En la sala 9 del piso 18 del Palacio de Justicia de Medellín se llevó a cabo este jueves, ante el Juez 42 penal con función de control de garantías, la audiencia de legalización de captura de las 10 personas implicadas en la presunta red de corrupción que se orquestaba desde la Contraloría General de Antioquia.
Los implicados son: Sergio Zuluaga Peña, contralor de Antioquia; los contralores auxiliares José Hernando Duque, Dioner Andrés Ortiz y Gabriel Jaime Castaño; César Augusto Zapata, alcalde de La Pintada; William Enrique Rendón, alcalde de Jardín; Luz Marina Marín; alcaldesa de San Carlos; Héctor Darío Cano, gerente Hospital Copacabana; Johny Andrés Jaramillo, asesor jurídico, y Alejandra Catalina Ospina, contratista.
Estas 10 personas deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias, prevaricato por acción, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
De acuerdo con el ente acusador, los dos particulares detenidos son señalados de contactar a las administraciones municipales con la Contraloría Departamental para un supuesto ocultamiento de los dineros obtenidos ilícitamente.
De igual forma, Claudia Carrasquilla, directora Nacional de Fiscalías Seccionales y Seguridad Ciudadana, manifestó que “se pudo establecer dentro de la investigación que ellos cambiaban los hallazgos en las auditorías por dádivas que consistían en dinero, en contratación, en puestos en algunas organizaciones del departamento, de los municipios, como también algunos bienes inmuebles y algunos muebles”.
La delegada de la Fiscalía explicó que todos los procedimientos (8 capturas y 2 entregas voluntarias) se hicieron de manera legal por lo que solicitó la legalización de las capturas, así como la aceptación de tres celulares, un computador y una memoria que fueron incautados en dichas diligencias, como material probatorio.
En la audiencia, ninguno de los abogados defensores se opuso a la petición de la Fiscalía para legalizar las capturas de los señalados en esta presunta red de corrupción y los elementos incautados durante las diligencias.
Dentro de las investigaciones adelantadas por el ente se pudo determinar que los hechos por los que son sindicados ocurrieron entre 2016 y 2018.
De otro lado, la delegada del Ministerio Público indicó que las capturas se hicieron acorde a la ley y en los tiempos indicados por la Fiscalía.
Entre tanto, Santiago Trespalacios, abogado del Contralor de Antioquia, que no puso oposición a la legalidad del procedimiento, aclaró que en el caso de su defendido, este se presentó voluntariamente ante las autoridades al conocer que era requerido, situación que podría servirle más adelante en este proceso.
Este jueves, tras más de 2 horas de audiencia, el juez 42 analizó el material probatorio y decidió aceptar la legalidad de la incautación del material probatorio y también la legalidad de las 10 capturas.
La audiencia de imputación de cargos contra los señalados por corrupción se realizará el viernes en el Palacio de Justicia de Medellín, en un caso que se ha denominado ‘Contraloría de Bolsillo’.
De acuerdo con la Fiscalía, por estos hechos ya se inició el proceso de extinción de dominio de bienes involucrados con esta red, los cuales alcanzan un valor superior a los 13.000 millones de pesos. En la lista hay 28 inmuebles, 9 vehículos, dos sociedades y tres hoteles. Habría más capturas por materializar.
MEDELLÍN
