Después de enterrar a su hija mayor de 11 años, cuyo cuerpo fue desmembrado y dejado abandonado en costales frente a su vivienda, Mercy Mayerly Barrero hizo un nuevo clamor.
La mujer pide a las autoridades proteger a su hija menor, de 4 años. Teme que corra la misma suerte de su hermana, quien era estudiante de la sede La Milagrosa de la institución educativa Ana Josefa Morales Duque, en Santander de Quilichao, donde aún sigue la consternación y el repudio por el asesinato de esta menor, que había desaparecido en la tarde del pasado martes 14 de mayo.
Según la Policía, la niña desapareció cuando se dirigía a casa de su abuela y allí recogía las llaves de la casa donde vivía con su progenitora.
La madre, de 32 años, dijo que obtiene su sustento diario al trabajar en diferentes oficios para sostener su hogar como cabeza de familia. Es así que aunque detrás del crimen habría una supuesta extorsión que habría terminado en el aberrante crimen o represalias de algún vecino que venía acosando a esta familia, la mujer reiteró a la Fiscalía que no cuenta con suficientes recursos, solo los suficientes para sostenerse en esta zona del norte del Cauca. Señaló que ella ahora vela por la niña que le quedó, la de 4 años.
“Lo único que pido es que nos ayuden, que nos protejan y que los responsables paguen. Que haya cadena perpetua”, dijo la compungida mujer.
Lo único que pido es que nos ayuden, que nos protejan y que los responsables paguen. Que haya cadena perpetua
Vecinos del barrio Asomasol, donde delegados del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía hicieron el levantamiento del cadáver, el miércoles de esta semana, le han brindado su apoyo y le han expresado la solidaridad a la señora, al tiempo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también anunció una intervención con profesionales para conocer y analizar la situación de estos caucanos.
La directora del ICBF, Juliana Pungipuppi, sostuvo que la madre también pidió ayuda al instituto. Solicitó que le colaboren en cómo adelantar estudios de derecho, además de pedir recursos por lo que se evaluará si puede ingresar como beneficiaria del programa del Gobierno Nacional ‘Familias en acción’.
Así mismo, la Fiscalía reiteró que de dos sospechosos que fueron detenidos en esta semana, uno de ellos sigue bajo medida de aseguramiento en un centro carcelario y a quien le imputó cargos por feminicidio agravado.
El detenido, Luis Javier Ruiz Díaz, no aceptó cargos por el presunto delito de feminicidio agravado (homicidio con agravantes de una mujer por su condición de género) ante un juez de control de garantías. De acuerdo con la Fiscalía, sería primo de la niña asesinada.
La Fiscalía también informó que hasta ahora la investigación arrojó que la víctima, habría sido vista por última vez con el hoy imputado.
“Miembros del CTI de la Fiscalía y de la Sijin de la Policía Nacional adelantaron diferentes actividades investigativas y labores técnico-científicas al cuerpo de la menor, así como en dos inmuebles donde se aplicaron luces forenses, recolección de ADN y recuperación de tejidos blandos”, indicó la Fiscalía en un comunicado.
Pero lo que habría sido clave para la Fiscalía en acusar a Ruiz Díaz fue la simcard del teléfono celular de la pequeña, cuyo asesinato motivó una movilización el viernes, tanto de sus compañeros, docentes y directivas de la escuela La Milagrosa, como de la misma comunidad de Santander de Quilichao. Según la Fiscalía, habría una llamada recibida por la niña del capturado.
A su vez, el Instituto Nacional de Medicina Legal ratificó el dictamen sobre la muerte de esta menor. Murió por sofocamiento por causa de la presencia de algo que le impidió respirar.
El homicidio de la pequeña ocurrió tres días después del asesinato de otra menor en Cauca. Se trató de una adolescente, de 15 años y quien era indígena de la etnia misak en el nororiente de Cauca.
En las secretarías de la Mujer y de Gobierno rechazaron ambos asesinatos. Medicina Legal reportó 13 homicidios de mujeres en este departamento, entre enero y marzo de este año, mientras que la Secretaría de Gobierno del Cauca indicó que hasta ahora van 22 muertes de mujeres, muchas de las cuales serían feminicidios.
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