¿Qué haría usted si le prestó plata a alguien que no quiere pagarle y que, además, usufructúa una propiedad suya pero usted no puede quitársela por los próximos 20 años?
Algo parecido le está pasando a la Alcaldía de Pereira con el concesionario de la Alianza Público Privada (APP) del aeropuerto Matecaña, el Operador Portuario Aeropuerto Matecaña (Opam). Este debe cancelarle al municipio dos impuestos, las estampillas pro adulto mayor y pro cultura, pero no lo ha hecho y la Secretaría de Hacienda no se puede cobrar ‘por derecha’ ese dinero, cerca de 13 mil millones de pesos, porque no tiene cómo hacerlo.
A diferencia de un contrato de obra, en el que el municipio debe hacer un desembolso al contratista, en uno de concesión no se le paga nada al contratista y no se puede descontar el dinero. Opam, además de realizar las obras de modernización del aeropuerto, administra, opera y mantiene el terminal; es decir, recibe los recursos que este produce y transfiere el 55 por ciento de estos al municipio.
Opam es la entidad que se creó para manejar la concesión, pero la empresa que se ganó el contrato de concesión, en diciembre del año pasado, es CSS Constructores S.A., una de las firmas del reconocido contratista Carlos Alberto Solarte, que en los últimos meses quedó salpicado por el caso Odebrecht.
La secretaria de Hacienda de la Alcaldía de Pereira, Dora Ospina, explicó que aunque en los acuerdos municipales de esta ciudad no están establecidos los contratos de concesión, en este caso existen todos los elementos del tributo: el hecho generador que es la celebración del contrato; el impuesto está identificado y reglamentado, el sujeto activo, el sujeto pasivo y la base gravable.
Ospina agregó que Opam debió pagar el impuesto “a partir del momento en que se empezaron a beneficiar del contrato de concesión” y que por tratarse de un gravamen de causación inmediata, no puede haber acuerdos de pago.
Hace dos meses Opam fue notificado de cuánto debe, ante lo cual presentó un recurso de reconsideración y este fue respondido. La deuda ($10.056 millones) está vigente, los intereses (eran unos $3.000 millones hace dos meses) siguen corriendo y el Municipio abrió un proceso de cobro coactivo. Si Opam no paga el tributo “el Municipio aplicará medidas cautelares, secuestre y finalmente remate hasta obtener el ingreso”.
Al cierre de esta página, el concesionario no se ha notificado de la respuesta al recurso que interpuso. Si no lo hace, será notificado por edicto.
¿Pero qué pasa si el concesionario decide no pagar por las razones que esgrima? ¿A qué instancias puede recurrir para no hacerlo? “La judicial”, respondió la secretaría Jurídica de la Alcaldía de Pereira, Liliana Giraldo. Según ella, es posible que este caso termine en el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda y posteriormente en el Consejo de Estado. Y esta posibilidad también permite afirmar que el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, esté cortando la cinta del nuevo aeropuerto Matecaña, en noviembre del 2019, mientras el concesionario continúe como deudor moroso del Municipio y este caso se encuentre en estrados judiciales.
EL TIEMPO buscó al gerente de Opam, Carlos Cuello, para conocer su versión sobre este tema pero no fue posible hablar con él. La encargada de comunicaciones de la concesión dijo que estaban consultando si se pronuncian en Pereira o a través de su sede en Bogotá.
