Concejal de Medellín debe rectificar información por orden de la Corte

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La Corte Constitucional le ordenó al concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, rectificar información sobre malas prácticas estéticas, que publicó en meses pasados en su sitio web, sus redes sociales y en una sesión plenaria, en la que nombra a una abogada que le prestó servicios al contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga.

Sin embargo, el concejal afirmó no haber sido notificado del fallo, sin embargo, añadió que se pronunciará cuando conozca el contenido de este.

El fallo de la Corte es respuesta a una acción de tutela interpuesta por Carmen Torres Sánchez, quien buscaba el amparo a sus derechos fundamentales al buen nombre, la intimidad, la honra y la dignidad humana. 

De acuerdo con el fallo, en 2016, el corporado divulgó información sobre la abogada, en la que contó que ella y su esposo estuvieron involucrados en líos judiciales en Estados Unidos por el fallecimiento de una mujer a la que le hicieron un procedimiento estético no quirúrgico.

Entonces, se lee en el documento, Guerra dijo que Torres era “una abogada de dudosa reputación, que desde su llegada al país se ha dedicado a malas prácticas médicas en consultorios de garaje en la ciudad de Medellín, que ella y su esposo fueron condenados en Estados Unidos por el delito de homicidio después que realizaran una cirugía plástica a una mujer y esta muriera (…)”.

El concejal también dijo, de acuerdo con la tutela, que Torres le prestaba servicios como abogada al contralor de Antioquia a cambio de contratos en la Contraloría que la beneficiaban a ella, a su hermana y a una de sus hijas. Torres aseguró que ella no tiene hijas mujeres y que ni ella ni su hermano han tenido relación con el ente de control. Además, la abogada indicó que hay imprecisiones en el relato de lo sucedido con la mujer que falleció en Estados Unidos tras el procedimiento estético.

Por este caso, el Juzgado Vigésimo Primero Penal Municipal de Medellín falló en primera instancia, en marzo de 2017, en contra de Torres, por considerar que la acción de tutela no era el mecanismo adecuado para defender sus derechos. Luego de que la mujer impugnara, en mayo de 2017, otro Juzgado emitió un fallo igual.

Por su lado, la Corte Constitucional le dio al concejal 48 horas para que retire toda la información sobre Carmen Torres y su hermana Marilsa. En ese mismo periodo de tiempo, el corporado debe rectificar en una sesión del Concejo, en su página web, en sus redes sociales y en un medio de comunicación de amplia circulación nacional las afirmaciones señaladas. 

Guerra tampoco puede volver a referirse al nombre de las dos mujeres con afirmaciones que afecten el derecho al buen nombre y la honra. 

MEDELLÍN