El Consejo de Estado estudia una demanda de nulidad simple que busca dejar sin efectos legales el Plan de Manejo Ambiental Integrado (PMAI), de la empresa Carbones de Cerrejón y con ello el cierre definitivo e inmediato de la operación de la mina de Cerrejón en La Guajira, así lo confirmó la multinacional tras la notificación que la demanda que los responsabiliza de la escasez de agua y la crisis alimentaria que vive la región.
Entre los argumentos de la demanda que busca frenar a una de las minas de cielo abierto más grande del mundo se encuentran: la falta de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales; la afectación al recurso hídrico y al medio ambiente de La Guajira, lo que ha generado crisis alimentaria y vulneración de derechos fundamentales de la población, especialmente de los niños.
Así mismo, incluye el desconocimiento del derecho de participación de la población en general y, en especial, del derecho a consulta previa de las comunidades indígenas, y la falta de prevención adecuada de los impactos que genera la actividad minera en el medio ambiente.
Adicional a ello, solicitaron la adopción de medidas cautelares, que buscan que mientras se resuelven de manera definitiva las pretensiones, se prohíba cualquier modificación del PMAI que implique expansión de la operación y se impida la explotación de carbón en áreas cercanas a comunidades, por supuesta violación a los derechos a la salud, vida, agua, dignidad y participación. Para la toma de esta decisión, el Consejo de Estado tiene un plazo de diez días hábiles.
Esta acción es promovida por los senadores Aída Avella, del partido Coalición Lista de la Decencia; Iván Cepeda , del Polo Democrático Alternativo y Feliciano Valencia, del Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS. También se encuentran dos miembros de las comunidades indígenas wayuu de Paradero y Gran Parada; y las ONG nacionales Fuerza de Mujeres Wayuu, CINEP, CAJAR y CENSAT, quienes se basan en supuestas irregularidades en el último cambio de la licencia ambiental, la cual se realizó sin el debido estudio de impacto ambiental.
En Puerto Bolívar, en la alta Guajira, es por donde sale el carbón de las minas de Cerrejón.
Archivo EL TIEMPO
La demanda que será analizada por la Sección Primera del Consejo de Estado, también incluye en calidad de demandados a la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpoguajira.
Cerrejón rechaza los cuestionamientos
A través de un comunicado Cerrejón rechazó los cuestionamientos contenidos en la demanda, al asegurar que “pretenden hacer ver que la empresa ha obtenido sus contratos, licencias y autorizaciones de manera ilegítima, así como confundir a la opinión pública y a las comunidades del departamento presentando a la compañía como responsable de los retos económicos, sociales y ambientales que enfrenta hoy La Guajira”.
Pretenden hacer ver que la empresa ha obtenido sus contratos, licencias y autorizaciones de manera ilegítima, así como confundir a la opinión pública
Señalando además que estos cuestionamientos ponen en entredicho la institucionalidad de un país, afectan de manera grave la seguridad jurídica, no solo para Cerrejón sino para la industria en general, y causan pérdida de competitividad en el sector privado, que es el motor de desarrollo de la economía nacional.
Cerrejón argumenta que en tres décadas de operación, ha desarrollado sus operaciones de buena fe, cumpliendo la normatividad colombiana aplicable y bajos los lineamientos, trámites y procedimientos establecidos por las autoridades competentes. Además de acoger de manera voluntaria reconocidos estándares internacionales, los cuales en varios casos exceden los requisitos de ley.
Finalmente, la carbonera hace un llamado a las autoridades, empleados, contratistas, proveedores y a todos los sectores sociales, para que lejos de ideologías y posturas políticas, trabajen en el desarrollo de un territorio que requiere de esfuerzos articulados para promover proyectos estratégicos y sostenibles en beneficio de la región.
