Los derechos del concejal por el partido Cambio Radical, Gerson Obed Peña Muñoz, fueron amparados por el Juzgado primero penal del circuito con función de control de conocimiento de Armenia tras un fallo de segunda instancia y que le permitirá seguir asistiendo a las sesiones del Concejo Municipal a través de medios virtuales.
Peña debió viajar fuera del país a inicios de este mes tras recibir amenazas contra su vida desde octubre de 2018. De ahí que le solicitó al presidente de la corporación (en 2018), Álvaro Jiménez, una licencia no remunerada para poder salir de Armenia pero como le fue negada, según contó, hizo otra solicitud pero esta vez a la mesa directiva del Concejo para que le permitiera sesionar de manera virtual, sin embargo también le fue negada esta petición.
Por lo que decidió instaurar una acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales a la participación política y el trabajo, que fue fallada a su favor en primera instancia por un juzgado el 8 de enero pasado, pero que fue impugnada por el actual presidente del Concejo, Diego Torres Vizcaino.
No obstante, ayer en segunda instancia se confirmó el primer fallo y además, le ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que en menos de cuatro meses determine el nivel de riesgo del concejal Peña Muñoz.
Según le dijo el concejal a este medio aunque las amenazas empezaron en octubre, el evento más fuerte fue en diciembre. “Por eso decidí salir del país. Estas hacen referencia clara a mi labor como concejal, la primera fue con dos personas armadas a bordo de una moto y me dijeron que estaba hablando mucho, la otra fue un mensaje de texto donde me decían que mis días están contados y la otra fue que entraron a mi casa y hurtaron unos documentos con denuncias sobre la valorización en Armenia. Nunca he tenido enemigos a nivel personal”.
Peña hace parte del grupo de concejales por el partido Cambio Radical, la mayoría (4 de 5) de ellos hacen parte de la oposición a la administración municipal. Sus principales denuncias han sido las obras sin permiso que se adelantaron en la antigua estación del Ferrocarril y las obras financiadas con la valorización.
“Estudiaba unas denuncias donde considero que tengo los argumentos jurídicos para demandar la valorización porque no cumplieron con lo establecido en el estatuto orgánico de esta y el municipio hoy no tiene cómo realizar cobro coactivo”.
LAURA SEPÚLVEDA
PARA EL TIEMPO
ARMENIA
