en los últimos meses.
“Pero la paz en este ejercicio debe avanzar ya con la implementación del Plan Integral Especial para Buenaventura que permitan generar las condiciones para cuando estos jóvenes se reincorporen a la vida civil, con el fin de que tengan oportunidad de empleo, que tengamos una pesca desarrollada, tengamos oportunidades de salud, deporte y educación, porque solo así construimos la paz en nuestro territorio. Estamos viviendo este momento histórico y de cambio, de vivir en paz y con dignidad”, aseguró Aguirre.
Emelda y los demás moradores del Alfonso Lleras Camargo, uno de los más agitados en materia de orden público y también con más necesidades sociales en la comuna 3, entre las 12 del distrito en el Pacífico colombiano, y toda Buenaventura han venido escuchando la frase de la paz total que se acentuó con la llegada al Gobierno del presidente Petro.
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El pasado miércoles, el mandatario de los colombianos lo confirmó en su visita a este municipio vallecaucano, cuando dio por sentado que Buenaventura es ya un laboratorio donde se oficializó el impulso al primer proceso de paz urbano en el país con las bandas criminales que se han venido disputando su poderío con armas y drogas en esta localidad.
Petro sostuvo orgulloso: “Buenaventura, primer proceso de paz urbano” y aseguró que buscará que el puerto deje atrás los derramamientos de sangre y las llamadas casas de pique o de tortura, donde terminaban personas que desaparecían.
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El proceso de tregua entre las bandas empezó a gestarse en el segundo semestre del año con la mediación de la Diócesis de la ciudad, en cabeza de monseñor Rubén Darío Jaramillo, para consolidar la intención de las bandas ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ de cesar sus enfrentamientos, de una vez por todas. Estos grupos habían demarcado fronteras invisibles en todas estas comunas, la mayoría donde pululan la pobreza y la misma miseria con basuras flotando debajo de casas palafíticas en madera y esterilla.
Desde mediados de septiembre hasta la fecha, ambas bandas criminales que eran una sola, ‘La local’ con marcada influencia paramilitar, dejaron de matarse entre sí en una tregua que ha arrojado casi tres meses sin homicidios, según la Presidencia de la República y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, además de la Iglesia con la Pastoral Social y la alcaldía de Buenaventura. Todos ellos son actores en el proceso con ese nombre que ha escuchado Emelda Pretel: ‘Buenaventura, potencia de vida en paz total’, el cual, en esta semana no tuvo la presencia de las bandas en los actos públicos, debido a la ausencia de garantías humanitarias.
Esto implica, según el presidente Petro, así como para la vicepresidenta Márquez, que también lo acompañó en la comitiva con el alto comisionado de Paz, Iván Danilo Rueda, que el acuerdo pactado a comienzos de octubre de este año, con un partido de fútbol para que ambas bandas levantaran las fronteras invisibles en la zona urbana de Buenaventura, debe contar con condiciones y un marco jurídico que permita la reinserción de los más de mil jóvenes de ambos grupos ilegales a la sociedad y evaluando la situación ante la justicia.
Pero el camino de la paz total arrancó realmente con fuerza en esta ciudad, en esta semana y no será sencillo ni pronto, pues de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Paz, el marco jurídico de paz con bandas y otros alzados en armas tardaría hasta mediados del año entrante para tenerlo totalmente fortalecido.
Monseñor Jaramillo también se mostró complacido por este nuevo avance y reiteró el bajonazo de los homicidios, así como destacó que entre el lunes y el miércoles de esta semana se realizaron actividades con la comunidad de Buenaventura para empezar el conjuro total de la violencia con más de 800 delegados de diferentes departamentos e invitados de la comunidad internacional. Uno de estos últimos fue Eamon Gilmore, enviado de la Unión Europea, quien resaltó estas negociaciones y reiteró su respaldo.
Entre esas actividades hubo ollas comunitarias, como la del barrio Lleras, y partidos de fútbol, además de talleres con jóvenes y artistas, entre ellos, el compositor César López, conocido por su ‘escopetarra’, y conversatorios con líderes, lideresas y víctimas de la violencia en el país.
“No nos vamos a detener hasta devolverles la tranquilidad y la garantía de derechos a todos los territorios”, dijo la vicepresidenta Márquez.
Explicó, como lo hizo el alto comisionado Rueda, que la estrategia de ‘Buenaventura, potencia de vida en paz total’ tendrá etapas que se irán madurando con el marco jurídico. Se espera que dicho marco esté listo en junio de 2023 para dar paso a una política de Estado.
El alto comisionado de Paz dijo: “La comunidad convirtió ahora a Buenaventura en un territorio de cultura y diálogo. El calor de las ollas comunitarias irradió un mensaje claro a todos los rincones del distrito: no hay miedo ni zozobra, ya no hay fronteras invisibles”. Y añadió: “Queremos ver que Buenaventura reduzca al máximo su violencia”.
En la zona urbana se contabilizaron hasta el miércoles, 86 días sin homicidios en el puerto.
Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre enero y octubre de este 2022, se acumularon 102 homicidios y aunque no hay registros en el área urbana, las muertes violentas continúan en la zona rural.
Pese a que las autoridades con la Gobernación y la Policía del Valle indicaron que los homicidios han bajado en un 29 por ciento, en comparación con 2021 y los hurtos arrojan un 20 por ciento menos hasta septiembre pasado, la ciudad puerto es la tercera en el departamento con más muertes violentas causadas por armas de fuego y cortopunzantes.
El año pasado hubo 191 asesinatos en el puerto, arrojando una altísima tasa de muertes violentas, de 60,92 por cada 100.000 habitantes, cuando Bogotá registró en el mismo 2021, una tasa de 14,48 homicidios por cada 100.000 personas.
“No es posible pensar en la paz sin la inclusión del sector empresarial”, afirmó el alto comisionado de Paz. Habló de la distribución de la riqueza con equidad y que las empresas sean generadores de empleo, porque sin el apoyo de los gremios no será posible este proceso de diálogos y acuerdos con las bandas de Buenaventura y en las demás regiones del país. Hizo, además, la invitación a que la Cortes y el poder legislativo, y la comunidad internacional comprendan por qué es necesario hablar de manera simultánea con el mayor número de grupos armados.
El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Lleras Camargo, Luis Fernando Angulo, dijo que la olla comunitaria sirvió como integración, pero manifestó que el Estado sigue en deuda con Buenaventura y espera que esto no se quede en promesas.
El líder del litoral Édison Palacios aseveró: “No podemos seguir viéndonos como víctimas que reciben migajas. El tema es cambiar ese lenguaje que nos ha impedido sacar adelante las ideas”.
El consejero de Juventud en Buenaventura Edwin Junior Torres hizo énfasis en que los jóvenes deben tener herramientas de desarrollo para sacar adelante los pactos de paz.
CAROLINA BOHÓRQUEZ
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
CALI
