Aunque Ruby Yackeline Bárcenas, una agente de tránsito del municipio de Floridablanca (Santander) cuestionada por imponer mil comparendos de fotomultas en días cuando al parecer no laboraba, negó su responsabilidad en medio de estas irregularidades, un juez de Bucaramanga determinó este fin de semana enviar a la funcionaria a la cárcel.
Esta medida se produjo al término de una audiencia de imputación de cargos iniciada el sábado contra la alférez, a quien la Fiscalía acusa por el delito de falsedad en documento público en concurso por abuso de autoridad. Asimismo, según el ente acusador, contra la uniformada se adelanta un proceso paralelo por enriquecimiento ilícito.
En el marco de esta investigación también se espera la vinculación de otros funcionarios que estarían detrás de este entramado ilegal, el cual se habría conformado para desviar recursos provenientes del sistema electrónico de fotomultas y que aparentemente estaban dirigidos a intereses particulares.
Aunque en esta diligencia judicial no se determinó el trasfondo de estas anomalías, hay versiones extraoficiales que indican que la sindicada, adscrita desde hace 20 años a la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, habría actuado de esta forma para beneficiar a los operadores de ese esquema sancionatorio.
Autoridades como la Alcaldía de Floridablanca no confirman estas acusaciones; sin embargo, aseveran que estos procesos penales prueban los abusos y vacíos jurídicos que imperan en los fotocomparendos.
“Esto evidencia, como primera medida, cómo las administraciones anteriores no habían puesto en cintura la forma como se debían validar los comparendos y como se debía hacer el procedimiento para estas infracciones. Producto de este descontrol, incluyendo el vacío legal, los agentes de tránsito tenían estos comportamientos irregulares, que todavía no podemos decir si son o no delictivos”, dijo el alcalde de esa población santandereana, Héctor Mantilla.
El viernes pasado, esta uniformada fue capturada por efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y presentada ante un juez de control de garantías en el Centro de Servicios Judiciales de la capital de Santander.
En febrero del 2016, otra funcionaria, que se desempeñó como inspectora primera de Tránsito y Transporte de Floridablanca, fue capturada por la Seccional de Investigación de la Policía (Sijín) y la Fiscalía.
Durante varios meses, investigadores le siguieron los pasos a esa funcionaria, a quien señalaron de pedir dinero a los ciudadanos infractores de tránsito a cambio de borrarles las multas en el sistema.
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