Los campesinos incluidos en el Plan Integral de Sustitución de Cultivos en Córdoba y los habitantes de algunas poblaciones rurales de Montería, advirtieron que bloquearán la carretera Troncal de Occidente en dos puntos diferentes si no logran acuerdos y cumplimiento de los mismos con el gobierno nacional.
Por un lado los campesinos del sur de Córdoba que en el pasado se dedicaban al cultivo de la coca y que tras los acuerdos de paz con las Farc les prometieron beneficiarlos con programas sociales y reformas de condiciones laborales, advierten que el gobierno les ha incumplido las promesas.
Son al menos 3.345 familias campesinas las que se acogieron en ese departamento al acuerdo y que aseguran el incumplimiento del decreto 362 del 22 de febrero del año pasado, en el que se fijaron acciones, inversiones y acompañamiento para quienes abandonen la siembra de cultivos ilícitos y reprogramen siembras de pancoger y se integren en proyectos productivos.
Además de no recibir los beneficios pactados, advierten que son objeto de persecución de grupos ilegales, por lo que piden protección y aumento de fuerza pública en su territorio.
De igual forma, varias de las familias beneficiarias del acuerdo han desertado para retornar a la siembra ilegal de coca, ante la falta de garantías y cumplimiento.
Desde principios de este año los manifestantes han tenido encuentros con delegados del presidente Iván Duque y la gobernadora de Córdoba Sandra Devia, en busca de un entendimiento.
Aunque se han logrado compromisos en algunos de los puntos, los labriegos aseguran que aún quedan sobre la mesa obligaciones no cumplidas por el ejecutivo, lo que los obliga a preparar una nueva movilización como la que protagonizaron a finales de febrero pasado, cuando cerraron el paso en la carretera Montería – Tierralta – Valencia. En esa oportunidad, el gobierno, a través de la Alta Consejería para la Estabilización del país lograron persuadirlos para desmontar las barricadas que impedían el paso vehicular.
En esta oportunidad, advierten voceros de los campesinos, esperan la llegada de los delegados del gobierno nacional con el acta que se firmó en la mesa de negociación pasada que incluya las propuestas concretas para ello.
Protesta por peaje
De otra parte, las comunidades afectadas con el traslado del peaje de El Purgatorio en las afueras de Montería, se declararon en desobediencia civil, ante la indolencia del gobierno que insiste en trasladar las casetas de cobro a un lugar donde afectaría a los pobladores del sector.
Los habitantes anunciaron que muy pronto comenzará la hora cero para que los manifestantes se tomen el lugar donde se realizan las obras y pidan el retiro de la maquinaria y el personal.
El Comité ‘No al traslado del peaje el Purgatorio’ que estuvo en el Concejo de Montería a mediados de esta semana pidiendo el apoyo de los cabildantes, denuncia que su lucha se ha criminalizado, ya que cuando se anuncian las marchas pacíficas al día siguiente la zona amanece militarizada, con fuerte presencia policial y tanquetas del Esmad.
«La única forma de que esa protesta se torne violenta es si llega la fuerza pública, las comunidades nos declaramos a partir de ahora en desobediencia civil«, dijo un vocero del Comité.
Pese a la oposición de la comunidad y los gobiernos de Montería, Tierralta y Valencia, la concesión Ruta del Mar adelanta los trabajos de construcción de la nueva caseta en el kilómetro 13, punto al cual la ANI reubicará El peaje de El Purgatorio.
GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ
Para EL TIEMPO
Montería
