Las dolorosas imágenes del pequeño hijo de María del Pilar Hurtado Montaño, gritando, llorando y pegándose contra una pared frente al cadáver de su madre, tienen estremecido el país.
El crimen de la mujer, de 34 años, ocurrió en el municipio de Tierralta, Córdoba, el viernes en la mañana, cuando fue abordada por un par de sujetos en moto, mientras salía de su casa en el barrio 9 de Agosto.
Según la Fundación Cordobexia, Hurtado era miembro de organizaciones cívicas de ese municipio y tenía amenazas de muerte en su contra, lo que había disparado alarmas en la comunidad, sobre todo entre los líderes de derechos humanos. El video del menor, impotente frente al cuerpo de Hurtado, circuló por redes sociales y sacó a la luz la tragedia que esa región padece desde hace meses.
El presidente de la república, Iván Duque, quien realiza una gira de Estado por Europa, se pronunció a través de Twitter: “Nos duele profundamente la tristeza y el sufrimiento de su hijo. Nuestra solidaridad con sus familiares. Solicité a autoridades acciones inmediatas para dar con responsables de este repudiable hecho”.
Y ordenó que una delegación –con el acompañamiento del consejero de Derechos Humanos, Francisco Barbosa, e integrantes de la Fuerza Pública– se traslade a la zona para adelantar “medidas inmediatas”.
Frente a atroz hecho ocurrido en Tierralta, Córdoba, desde ayer, por instrucciones mías, una comisión especial del @ICBFColombia atiende proceso de acompañamiento y asistencia para los hijos de María del Pilar Hurtado Montaño, y su familia.
— Iván Duque (@IvanDuque) 22 de junio de 2019
María del Pilar Hurtado Montaño tenía 34 años de edad y aunque su nombre de pila no aparecía en un panfleto, familiares y amigos reconocieron que sí estaba amenazada.
Archivo particular
Las denuncias
Horas atrás, la Fiscalía anunció la conformación de “un grupo especial con la Sijín” para investigar el homicidio. Y, en un consejo de seguridad, la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía ofrecieron 20 millones de pesos de recompensa por información sobre los autores del crimen.
Cordobexia indica que Hurtado aparecía en una lista de personas declaradas “objetivo militar” por el ‘clan del Golfo’. Aunque su nombre estaba en el panfleto que circuló en Tierralta la semana pasada, los miembros de Cordobexia creen que se trataba de quien nombraban como “la mujer del chatarrero”, pues Hurtado trabajaba como recicladora junto con su marido.
Además, según fuentes de la zona, Hurtado era parte y lideraba un grupo de familias asentadas irregularmente en un lote vinculado a un conocido finquero. A pesar de este antecedente, la Alcaldía de Tierralta puso en duda su rol comunitario.
“De acuerdo con lo manifestado por su compañero sentimental, María del Pilar Hurtado no pertenece a ninguna asociación ni figura como líder social”, indicó el secretario de Gobierno Willington Ortiz, quien también descarta que haya sido amenazada. Además, el alcalde Fabio Otero respondió a versiones según las cuales su familia es dueña del lote invadido. Al respecto, denunció que lo quieren enlodar con el crimen y que no tiene que ver con ese hecho.
La Policía dijo desconocer las causas del asesinato y que no tiene indicios relacionados con la labor de los líderes defensores de derechos humanos.
Sin embargo, Tierralta ha sido un municipio marcado por la violencia. Este año se han producido tres amenazas a través de panfletos, el destierro de dos líderes comunales y el asesinato de un desmovilizado de las Farc.
Una de las amenazas la sufrió el actual representante a la Cámara por Córdoba, Andrés Calle. El congresista fue declarado objetivo militar a través de un panfleto que se le atribuye al bloque de guerra ‘Virgilio Peralta’, que para las autoridades es la banda de ‘los Caparrapos’.
Calle ha denunciado el incremento de acciones criminales por bandas que delinquen en la subregión del San Jorge, especialmente en Montelíbano.
También han sido amenazados periodistas, y 1.500 campesinos abandonaron sus parcelas en zona rural de Puerto Libertador. Aunque luego retornaron, dicen estar temerosos de ser víctimas de las amenazas que lanzaron los integrantes del ‘clan del Golfo’ y disidencias de las Farc que se disputan la zona.
El pasado febrero también se conoció del asesinato del líder comunal y precandidato a la alcaldía de San José de Uré, Jorge Castrillón Gutiérrez, quien habría sido intimidado días antes por ilegales que intentan interferir en las elecciones de octubre.
En ese momento, el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, anunció el aumento del pie de fuerza militar: en mayo llegaron al menos 400 soldados.
El ICBF informó que les da asistencia a los cuatro hijos de Hurtado —de 5, 12 (mellizos) y 14 años de edad—, quienes serán reubicados provisionalmente en Puerto Tejada, Cauca, donde viven su tía y abuela. Según el ICBF, los niños estaban fuera del sistema escolar, tres de ellos en situación de trabajo infantil.
Temor por panfletos y amenazas
Según la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, desde el 2016 hasta la fecha han sido asesinados 31 líderes sociales, de los cuales tres muertes han ocurrido en lo que va del mandato del presidente Iván Duque.
En el departamento, aunque se han dado resultados con capturas e incautaciones de drogas y armamentos a causa del aumento de pie de fuerza, las amenazas y asesinatos de personas vinculadas al sector sindical y comunitario no cesan.
Durante este año han circulado tres panfletos que causan zozobra entre los líderes sociales.
GUDILFREDO AVENDAÑO
Para EL TIEMPO
TIERRALTA, CÓRDOBA
