A las 6:00 a. m. comenzó el desalojo de aproximadamente 100 personas que habitan el barrio Nueva Villa La Iguaná, a orillas de la quebrada La Iguaná, en el sector conocido como Los Ranchitos.
En estos momentos, y luego de algunos acercamientos entre la comunidad y funcionarios de la Alcaldía, algunos de los habitantes del asentamiento ingresaron al coliseo de la Universidad Nacional para evitar ser desalojados de la zona.
Una familia ya accedió al proceso de retorno voluntario a su lugar de origen, en Santa Marta, las otras 18 continúan en el lugar.
«Las familias no han aceptado y se tomaron el coliseo de la Universidad Nacional y en este momento estamos buscando mediar para que estas personas desalojen de manera voluntaria las instalaciones de la universidad», expresó Juan Fernando Gómez, personero delegado de Derechos Humanos.
Varios estudiantes de esta institución acompañan a los habitantes de Los Ranchitos, dijo Gómez.
Andrés Tobón, subsecretario de Gobierno de la ciudad, expresó que el trabajo se realiza en conjunto con la Secretaría de Inclusión Social.
«Durante toda la mañana estuvimos en el proceso de oferta social que tiene la Secretaria de Inclusión Social y Derechos Humanos, dos familias se acogieron al proceso de retorno, una de ellas se va para Santa Marta, la otra aún está en el proceso de decidir a dónde quiere volver», dijo Tobón.
En su gran mayoría, las personas que habitan en Los Ranchitos son desplazadas por el conflicto armado.
En lo que va de la jornada se ha trasladado a algunas personas a centros hospitalarios «por las condiciones de vulneración del derecho a la salud fundamental en que se encontraban», dijo Tobón.
El Subsecretario indicó que estas familias no solo están en riesgo por las condiciones en las que habitan sino porque están asentados al borde de una quebrada y ante la temporada de lluvias aumenta la posibilidad de que se presente una emergencia.
Las familias que no se acojan al proceso de retorno ni tengan ningún familiar o amigo que pueda recibirlos en algún lugar en Medellín, serán ubicadas en albergues temporales dispuestos por la Secretaría de Inclusión Social, y sus enceres serán resguardados por la administración municipal por el periodo de un mes.
Varias familias comenzaron el desalojo, que se empezó a eso de las 6:00 de la mañana.
Esneyder Gutiérrez
Una de las razones de las manifestaciones pacíficas, según las familias, es que no cuentan con una solución de vivienda.
Esneyder Gutiérrez
Las familias se manifestaron pacíficamente contra el desalojo.
Esneyder Gutiérrez
Las familias están ubicadas al lado de la quebrada La Iguaná.
Esneyder Gutiérrez
El desalojo fue anunciado el 21 de marzo pasado.
Esneyder Gutiérrez
Por su parte, Xiomara, una de las habitantes de Los Ranchitos, quien ha vivido allí desde hace cinco años, comentó que en estos momentos no hay diálogos con las autoridades. Ella había interpuesto una tutela para tratar de detener el desalojo.
«Una funcionaria de la Personería cogió un libro y me mostró que sí había una respuesta a los derechos de petición, y yo le dije que para ellos, pero para la comunidad y para mí, que fui la que lo radiqué, no la tengo. ¿Cómo pretenden que yo entienda algo de lo que no tengo de información», dijo.
Somos desplazados por la violencia y por el momento no hay nada
Esta no es la primera vez que intentan desalojar a esta comunidad. Xiomara recuerda que la última amenaza de desalojo estaba para el 15 de julio del 2016, pero que pudieron frenarlo. Esta vez no fue así.
«Esto es perjudicial para nosotros y los niños porque no tenemos a donde meterlos. Se están llevando a la gente, no sé qué será lo que les están ofreciendo, pero no creo que sean las garantías de salir de una parte de estas y que sea algo mejor para nosotros porque igual somos desplazados por la violencia y por el momento no hay nada», concluyó.
El lunes la Alianza Internacional de Habitantes había enviado una carta al alcalde, Federico Gutiérrez, solicitando que no se realizara este desalojo hasta no concertar con las familias otra solución de vivienda.
Su representante en Colombia, Carlos Arturo Cadavid, comentó que sin una solución previamente concertada con la comunidad, un albergue, habitación o vivienda, «este sería un desalojo que incumple las normas internacionales y nacionales de vivienda».
En una ciudad como Medellín, tan innovadora, ¿cómo es posible que no existan albergues disponibles para estas familias que serían doblemente desplazadas?
MEDELLÍN
