Es un diluvio de millones, una cifra fabulosa que alimentará la escuálida economía del pueblo y compensará en algo la espantosa masacre que sufrieron el 2 de mayo del 2002 a manos de las Farc. Si nada se tuerce, recibirán una indemnización de 312.000 millones de pesos, todo un récord, aunque pedían bastante más.
Antes de viajar al Chocó pensé que correría la cerveza, el whisky y el ron, y estarían felices con el abogado que consiguió semejante cantidad en la demanda colectiva contra el Ministerio de Defensa, la Policía, el Ejército y la Armada Nacional por no evitar la matanza de 119 civiles que se refugiaban en la iglesia.
Pero lo que encontré en Bojayá y en Quibdó, donde se instalaron miles de víctimas que nunca retornaron a su terruño a orillas del Atrato, nada tiene que ver con una celebración. Unos nativos ignoraban la noticia; otros sentían desconfianza, decepción y resquemor. Y en todos lados reinaba la confusión.
La sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó que les otorga, como máximo, esos 312.000 millones por diferentes conceptos es un galimatías difícil de descifrar. Y como han transcurrido 17 años desde que firmaron los poderes para que Leónidas Palacios demandara al Estado y la mayoría eran pescadores y campesinos de escasa formación, pocos saben lo que les corresponde y menos aún comprenden las complejidades del fallo.
Lo que repiten es que solo quieren que les paguen ya, lo que sea. No aguantan más dilaciones. “Hay gente que se ha muerto esperando esa plata”, protesta José Luis Murillo en Bellavista, nombre de la cabecera municipal de Bojayá. “Muchos pasamos trabajo sacando el pan de cada día”.
Pero la realidad es que, en el mejor de los casos, aún demorará otros cinco años el pago, pronostican algunos expertos en casos similares. Incluso más.
Hay gente que se ha muerto esperando esa plata
La tardanza y la ignorancia sobre las complejidades judiciales provocan que cada día crezca la desconfianza al punto de que algunos señalan que Palacios se está quedando con el dinero y no lo piensa soltar. O que es la Defensoría del Pueblo el organismo que la retiene, puesto que el Tribunal decretó que debe crear un fondo y ser el pagador.
Uno de los argumentos que esgrimen es que los beneficiarios de la otra gran demanda, interpuesta de manera simultánea en 2002 y liderada en buena parte por el abogado James Mosquera, comenzaron a percibir indemnizaciones que suman un total de 30.000 millones. La presentó de manera individual por los fallecidos y logró unos montos muy superiores a los que el Tribunal concedió en el caso que lleva Leónidas Palacios.
Mientras que sus clientes reciben por un muerto entre 350 y 750 salarios mínimos (245 y 525 millones aproximadamente), según el lazo familiar, a los del grupo de Palacios solo les cancelarán cien (unos 70 millones).
“A mi mamá le dan 750 salarios por su hijo, Willington, que tenía 23 años. A mí, por ser su hermano, 350 salarios, y por mi papá, que no era el esposo de mi mamá, recibo 700”, explica Faustino Flores. Era un niño cuando la masacre y ahora, a sus 29 años, vive en Quibdó y se rebusca el sustento como moto-taxista y albañil.
“Al abogado James Mosquera hay que darle el 40 % de comisión. Cuando lo cobre, voy a hacerme la casa”. Es decir, lo suyo sumaría 735 millones, de los que dará 294 al abogado. Lo paradójico, comenta, es que a su amigo Ever Murillo, que perdió a la mamá, dos hermanos y un sobrino, le haya ido peor. Al estar con Palacios, el Tribunal decretó que le entregarán solo cien salarios por la muerte de su progenitora, unos 70 millones.
Y no es porque las familias escogiesen a uno u otro letrado de manera consciente y conocieran la diferencia entre una demanda individual y otra de grupo. En la vorágine de los días que sucedieron a la masacre veían llegar abogados y sus intermediarios cargados de papeles para conseguir poderes de víctimas y los adultos estampaban su firma al primero que se les acercaba.
“En esos días, con el dolor no te enterabas de nada. Y es tanta la papelería, que no sabes qué firmas”, rememora María Aurelia Moreno, quien no tiene claro qué abogado la representa, lo mismo que escucho de boca de otros vecinos de Bellavista. Perdió a un hijo y a su mamá, trabajó de aseadora en el centro de salud y le gustaría mejorar su casa. “Llevo años esperando, y le dicen a uno que sale, que no sale. Y una acá sin nada y con tantas necesidades”.
Otra vecina, Raquel Rentería, me dice que no recuerda el nombre del abogado ni detalles de su caso. Tampoco los deudores del abogado Mosquera hicieron cuentas. “Prestaba dinero de a poquitos al 10 % de interés. Ahora descontará la deuda y muchos no van a ver un peso”, indica una víctima.
La sentencia
“Ha sido una guerra de 17 años sin cobrar nada”, comenta Leónidas Palacios, quien ya cumplió los 75. Pero sabe que todavía le queda librar otras batallas judiciales antes de cantar victoria. En su modesta y vetusta oficina del centro de Quibdó, da las últimas puntadas al recurso que presentará ante el Consejo de Estado.
