Hacerles seguimiento a las cifras de desplazamiento, así como a las políticas de atención integral para las víctimas de este flagelo, es el objetivo de la Corte Constitucional en la audiencia que realizará en Bogotá el próximo 29 de noviembre y a la que citó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Allí, el mandatario local deberá referirse a “la situación de riesgo y los factores directos y subyacentes al desplazamiento forzado que afronta la población” en el municipio, explicó la Corte en el auto de citación.
El Alto Tribunal incluyó a Medellín con el argumento de que persiste la problemática de desplazamiento forzado. De hecho, en 2017, según un informe de la Defensoría del Pueblo, ocurrieron cinco desplazamientos masivos intraurbanos en la ciudad, que es la que más casos de este delito presenta en el país, de acuerdo con la Corte, a lo que se suma que es una de las que más recibe víctimas de desplazamiento de municipios de Antioquia y otros departamentos.
Por estas mismas razones, también fueron citados por la Corte el gobernador de Norte de Santander y los alcaldes de Litoral de San Juan (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca). Vale recordar que esta audiencia forma parte del seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, que declaró estado de cosas inconstitucionales en el país respecto a la problemática de desplazamiento forzado.
Al respecto, Guillermo Durán, personero de la ciudad, indicó que en 2018 el desplazamiento forzado ha aumentado y se ha agudizado especialmente en algunas comunas por conflictos entre grupos delincuenciales, que también se generan por las acciones de las autoridades en contra de los llamados combos.
Aunque hay momentos en los que bajan las condiciones de conflictividad, los patrones que generan el desplazamiento forzado van mutando y recrudeciéndose
El alcalde Gutiérrez afirmó que entre el primero de enero y noviembre de este año, en Medellín se han desplazado de manera forzada por la violencia 3.068 personas. Esta situación se presenta, según el personero, por tres razones fundamentales: la búsqueda de autoprotección de las familias ante el recrudecimiento de los enfrentamientos armados, la salida de los territorios ante las extorsiones y la huida por la amenaza de reclutamiento o utilización de los menores de edad.
Medellín también es altamente receptora
A esto se suma que la capital antioqueña es una ciudad receptora de desplazados. Por ejemplo, este año, desde el Bajo Cauca han llegado 4.859 personas huyendo de la violencia, así como 1.099 del Noredeste, y todos son atendidos con recursos de Medellín, dijo Gutiérrez.
El mandatario local aseguró que aunque el desplazamiento intraurbano ha disminuido en comparación a años anteriores, ningún caso es aceptable, por lo cual ve la citación de la Corte como una oportunidad para hablar con los organismos nacionales y entender la importancia de la lucha en contra de las estructuras criminales, que son los que violan los derechos humanos. Agregó que la lucha contra el desplazamiento debe ser una política de Estado.
Para Johana Roldán, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC), la citación a la audiencia se basa en que Medellín tiene dos características especiales: históricamente ha sido una de las mayores receptoras de población desplazada y también se constituye como una de las más expulsoras, tanto hacia otros municipios como dentro de la misma ciudad.
“Aunque hay momentos en los que bajan las condiciones de conflictividad, los patrones que generan el desplazamiento forzado van mutando y recrudeciéndose; giran en torno a prácticas de rentas criminales, como extorsión, microtráfico y control territorial por parte de los actores armados”, manifestó la experta.
Asimismo, dijo que en los últimos años el control territorial se expresa de muchas maneras. Cuando las bandas delincuenciales ejercen monopolio sobre los productos de la canasta familiar y cuando vigilan las relaciones sociales y comunitarias, por ausencia del Estado o desconfianza de las comunidades en el mismo.
Entre tanto, Roldán añadió que la audiencia de la Corte servirá también para analizar la eficiencia de las políticas públicas para atender a las víctimas de desplazamiento, que deben tener asistencia humanitaria inmediata, restablecimiento de derechos y reparación integral.
Para varios analistas del conflicto de la ciudad, las políticas públicas para atender este problema se quedaron muy enfocadas en el asistencialismo y en los últimos años se ha visto reducción del presupuesto para las mismas.
Otra de las críticas que han hecho organizaciones sociales y de derechos humanos es que la atención en seguridad se está basando en acciones militares y policivas, sin tener en cuenta mecanismos que garanticen una verdadera política de seguridad humana, que combina el accionar de la Fuerza Pública con otros derechos sociales, económicos y medidas más humanitarias que permitan disminuir la violencia.
HEIDI TAMAYO ORTIZ
Redactora de EL TIEMPO
Medellín
En Twitter: @HeidiTamayo
