El gobernador electo de Córdoba Edwin Besaile Fayad, quien en principio fue suspendido desde el pasado 18 de enero de 2018 y luego inhabilitado por diez años volvió a su cargo como mandatario porque no ha sido notificado de la separación definitiva, hecho que anunció la Procuraduría General de la Nación a través de su portal web y retomado por medios de comunicación.
Besaile, quien mantiene una pelea jurídica por demostrar que no tiene responsabilidad en el llamado cartel de la hemofilia hecho por el cual es investigado, asistió ayer domingo a la marcha por la paz convocada por el Centro Democrático en la ciudad de Montería.
Aunque no atendió a medios de comunicación, aseguró que hasta tanto surta efecto el trámite de notificación se mantendrá en el ejercicio de sus funciones constitucionales.
Para hoy lunes en horas de la mañana se espera la llegada del mandatario al Palacio de Naín, sede de la Gobernación de Córdoba en Montería.
El encargo administrativo de Sandra Devia acabó el pasado viernes y que la destitución de la Procuraduría es a partir del 29 de enero
Consultada sobre este hecho político, la senadora Ruby Chagüi, dijo que tras hacer las averiguaciones ante el Ministerio del Interior sobre la situación de Besaile y la gobernabilidad del departamento, le informaron que la decisión de la Procuraduría de inhabilitarlo por diez años quedaría en firme a partir del 29 de enero, fecha en la cual el gobierno nacional procedería a nombrar un gobernador encargado.
«Lo que nos explican desde el Ministerio del Interior es que el encargo administrativo de Sandra Devia acabó el pasado viernes y que la destitución de la Procuraduría es a partir del 29 de enero. Es decir, que de facto estaría asumiendo en este momento el gobernador Besaile», explicó la congresista.
El fallo en segunda instancia del Ministerio Público, sanciona, además de Besaile, al ex gobernador Alejandro Lyons, también con diez años de inhabilidad para ejercer cargos públicos tras ser señalado de ser uno de los autores principales del entramado de corrupción que se dio durante su administración a través del robo de dineros de la salud.
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La estrategia criminal consistió en autorizar a varias Ips el pago de millonarios cobros por supuestos tratamientos médicos a pacientes con hemofilia, hecho que, según los hallazgos de la Contraloría, resultarían falsos.
El desfalco en esa ocasión fue de un monto superior a los 80 mil millones de pesos.
La supuesta participación de Edwin Besaile, resultaría de la autorización del pago a una Ips que no hizo Alejandro Lyons y cuya deuda asumió el gobernador actual. Dicho cobro fue por $1.500 millones de pesos.
Sin embargo, la defensa de Besaile, asegura que su cliente no autorizó dicho pago dado que la Secretaría de Salud Departamental cuenta con la autonomía para desembolsar los dineros, previa orden del titular de esa dependencia. Por este hecho está preso el secretario de Salud de la época Jaime Pareja Alemán; además de otros funcionarios involucrados.
