Ibagué. Edilberto Rojas y Ángela Yohanna Guerra, la pareja de esposos que cuidaban de la pequeña Sara Salazar Palacios –la menor de 3 años maltratada y abusada que murió el 22 de abril–, son los principales sospechosos del crimen que conmocionó a esta pequeña población ubicada en Armero -Guayabal, Tolima.
El hecho se registró en la vereda La Joya. Por el crimen deberán responder esta mujer, que lava y plancha en casas de familia, y su esposo, a quien todos en Armero apodan ‘Peto’.
La captura de los padrinos de la menor se dio en la estación de Policía del municipio. Ambos fueron conducidos a la sede de la Fiscalía en Ibagué.
“Los montaron en una camioneta de la Policía y los trasladaron a Ibagué”, afirmó un ciudadano que presenció el procedimiento, y agregó que “los familiares de Ángela Yohanna protestaron y lanzaron improperios contra la Policía por haberla capturado”.
Johana Guerra deberá responder como autora material de homicidio agravado, coautora material por acción del delito de tortura agravada y autora –bajo la posición de garante de los derechos de la menor– por el delito de acceso carnal violento agravado, mientras que Edilberto Rojas será llevado ante un juez por tortura agravada a título de coautor pasivo bajo la figura de garante.“Las labores investigativas desplegadas permitieron determinar que los hoy capturados ejercieron actos de violencia física de manera reiterada contra la pequeña Sara, como lo pudo evidenciar la necropsia”, explicó la vicefiscal, María Paulina Riveros.
Sara murió en el Hospital Federico Lleras, de Ibagué, donde llegó con trauma craneoencefálico severo, heridas múltiples en pecho y tórax, así como cicatrices en ambas piernas producidas por arma blanca. Además, tenía señales de desnutrición, según informe médico.
La causa de su muerte, según necropsia realizada por el Instituto de Medicina Legal, fue un trauma craneoencefálico severo secundario y trauma contundente y biodinámico (zarandeo) que hace parte del síndrome de maltrato infantil agudo y crónico.
Sobre el abuso sexual, la vicefiscal señaló que no está establecido, pero que Medicina Legal está “adelantando un nuevo método científico que permite establecer el ADN aun en los sitios en donde no es fácilmente perceptible. Como ustedes saben, la niña ingresó al hospital y en la atención médica que se le prestó fueron removidos algunos signos y algunas evidencias, motivo por el cual el proceso científico ha resultado un poco complejo”.
Los padrinos de la menor, que la tenían bajo la figura de custodia solidaria, serán llevados a audiencia de legalización de captura e imputación de cargos. El caso aún no se resuelve, por lo que seguirán las investigaciones.
IBAGUÉ
