Las autoridades de tránsito del país siguen en la búsqueda de fórmulas que acaben con su principal dolor de cabeza en los últimos años: las aplicaciones que fomentan los transportes informales, cuyos conductores han recibido 24.760 comparendos en los seis primeros meses del año, según las cifras del Simit.
Pese a que cada día se imponen 136 comparendos a los conductores que usan sus vehículos como transporte informal en el país, el gremio de taxistas ha paralizado las calles de las principales ciudades en cuatro ocasiones en un lapso de dos años. La razón obedece a la falta de regulación de estas aplicaciones que, aseguran, los obligan a competir en desventaja y los han llevado a una crisis.
Contrario a lo que esperan los taxistas, en Colombia están proliferando estas aplicaciones, que empezaron con Uber (con 88.000 socios conductores) y ahora tienen como competencia otras seis compañías similares (Didi, Beat, Indriver, Cabify, Fory y Picap), las cuales se sumaron a viejos problemas en la movilidad de las ciudades en cuanto a la informalidad, como el mototaxi y el bicitaxi.
Según Juan Camilo Ostos, viceministro de Transporte, estos servicios se están combatiendo en el país para hacer respetar las normativas vigentes, a falta de una reglamentación de estas plataformas que promueven estos transportes, pues, según denuncia, esta ilegalidad es “visible y rampante” en las ciudades.
Para Ostos, el Gobierno Nacional ha sido estricto con la aplicación de la normativa, por lo que incluso, junto con la Policía diseñó estrategias y grupos como el Comando Especial contra la Siniestralidad e Ilegalidad, dedicado a perseguir servicios de
transporte informales en las ciudades.
Según el Simit, en los últimos cinco años, fecha que concuerda con la llegada de Uber al país, se han impuesto 219.395 comparendos por utilizar vehículos particulares para fines de servicio público.
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En lo corrido del año van 24.760 comparendos por esta infracción, de los cuales 11.255 han acarreado la inmovilización de los vehículos por las autoridades de tránsito. Además, según el Simit, 872 licencias de tránsito han quedado suspendidas.
Asimismo, Ostos señaló que la masificación de estas plataformas insta a que cualquier persona tome el carro de su casa y labore para esas compañías con la meta de ajustar la economía familiar, sin tener en cuenta el “inminente peligro de que ante un eventual siniestro no hay cómo protegerlo”.
Taxistas de Medellín se han movilizado por las principales calles de la ciudad en protesta contra las plataformas digitales como Uber y Cabify
Guillermo Ossa /El Tiempo
Aunque el Ministerio de Transporte sostiene estar haciendo todo lo que está a su alcance para que se cumplan las normas vigentes y perseguir a los conductores que ofrecen un servicio ilegal, el gremio de taxistas manifiesta que este sector está en crisis a causa de las aplicaciones.
Jorge Guerrero, presidente de Sinchotaxis en Barranquilla, señaló que las autoridades locales de esa zona del país hacen poco por controlar esta situación, además de que tampoco se legisla bien en torno a la actualización de tarifas.
Según el directivo del gremio, cada conductor está dejando de percibir mensualmente entre 450 y 600 mil pesos, lo que se traduce en pérdidas millonarias para el sector que podrían sobrepasar los 10.000 millones de pesos cada mes en Barranquilla. “Son varias las aristas que confluyen en un cáncer central que nos está golpeando por la falta de autoridad en la ciudad”, reiteró.
No obstante, para el Simit, Barranquilla es la ciudad en donde más se han impuesto comparendos –18,778 entre 2017 y el primer semestre del 2019– por prestar servicio de transporte ilegal, seguida por Bogotá con 16,685, Cali con 9.836, Bucaramanga con 6.143, Popayán con 4.658 y Medellín con 3.951.
Cifras Simit.
EL TIEMPO
El viceministro Ostos señala ciudades en donde se hace difícil la lucha contra esta ilegalidad por la cantidad de habitantes, como es el caso de Bogotá, donde se han hecho esfuerzos grandes por combatir estos servicios. Sin embargo, en otras ciudades han sido deficientes las tareas emprendidas en cuanto a combatir la ilegalidad, como Bucaramanga, Pasto y Cali, pues en estos lugares no hay convenio con la Policía
Nacional, y los agentes de movilidad se encargan de regular los operativos contra este transporte.
Al respecto, el brigadier general Manuel Antonio Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dijo: “Nosotros nos encargamos de ir a verificar y proceder cuando realmente se demuestra que se está frente al transporte informal”, haciendo referencia a las reuniones periódicas con los transportadores públicos que tienen lugar en la ciudad para escuchar lo que aqueja a los conductores y poder dar una solución al transporte informal.
Como dice el viceministro Ostos, los resultados contra el transporte informal son evidentes en cuanto a lo estrictamente policivo. Más allá de esto, el futuro de las aplicaciones que promueven plataformas como Uber está en manos de la ley, pues por la libertad de red que hay en Colombia no se puede cancelar ninguna hasta que lo ordene un juez de la república .
En la actualidad, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca hay una demanda contra Picap, instaurada por Mintransporte. “
Si los Uber y los conductores de las otras aplicaciones comienzan a pagar impuestos y otros gastos obligatorios, más de uno se va a retirar, porque no les va a dar
Medellín, al acecho de conductores ilegales
El transporte no regulado, considerado informal o ilegal, va más allá de las aplicaciones móviles. Para las autoridades en Medellín, es un mecanismo que utilizan las estructuras delincuenciales para incrementar sus arcas, mientras que para los taxistas es una competencia desleal que les está generando graves afectaciones económicas.
Buscando ponerle freno a la proliferación de este tipo de transporte, la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá crearon un grupo especializado, integrado por 60 uniformados, entre policías de tránsito y agentes de movilidad, para ejercer control en las zonas donde más se presenta esta práctica.
Dicho grupo, conformado el pasado 4 de julio, no solo vigila los vehículos particulares que prestan servicio de transporte por medio de aplicaciones móviles, sino también a aquellos que se ubican o movilizan por algunos sitios con afluencia de pasajeros para hacer las veces de colectivos.
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De acuerdo con la Alcaldía, desde 2016 se han realizado en esa ciudad 1.273 operativos para contrarrestar la informalidad en el transporte, los cuales dejaron como resultado 6.932 comparendos impuestos y 5.104 vehículos inmovilizados. Asimismo, en este mismo lapso de tiempo, 3.109 licencias de tránsito fueron suspendidas y 143 canceladas por esta infracción.
Sin embargo, para un sector del gremio ‘amarillo’, esto no es suficiente. “Esas 60 personas son solo pañitos de agua tibia ante la magnitud del problema. Hemos visto casos de personas que venden un taxi para conseguirse cuatro vehículos particulares, los cuales no tienen que pagar las mismas obligaciones que nosotros, como pago por afiliación, tarjeta de operación y el cupo”, precisó Sandro Ibarra, fundador de la organización Somos Taxistas.
De otro lado, Arturo, un extaxista quien ahora es conductor informal y pidió reserva de identidad, considera que la solución a la problemática con estas plataformas es precisamente legalizarlas. “Con eso se acabarían las mafias que se ve en algunos sectores de este gremio taxista, como la de los cupos. Si los Uber y los conductores de las otras aplicaciones comienzan a pagar impuestos y otros gastos obligatorios, más de uno se va a retirar, porque no les va a dar”, opinó.
Para él, si se nivelan las condiciones entre los taxistas y estos conductores se subsanaría parte del malestar que aqueja el sector.
REDACCIÓN NACIÓN
Con información de corresponsales.
