El Gobierno Nacional, a través de la Cancillería, Migración Colombia, el Sena y la Unidad para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), presentó este miércoles un paquete de medidas encaminado a superar el estado de abandono y de precariedad en el que están sumidos miles de desertores del ejército venezolano, en el territorio nacional, y sobre todo, en la zona de frontera.
Este plan de atención, acordado con la delegación del líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, incluye expedición del Permiso Especial de Permanencia (PEP), un permiso para laborar en suelo colombiano por un periodo de dos años, y el acceso al sistema educativo para los hijos de esta población migrante.
Las entidades aprovecharon para precisar que estos extranjeros no tienen permitido ejercer funciones ni militares, ni policiales, ni de seguridad o de defensa
Las autoridades colombianas calculan que hay cerca de 1.454 exmilitares en el territorio nacional. La gran mayoría de ellos se encuentran alojados, junto con sus núcleos familiares, en cinco hoteles del área metropolitana de Cúcuta. Actualmente, su permanencia es avalada por medio de un salvoconducto, con una caducidad mensual.
“Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se ¬firmó un memorando, en donde se coordinarán de manera interinstitucional, entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Cancillería, el Ministerio de Defensa Nacional, Migración Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje , el Ministerio de Educación y otras entidades, las acciones para la atención”, informó el Ejecutivo en un comunicado.
El alcance de este esquema asistencial estará ceñido a una base de datos de beneficiarios que la autoridad migratoria depurará en las próximas semanas. La oferta institucional será coordinada por la UNGRD y se brindará alternativas de capacitación por medio del Sena.
En el pronunciamiento, estas entidades aprovecharon para precisar que estos extranjeros no tienen permitido “ejercer funciones ni militares, ni policiales, ni de seguridad o de defensa; no pueden portar sus armas ni llevar sus uniformes”, teniendo en cuenta el estatus otorgado como civiles
Una vez estos extranjeros se sometan a este conjunto de parámetros, podrán acceder a este compendio de beneficios.
Desde su arribo, el pasado 23 de febrero, cuando se produjo la fallecida operación del ingreso de las ayudas humanitarias, la estadía de este grupo de venezolanos ha estado rodeada de reclamos por problemas en el pago de su alojamiento.
El inconveniente más reciente se presentó a principios de mayo, con las directivas del hotel Ácora, ubicado en el centro de Cúcuta, que amenazó a unos 65 exmilitares de desalojar sus instalaciones, porque la delegación de Guaidó en Colombia no estaba cancelando por este servicio.
Aunque la deuda se pudo solventar a tiempo y evitó que estos migrantes y sus familias pasaran la noche en las calles de la ciudad fronteriza, el altercado dejó al descubierto un sentimiento de desencanto de estos exmiembros de las fuerzas militares del vecino país hacia las promesas del líder opositor y los apuros económicos que afrontan en el sector limítrofe.
CÚCUTA
