No obstante la captura en julio de Liliana del Carmen Campos Puello, alias Madame –uno de los golpes más fuertes contra las redes de prostitución en el país– y de los operativos emprendidos por las autoridades en contra de esta actividad en la ciudad, las medidas parecieran no ser suficientes para acabar con el drama de la explotación sexual en la capital de Bolívar.
Esta semana, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez Neira, anunció que habrá extinción de dominio y penas de hasta 37 años de prisión para los turistas nacionales y extranjeros que contraten servicios de explotación sexual con niñas y niños en la ciudad Heroica, sin duda el rostro más dramático del negocio de la prostitución en la ciudad. Sin embargo, sigue siendo común observar, en distintos puntos de la ciudad, jóvenes que prestan sus servicios sexuales y, detrás de ellas, las bandas de proxenetas que las explotan.
Medidas como la presencia de policías en la plaza de los Coches, uno de los principales centros de prostitución en Cartagena, o la creación de mesas de trabajo interdisciplinarias para que las autoridades locales y departamentales luchen contra el flagelo de la explotación sexual, son algunas de las acciones adelantadas, pero según habitantes de la ciudad no serían suficientes para acabar con esta problemática.
Para el Fiscal General, la prevención en los barrios, playas, colegios y universidades tiene que ser una constante, y eso es responsabilidad del Distrito, el ICBF y la Policía Nacional.
“No podemos esperar que todo sea una solución desde lo judicial, hay que ser constantes en educar y prevenir; el ideal de una sociedad es que la Fiscalía se quede sin trabajo”, dijo Martínez Neira.
Opinión con la que concuerda Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), quien manifestó que es el momento de “llevar a cabo acciones a fondo de ciudad contra este flagelo. Hay que castigar la actividad y fortalecer programas de educación, oportunidades de trabajo y acompañamiento para las víctimas”.
No podemos esperar que todo sea una solución desde lo judicial, hay que ser constantes en educar y prevenir; el ideal de una sociedad es que la Fiscalía se quede sin trabajo
Por otra parte, dentro de la segunda fase de la operación Vesta, contra las redes de explotación sexual en Cartagena, la Fiscalía ya tiene identificadas varias casas en el centro histórico que son utilizadas para bacanales y fiestas a las que asisten extranjeros en busca de sexo con adultos, pero también menores de edad. Un gran número de estas viviendas, señaló la Fiscalía, son usadas por mayordomos sin el consentimiento de los propietarios, muchos de los cuales viven fuera del país.
“Vamos a declarar en extinción de dominio todos los bienes inmuebles como casas, apartamentos, yates, veleros, carros y todo tipo de propiedades que se presten para la explotación sexual de menores, porque hay casas en el centro histórico y lujosos apartamentos en el norte de la ciudad, en la vía hacia Barranquilla, que han sido usados para fiestas y bacanales con la presencia de menores”, dijo Martínez Neira.
Para los habitantes de Cartagena otra de las medidas necesarias es la creación de una zona de tolerancia, como existe en muchas ciudades del mundo, pero por fuera del centro histórico. Esto, aseguran, permitiría proteger a la joya de la corona del turismo nacional y controlar mejor la prestación de servicios sexuales en la ciudad, con el ánimo de erradicar la explotación de menores y otros abusos.
“Es muy grave que las redes criminales de explotación sexual estén usando el centro histórico, que nos pertenece a todos los colombianos, como principal escenario de su lucrativo tráfico; gran parte del crecimiento de este negocio se da gracias a que estas redes operan en el centro histórico, por esto es urgente que Cartagena desarrolle un distrito especial de zona de tolerancia donde las autoridades puedan regular los servicios sexuales”, manifestó Isabela Restrepo, directora ejecutiva de la Fundación Centro Histórico de Cartagena.
Restrepo señaló que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha exigido en repetidas ocasiones que los centros históricos sean protegidos de la influencia de lugares de alto impacto turístico.
“El POT de Cartagena prohíbe discotecas en el centro histórico, sin embargo, operan contra la ley”, denunció Restrepo.
Según María Claudia Páez, directora de la Cámara de Comercio de Cartagena, “muchas ciudades en el mundo tienen zonas de tolerancia. Cartagena las ha tenido, el gran reto es organizarlas y controlarlas con mucha autoridad”.
Cerca de 250 víctimas, entre mujeres y menores de edad, identificó la Fiscalía en la primera fase de operación Vesta contra las redes de explotación sexual comercial
El programa ‘La muralla soy yo’, una propuesta implementada desde el año 2005 y que se proponía combatir la explotación sexual en la ciudad, también necesitaría un nuevo aire. De acuerdo con Mónica Mass, directora ejecutiva de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia en Cartagena, uno de los gremios más comprometidos con ‘La muralla soy yo’, el primer paso para la erradicación de la explotación sexual infantil “es aceptar que esto es una realidad y que se requieren una alianza y compromiso entre lo público y lo privado para combatirlo. Como ciudadanos, no queremos más víctimas de este flagelo; el trabajo de los hoteles se ha centrado en educar a su recurso humano para que identifiquen, prevengan y denuncien la explotación sexual de niños”.
El pasado viernes, durante el cierre del congreso anual de la Asociación Nacional de empresarios de Colombia (Andi), el presidente Iván Duque recalcó que “todo lo que sea abuso de menores en Colombia debe tener una sanción severa”. Y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró por su parte que “es aberrante lo que está sucediendo con los niños en Cartagena” e invitó a los gremios a conformar una red contra la explotación sexual de menores.
Para la cartagenera Alicia Arango Olmos, ministra del Trabajo, “el Estado debe ofrecer protección a estas niñas y atención psicosocial, trabajo y oportunidades de una vida digna para superar esas ansias de dinero”, y además advirtió que, debido a la migración venezolana, a esta problemática también se le sumó “una gran población de mujeres del país vecino que se tienen que prostituir para darle comida a sus hijos”.
Para el representante a la Cámara por el departamento de Bolívar, Silvio Carrasquilla, ciudadanía y autoridades de Cartagena deben hacer un frente común contra el turismo sexual. “Bienvenidas las familias que vienen a disfrutar de sol y playa, los enamorados y sus bodas… Pero combatamos las fiestas y eventos que promueven el sexo”, dijo Carrasquilla.
Cerca de 250 víctimas, entre mujeres y menores de edad, identificó la Fiscalía en la primera fase de operación Vesta contra las redes de explotación sexual comercial y la trata de personas en Cartagena, que culminó con la captura de 18 personas. Pero es claro que hay mucho trabajo por hacer.
JOHN MONTAÑO
CORRESPONSAL EL TIEMPO – CARTAGENA @PilotodeCometas
