La aprobación de una reforma del estatuto tributario de la ciudad de Cúcuta, que incluyó el cobro de un impuesto a través de la factura de la luz para financiar la lucha contra el crimen, ha levantado ampolla entre la población y algunos dirigentes políticos.
El mayor enfrentamiento por la conveniencia de esta sobretasa se dio al interior del Concejo, que debatió durante dos meses esta propuesta financiera, planteada por la Alcaldía, y autorizó con 13 votos a favor y 6 en contra, este proyecto de acuerdo, representado en un nuevo estatuto con 367 normas.
Para Cúcuta, este proyecto no es conveniente, ni oportuno. La ciudad viene arrastrando unas cifras negativas desde hace muchos años, que no hemos podido superar
A pesar de que este marco regulatorio de las finanzas públicas contemplara la reducción de un 2 por ciento del impuesto predial para los estratos 1, 2 y 3, la creación de este cobro para la compra de cámaras de seguridad o para mejorar la tecnología de la Policía, genera malestar entre los 225.000 contribuyentes de la capital nortesantandereana.
“Realizaron unas modificaciones al estatuto tributario que fueron aprobadas en plenaria. Estas corresponden al impuesto predial donde se realizará la reducción del 2% en las tarifas en los estratos 1,2 y 3; adicionalmente se aprobó un artículo de base presuntiva mínima que permite que el fisco municipal realice gestión de cobro de todos los predios y mutaciones catastrales nueva”, indicó Luis Javier Cháves, secretario de Hacienda de Cúcuta.
Uno de los detractores de este proyecto de acuerdo es el concejal Jaime Marthey, quien aseguró que la situación económica de la ciudad fronteriza, con uno de los índices más altos de desempleo e informalidad, no ‘aguantaría’ una andanada de impuestos. Asimismo, el corporado criticó la ausencia de estudios o plan de inversión a la hora de presentar este tributo, que representaría cerca de 5.000 millones de pesos al año.
“Para la gente de Cúcuta, este proyecto no es conveniente, ni oportuno. La ciudad viene arrastrado unas cifras negativas desde hace muchos años, que no hemos podido superar. Por ende, un nuevo impuesto es totalmente impresentable para la ciudadanía, además, tratándose de un servicio como lo es la seguridad, que debe estar garantizado por el Estado”, aseveró el funcionario.
Este cobro para fortalecer la seguridad de la región ya se hace en Barranquilla y en el departamento del Valle del Cauca, cuyos entes territoriales se ampararon en la ley 1421 de 2010 para ordenar esta imposición económica.
Esta obligación resultaría contraria al ordenamiento jurídico vigente aplicable a las empresas de servicios públicos domiciliarios
Centrales Eléctricas de Norte de Santander (Cens), la empresa de servicios públicos que se encargaría a partir del año entrante de recaudar de este impuesto a través de la factura de la luz, también se mostró contraria a esta iniciativa.
“Esta obligación resultaría contraria al ordenamiento jurídico vigente aplicable a las empresas de servicios públicos domiciliarios toda vez que la ley 142 de 1994 y sus desarrollo normativos han establecido un marco en el que la factura solamente puede usarse para el cobro respectivo del servicio”, informó Cens a través de un comunicado.
En medio de la polémica suscitada, el Concejo de Cúcuta fue enfático en advertirle a la administración municipal que para concluir la creación de este gravamen se debe presentar en los próximos días un nuevo proyecto de acuerdo con un estudio económico y un plan de manejo, detallando la distribución a futuro de este rubro.
CÚCUTA
