A pesar de haber sido capturados hace solo una semana durante la operación ‘Sodoma’, para desarticular una organización criminal de explotación sexual, siete de las ocho personas que habían sido detenidas, y de las cuáles cuatro tienen una circular de Interpol, fueron cobijados con la medida de casa por cárcel mientras avanza el proceso en su contra. Otro más había quedado en libertad poco tiempo después de su captura.
Las capturas se habían dado simultánea en Cartagena, Santa Marta, Bogotá y Medellín, las autoridades detuvieron en ese momento a 6 ciudadanos israelíes y 2 colombianos.
Estas personas deberán responder por 14 delitos, entre los que sobresalen homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, inducción a la prostitución, proxenetismo con menores de edad, estímulo a la prostitución de menores, entre otros.
«Esta mafia es responsable de una red internacional de explotación sexual infantil y de mujeres con fines comerciales. Fueron dos años de investigación, que comenzaron el 15 de junio de 2016 en Medellín tras la muerte de un israelí, en las que permitió descubrir que esta estructura vendía planes turísticos sexuales en Medellín y otras ciudades», expresó el pasado fin de semana el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, al anunciar la captura de las personas.
La red, indicó Martínez, operaba hace desde poco más de 6 años en Medellín y ubicaban a niñas en edad escolar y las reclutaban para explotarlas sexual y comercialmente. Según las investigaciones de las autoridades, basada en más de 20 testimonios de víctimas, 46 actividades de campo y cientos de seguimientos y horas de grabación, en Medellín habría por lo menos 70 niñas que eran víctimas de esta estructura ilegal.
Además de las capturas, las autoridades informaron que desde el viernes 7 de diciembre fueron ocupados con extinción de dominio diferentes hoteles, hostales y otros establecimientos comerciales de turismo, avaluados en 144.000 millones de pesos. Cuatro de ellos son pertenecientes a los israelíes y están avaluados en 60.000 millones de pesos.
JUSTICIA y MEDELLÍN
