Un preacuerdo para levantar el paro de campesinos, antiguos sembradores de coca en Córdoba, se logró entre representantes del gobierno y los labriegos que completan quince días de protesta.
La jornada de inconformismo de los campesinos que han bloqueado vías, realizado marchas y se mantenían a un costado de la vía entre Montería y Tierralta, se da ante lo que ellos consideran el incumplimiento del gobierno en lo pactado en los acuerdos de paz con las Farc, que incluía programas de beneficio para campesinos que sustituyeran los cultivos ilícitos.
Reclaman los campesinos el abandono estatal dentro del compromiso que adquirió el gobierno a través del decreto 362 del 22 de febrero del año pasado, en el que se fijaron acciones, inversiones y acompañamiento para quienes abandonen la siembra de cultivos ilícitos y reprogramen siembras de pancoger y se integren en proyectos productivos.
La reunión de concertación se llevó en Montería y fue liderada por José Archila, Alto Consejero para el Postconflicto.
«Después del diálogo entendimos que la planeación debe hacerse uniformemente. Entendimos conjuntamente que el retraso está afectando a las familias que ya terminaron su etapa de asistencia alimentaria. Quedamos de regresar en 10 días para mirar opciones de solución. Las instancias que se han previsto para buscar solución a problemas específicos deben reactivarse, debe ser liderado por el Gobierno y deben estar presentes otros entes», dijo Archila.
Dijo que su despacho ha hecho revisiones a lo pactado en el gobierno anterior, lo cual no se desarrolló por circunstancias desconocidas.
«El tema de las asistencias alimentarias es delicado porque ese retraso que viene de la mala planeación que se hizo anteriormente pone a las familias en una situación en donde ellas han levantado las matas de coca, y si no les ha llegado su proyecto productivo, están en dificultades, vamos a buscar qué alternativas ahí para dar ese apoyo», concluyó.
Entretanto, la Gobernación de Córdoba en conjunto con las alcaldías de Tierralta y Valencia, comprometieron gestiones para garantizar el retorno de los campesinos a sus lugares de origen.
En Córdoba son 3.345 familias campesinas las que acogieron al acuerdo que se firmó dentro de los acuerdos de paz llevados a cabo con la desmovilizada guerrilla de las Farc.
Aseguran los labriegos que quienes suscribieron el acuerdo en Córdoba han sido objeto de persecución de grupos ilegales, por lo que piden protección y aumento de fuerza pública en su territorio.
De igual forma, varias de las familias beneficiarias del acuerdo han desertado para retornar a la siembra ilegal de coca, ante la falta de garantías y cumplimiento.
El trabajo colectivo ofrecido para los ex cocaleros se ha minimizado con el pasar de los días, por lo que cada vez es más reducido el grupo que dejó de sembrar la coca.
Pérdidas por paro
El paro de los más de tres mil campesinos alteró el orden público en el sur de Córdoba, dejó pérdidas millonarias entre los comerciantes y daños en la capa asfáltica de la carretera.
Los manifestantes bloquearon durante dos días la carretera entre Tierralta y Montería a la altura de Los Morales, dejando su paso vehicular a miles de personas.
Camiones cargados de alimentos, especialmente de cultivos de plátano, yuca y carne permanecieron estacionados a un costado de la vía a la espera de un acuerdo final.
Así mismo, las ambulancias que transportaban enfermos hacia Montería debieron regresarse a los hospitales locales debido a que era imposible el paso por el punto de la protesta.
La mediación de las autoridades locales permitió llegar a un primer acuerdo que consistió en el levantamiento del bloqueo, pero quedando consignada la advertencia de una nueva protesta en caso de nuevos incumplimientos.
GUDILFREDO AVENDAÑO
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
MONTERÍA.
