Tras definirse la medida de aseguramiento contra el burgomaestre samario Rafael Martínez, se conoció el jueves por la tarde la delegación de Adolfo Torné, como Alcalde encargado en Santa Marta.
El nombramiento de Torné se habría dado el miércoles por parte de Martínez, que se anticipó a la decisión del juez para dejar en su reemplazo a uno de sus funcionarios de confianza, aduciendo una solicitud de vacaciones.
Al encontrarse Martínez en un periodo de receso de 30 días, durante ese lapso no podrán haber modificaciones respecto al alcalde en calidad de encargo.
Posteriormente cuando deba retomar Rafael Martínez y quede impedido jurídicamente para retomar el cargo administrativo, el presidente entrará a designar el nuevo gobernante de acuerdo a una terna que presente el movimiento político al cual pertenecía el actual burgomaestre.
Se declara inocente
Martínez quien estuvo ausente de la diligencia judicial, en cuanto conoció la decisión del juez octavo municipal hizo un pronunciamiento en sus redes sociales, en las cuales ratificó su inocencia y confianza en que se hará justicia.
“No he cometido un solo delito. El objetivo de la medida de aseguramiento en mi contra es sacarme de la alcaldía”, manifestó el mandatario, quien agregó “que hagan lo que hagan, la gente tiene claro que el rumbo de la administración no se desviará al pasado”.
El Alcalde de los samarios insistió en que “la contratación por la que se me investiga no se perdió ni un solo peso y las obras están entregadas y en funcionamiento”.
La investigación
La acusación, formalmente, fue hecha por la Fiscalía General de la Nación el 24 de agosto de 2018, que señaló al mandatario Martínez, al ex alcalde Carlos Caicedo y otros cuatro contratistas más como presuntos responsables de los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Esta acusación recae sobre las seis personas investigadas por las supuestas irregularidades detectadas en la contratación de los puestos de salud de Santa Marta.
El ente investigador en un comunicado de prensa, detalló que “la diligencia judicial terminó 11 meses después de que la Fiscalía solicitó nueva audiencia de medida de aseguramiento contra los involucrados, y luego de dos suspensiones y cuatro aplazamientos por problemas de salud y renuncia de algunos abogados defensores”.
De acuerdo con lo dispuesto por el juez, Martínez y dos más de los procesados deberán cumplir medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio, mientras Caicedo y los otros dos vinculados a la investigación no recibieron medidas restrictivas de la libertad, porque actualmente no son funcionarios ni ostentan una posición que represente riesgo para las siguientes etapas judiciales.
El abogado defensor, Iván Cancino informó que apelará la medida de aseguramiento y llevará el proceso a una instancia superior. “Está decisión tiene un ‘tufo’ político”, expresó.
Por su parte Carlos Caicedo no dudó en calificar el fallo como “un ataque político orquestado por las familias tradicionales que han gobernado al departamento”.
ROGER URIELES VELASQUEZ
Para EL TIEMPO
Santa Marta
En Twitter: @Rogeruv
