Al paso que va el 2018, la Universidad del Valle no va a cerrar su año con saldo en letras negras, sino rojas, por el déficit de unos 30.000 millones de pesos.
Tras la marcha nacional de estudiantes, el anuncio gubernamental de medio billón no les quitó las sombras al futuro de la educación superior pública colombiana, advierte el rector de Univalle, Édgar Varela.
Eso mismo sostiene la asamblea estudiantil que pide salida real, dice Sara Bolaños, representante al Consejo Superior.
Varela dice que así como lo plantea el Gobierno, solo 50.000 serían base presupuestal para 32 universidades.
¿No alcanza medio billón?
“Lamento que la voluntad política del Congreso de asignarnos medio billón para resolver déficit de las universidades públicas, la haya convertido el Ministerio de Hacienda en su última versión de proyecto de Presupuesto, en una bolsa de recursos, en la que solo el 10 por ciento nos da base presupuestal; son ingresos permanentes. Es la décima parte del medio billón que, tras análisis de un año, se planteó al Congreso y al Gobierno. No es una cifra caprichosa. En Univalle, el déficit son 30.000 millones de pesos; en la Nacional, 65.000 millones; y en la de Antioquia, 50.000.
Del billón ¿para dónde van los otros 450 mil millones?
Minhacienda plantea que la mitad iría a la ampliación de cobertura y aparece, en una transparencia que el Ministro le presentó al Congreso, un asunto extraño, el programa ‘Ser pilo paga’, parece que en este caso para las públicas cuando hemos sido enfáticos en que se debe terminar de financiar a los estudiantes ya beneficiados. Esos 120.000 millones no van a universidad públicas. Claramente, si se sigue la tendencia histórica, el grueso irá a las privadas.
Hay 100.000 millones para gratuidad…
Es parte de la conversación que venimos adelantando con Mineducación, sobre cupos Sisbén 1 y Sisbén 2. Son gratuitos pero valen en docencia, infraestructura y logística. Hay voluntad. No entendemos por qué esa cifra no llegará a nosotros, porque los créditos como ‘Pilo pago’ o Icetex los manejan estudiantes que escogen a dónde ir.
El proyecto tiene 200.000 millones en inversiones
Las universidades necesitamos las inversiones, pero hoy la prioridad son salarios y funcionamiento, que fue el SOS de los rectores al Congreso y Gobierno. El medio billón discrecionalmente lo manejará el Ministerio. No me opongo a eso, pero no se puede confundir una cosa con otra. El texto debía decir que a las 32 universidades se les adiciona el medio billón y harán base presupuestal.
¿Esa no sería también una salida coyuntural?
Cierto, pero es positiva para 2018 y 2019. En Colombia sí se requiere una nueva ley de financiación de la educación superior pública de largo plazo, que identifique fuentes y recursos adicionales bajo compromisos en cobertura y calidad. Con el Gobierno anterior se adelantó un borrador que el Ministerio de Hacienda no validó por ‘falta de recursos’. Ese borrador se presentó a la comisión de empalme del Gobierno actual, con opciones y mecanismos para crear una arquitectura de financiación más sólida. La Ley 30 nos ha ayudado a que no nos quiten en épocas de ‘vacas flacas’, pero con su interpretación no dan más que las transferencias ajustadas por la inflación.
¿Cuáles alternativas son?
Se planteaba una adición presupuestal de 4 puntos por encima de la inflación. Luego fue modificada a 2 y los otros 2, a inversión. Por ejemplo, la educación básica y secundaria, desde la Constitución de 1991, recibe transferencias con 3 ó 5 puntos gracias al Sistema Nacional de Participaciones. Esto no representa que a colegios y escuelas ya no les falten recursos, sino que vale el mecanismo. También se plantea cómo entes territoriales, gobernaciones y municipios pueden financiar gastos de educación superior. Hoy lo hacen como en el Valle, aunque no sea un monto significativo. Así mismo, en regalías, como ciencia y tecnología tienen un 10 por ciento, podrían ir a recursos de educación superior.
¿Y el presupuesto de la U?
Son 650.000 millones de pesos este año. Hay un factor, 70.000 millones van al fondo de pensiones que no debería estar en el funcionamiento. En inversión están recursos propios y de estampilla, 80.000 millones. Llegan 340.000 en transferencias de Nación. Por matrículas ingresan 35.000 millones, de esos, 16.000 de pregrados y 19.000, de posgrados.
¿Cómo se vive el déficit?
Termina siendo explícito en no más doctorados o maestrías ni mejorar el bienestar estudiantil. Los muchachos se quejan y con razón de filas en la cafetería, que atiende 5.000 almuerzos, pero hay el doble de personas solo en Meléndez y 10.000 más, en San Fernando. El campus de Meléndez fue hecho en 1970 para Juegos Panamericanos 1971 como residencia de deportistas. Y se terminó de habilitar en 1973. San Fernando es más antigua. Pero lo de Univalle no se puede comparar con lo de la Nacional, que es de los años 40. Aquí no todo es bueno o malo. En 10 años de estampilla se recuperaron auditorios, salones y hay nuevas deportivas. Pero hay edificaciones afectadas por vejez. En las sedes regionales de Buga, Tuluá, Zarzal y Palmira hay otra cara. Son más recientes y no son tan grandes. En la deuda de conectividad se ha venido trabajando.
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