Por celebrar un contrato por 10.000 millones de pesos sin que existiera oferta previa de Jorge Eliécer Gómez, la persona a quien finalmente se adjudicó, el Tribunal Superior de Villavicencio confirmó la condena a seis años de prisión contra Oscar Bolaños exalcalde de Puerto Gaitán (Meta).
Bolaños ha sido el dirigente político más influyente en los últimos 20 años en Puerto Gaitán, el municipio primer productor de petróleo del país. En el año 2017 produjo 118,7 barriles diarios de crudo y el año pasado aumentó a 119,5 barriles, es decir que aumento el 0,8 por ciento de la producción, según Ecopetrol.
El dirigente condenado ha sido alcalde en dos periodos 2001-2003 y 2008-2011, y entre 2004-2007 el mandatario fue su cuñado Jaime Apolonio Ballesteros Cantillo. En Puerto Gaitán sus habitantes señalan que después del 2011 ha sido determinante en la elección de los alcaldes elegidos hasta la fecha.
A Bolaños el Tribunal le ratificó la condena del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Villavicencio por la celebración irregular del contrato 051 el 2 de noviembre de 2001, para la construcción de la primera etapa del cerramiento del Colegio La Sabana con separación del área preescolar y la construcción de una batería de baños y adecuación del área para instalar juegos infantiles, en la vereda El Porvenir, por valor de 9.999.999 millones de pesos.
“Resulta inexplicable que se adjudicara el contrato sin la presentación previa de oferta escrita, cuando otros dos proponentes habían procedido a ello”.
El Tribunal, al analizar los soportes del proceso contractual, estableció que el contratista presentó la oferta 35 días después de la suscripción del contrato, es decir el 7 de diciembre de 2001. A ello se suma que existían dos ofertas presentadas antes de la celebración del contrato, una el 27 y otra el 29 de octubre de 2001, que no fueron tenidas en cuenta por la administración del alcalde Bolaños.
Para el Tribunal “es evidente que se celebró el contrato por parte del implicado en calidad de alcalde de Puerto Gaitán, sin que existiera oferta previa de la persona a quien finalmente se adjudicó” y resulta “inexplicable que se adjudicara el contrato sin la presentación previa de oferta escrita, cuando otros dos proponentes habían procedido a ello”.
Por ello le confirman la condena a 72 meses de prisión, le impone una multa de ciento veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes ($99’373.920) e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el lapso seis años y medio.
Contra la sentencia, advierte el Tribunal, existe el recurso de casación.
Villavicencio