No está de acuerdo con el fallo, comenzando porque de las 8.999 víctimas que reconoció la sentencia en primera instancia, del 2015, los magistrados solo le aceptaron 5.771. Pero ahí no acaba su disgusto.
El Tribunal emitió un listado con los nombres de 1.125 beneficiarios de desplazamiento y otros 25 por fallecimiento. Pero no especifican las identidades del resto, lo que agrega mayor confusión.
Uno de sus hermanos le ayuda a chequear el listado con las víctimas que acuden a la oficina para conocer su situación. “Mi abuela estaba segura que estaría en la lista, pero ahora no aparece”, afirma Carmen Yolanda. Otro lugareño también observa con sorpresa que “solo hay dos de mi familia y éramos como treinta. Estábamos contentos pensando que por fin nos pagarían después de tantos años”.
El que respira tranquilo es Orlando Chamín, líder embera. Ve escrito su nombre y el de su compañera. “Solo nos metimos en la demanda unos 80 indígenas, aunque somos más de seis mil en Bojayá, porque las comunidades están muy dispersas, la información llegó tarde y muchos no hablan español ni entienden esos trámites”, afirma.
Calcula que a él, que perdió sus bienes y debió desplazarse, le corresponden unos 80 millones. Cuando le entrevisto, está convencido de que los recibirá en un par de meses. Planea poner en marcha unos proyectos productivos con su comunidad y necesita el dinero para arrancar. Pero a medida que va conociendo detalles de la sentencia, le invade el desaliento.
“El fallo todavía no es firme. Leónidas presentará la apelación y pongamos que son otros cinco años para resolverla y un tiempo parecido para el turno de pago”, pronostica un letrado chocoano de larga trayectoria que pide anonimato. Su consejo, y el de otros consultados, es pagar coimas para acelerar el proceso.
“Si no, dilatarán al infinito el fallo. O le hacen un filtro exigente para rechazarle víctimas y rebajarle su 30 %. Es mejor ceder que esperar. Y está obligando a un poco de víctimas a que corran la misma suerte que él”, augura. “En diez años tendrá 85. Será multimillonario, pero le van a poner la plata encima del cajón”.
Hay empresas que compran la indemnización, como ya han hecho con algunos clientes de James Mosquera. “Pero solo cuando está en firme la sentencia”, cuenta uno que trabajó para una de ellas. “El Estado otorga a cada beneficiario un turno de pago y pueden demorar años en cancelar. Esas empresas te dan lo que te corresponda y cobran el 6 % por el pago anticipado, un porcentaje moderado, porque la verdadera ganancia son los intereses de mora”.
Y hay tanta desesperación en Bojayá que sueñan con que aparezca alguien con un fajo de billetes. “Si ahora ofrece que paga ya mismo la mitad, rápido lo agarras. Si estuvieras bien económicamente, esperas. Pero ya esperamos mucho. Yo tenía 14 años cuando la masacre y ahora tengo 31”.
Merlyn Mena, dueña de uno de los dos únicos y diminutos restaurantes en Bellavista, opina lo mismo. “A mí me da igual lo que me den, no quiero esperar más, tengo 57 años”. Incansable trabajadora, necesitaría los 50 o 70 millones que dicen le puedan corresponder en la demanda colectiva para ampliar su negocio. “Pero si alguien me da veinte millones ahora, lo acepto y que se quede con lo demás”, asegura.
“Hay mucho embolate, mucha confusión, la gente ni sabe”, expone John Fredy en su peluquería. “Aquí la gente no gana ni un salario mínimo, no hay trabajo, y lo que sea que te den es un mundo de plata”.
Jacob Rengifo, guía turístico de Bojayá, que construye poco a poco una residencia, cree que su pueblo “está de capa caída, va de mal en peor”. Y lo que requieren, “en lugar de asistencialismo, es recibir planes de vida, asesoría emocional, asistencia técnica. Si a la gente la empujan, cambia”.
La corrupción
En el Palacio de Justicia de la capital del Chocó pregunto a la magistrada Norma Moreno Mosquera, con fama de recta y una de las togadas que firmaron la sentencia de Palacios, sobre las sospechas de corrupción que rondan por la ciudad.
“Tengo diecisiete años de ser magistrada y nunca en mi vida he recibido un peso por una sentencia. En cierta forma se comprende la desconfianza por lo que sucede, pero no todos tenemos precio”, afirma rotunda.
La oficial mayor del tribunal, encargada de redactar el fallo, también defiende su labor. “Nos duele lo que le pasa al Estado y lo intentamos hacer de la manera más profesional posible”, precisa. “Me apoyé en un equipo de siete personas muy comprometido”.
Leónidas Palacios desecha esas y otras consideraciones. “La sentencia es un fiasco, no se ajusta a la ley ni a la jurisprudencia”, asevera, convencido de que sus argumentos jurídicos son incontestables.
En su recurso reclama que el fallo debe acoger a la totalidad de las víctimas que aceptó el juez de primera instancia. “La justicia está sobornada, es corrupta”, indica. “Denuncié en el 2014 el intento de soborno ante la Corte Suprema de Justicia. Por ese motivo estancaron el proceso”, se queja. “Es una venganza que ejercen contra mí. Pero tengo fe en que el Consejo de Estado me va a dar la razón”.
SALUD HERNÁNDEZ MORA
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
