Llegó el 20 de agosto y, con él, la noticia definitiva que los habitantes de un edificio de Itagüí estaban esperando: se hizo efectiva la orden de desalojo del inmueble que ocupan desde hace años. A las instalaciones llegó personal de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que administra el bien, para hacer el procedimiento que, según expresaron, utilizaron en este caso como última opción.
La historia del edificio y sus habitantes es más compleja y antigua de lo que parece. La edificación, de cuatro pisos y 15 apartamentos, supuestamente perteneció a los hermanos Galeano, socios de Pablo Escobar en el negocio del narcotráfico. Según Yolanda Cuervo, quien ha vivido 19 años en uno de los apartamentos, nunca nadie le dijo que la edificación había pertenecido a un narcotraficante.
La versión de la mujer consiste en que nunca fueron notificados, por ninguna entidad, de que el inmueble estaba en proceso de extinción de dominio. “A nosotros nunca nos visitaron, jamás, ni la SAE ni el municipio ni nadie”, dice.
Marco Rivera, otro de los habitantes del edificio, tiene una visión similar de lo sucedido: “Solo pusieron un aviso, de una resolución, en la que decía que se adjudicaban unos apartamentos”, dice.
Cuervo añade que el edificio existe materialmente pero no está conformado como propiedad horizontal, no tiene nombre ni matrícula inmobiliaria. Sin embargo, se convirtió en el único hogar que tienen y hoy temen por su futuro.
La versión de la SAE, sin embargo, dista de manera considerable de la expuesta por los habitantes del edificio. Julián López, gerente de la regional occidente de la Sociedad de Activos Especiales, explica que el desalojo, como el ordenado, es la última opción utilizada por la entidad para recuperar los bienes en extinción de dominio que presentan ‘ocupación irregular’. Según el funcionario, desde hace dos años se comenzaron a hacer unos talleres con los habitantes del edificio con el fin de sensibilizarlos sobre el proceso que se estaba desarrollando.
No tenemos otra opción, esto acá es nuestro y acá nos vamos a quedar
López explica que en ese lapso pudieron constatar que ninguno de los ocupantes tenía un contrato de arrendamiento vigente. “Ellos argumentaban que tenían contratos de arrendamiento, pero eran con las administraciones pasadas. También nos encontramos con que decían que lo tenían pero hace más de tres años no se pagaba, eso no tiene sentido”, apunta el directivo de la SAE.
Luz Estela Arroyave, otra de las habitantes del edificio, asegura que tenía un contrato de arrendamiento y este “le fue irrespetado”. “Llevo 17 años viviendo aquí, me irrespetaron el contrato de arrendamiento, esto es una falta al debido proceso. Quiero hacer esta denuncia pública porque siento que dañaron mi buen nombre”, expresa Arroyave.
La Personería municipal hizo presencia en el proceso de desalojo.
Esneyder Gutiérrez
López, por su parte, considera que no hubo nunca falla al debido proceso. Por el contrario, dice el funcionario, a las familias se les avisó desde un principio que el bien estaba en extinción de dominio y, por ende, debía ser administrado por la SAE. En el comienzo del proceso, argumenta, se les ofreció llegar a un acuerdo con la entidad para suscribir un contrato de arrendamiento. Los ocupantes, según el funcionario, se negaron a esta propuesta, por lo que se tuvo que tomar la medida del desalojo. Hasta el momento, solo uno de los apartamentos fue entregado voluntariamente.
Ellos argumentaban que tenían contratos de arrendamiento, pero eran con las administraciones pasadas. También nos encontramos con que decían que lo tenían pero hace más de tres años no se pagaba
Algunos de los habitantes, entre los que se encuentran Yolanda y Marco, pusieron una acción de tutela para prevenir el primer desalojo que estaba previsto para el pasado 12 de junio. Esta medida obligó a que se suspendiera y el fallo definitivo saliera solo el pasado 30 de julio. Sin embargo, con el desalojo casi consumado, los ocupantes decidieron radicar una nueva acción de tutela para, según dicen, no se les vulnere el derecho de habitar los apartamentos donde siempre vivieron.
Por esa acción fueron cuatro los apartamentos que quedaron provisionalmente protegidos del desalojo. Sin embargo, el funcionario de la SAE considera que ese recurso no va a evitar que el procedimiento llegue a buen término y, según sus cuentas, en 30 días el edificio ya estaría listo para entrar en el mercado inmobiliario y ser administrado a plenitud por la SAE.
Lo cierto es que el caso de Itagüí no es aislado para la Sociedad de Activos Especiales. López reconoce que un alto número de los bienes administrados por la entidad presentan ‘ocupaciones irregulares’. En un comunicado expedido por la SAE, esta expresó que el fin último de este proceso es “hacer (los bienes) productivos con el fin de generar recursos para la inversión social y el fortalecimiento de la justicia en Colombia, como lo señala la Ley”.
No obstante, los habitantes del edificio, como Cuervo, dicen que no han pensado siquiera en la posibilidad de dejar sus hogares. “No tenemos otra opción, esto acá es nuestro y acá nos vamos a quedar”, dice la mujer.
Según cifras de la entidad, de los 3.354 bienes que administra en Antioquia, 1.782 d presentan ocupación irregular, de los que ya hay resoluciones de recuperación para 697, es decir, sobre estos se adelanta un proceso de recuperación. Asimismo, hay otros 790 que están con contratos de arrendamiento activos, 101 más disponibles para que la ciudadanía arriende, 647 desocupados y 34 con destinación provisional a entes gubernamentales
MEDELLÍN
