El país que mata a sus niños

El hombre, de 32 años, mató a hachazos a su hijo de 15 meses. Y con la misma hacha y con la misma sevicia mató a su compañera sentimental, y madre del niño, que acababa de cumplir 18 años.

El hombre se llama Jhon Restrepo y está en la cárcel. La mujer, que tres días atrás había llegado a la mayoría de edad, se llamaba Iris Carolina Ayola Hernández. Y el bebé, que alcanzó a vivir un año y tres meses, se llamaba Richard Maximiliano.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de abril en La Estrella (Antioquia), un municipio de 62.000 habitantes pegado a Medellín. Uno de esos pueblos tranquilos donde nunca había ocurrido un crimen tan atroz: un hombre que mata a su bebé y a su joven mujer, y que huye. El asesino fue capturado pocas horas después. En la casa de la mamá de Iris Carolina se asoma un altar con flores y con una foto de ella, sonriente y luciendo su vestido rosado de 15 años —tres años atrás— y con una foto del pequeño e inocente Richard Maximiliano. El niño, blanco y rubio, juega con una vaca de peluche mientras da sus primeros pasos. Hace unos pocos meses.

“A los niños los están masacrando en sus casas. Y tenemos que decirlo así: es una violencia invisible, porque ocurre en el interior de los hogares. No es la violencia de las calles ni del conflicto armado”, dice enérgica Yohanna Jiménez, promotora de la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños; una iniciativa que fue aprobada en el Congreso en junio del 2020, pero a la que todavía le falta camino para convertirse en ley.

“Seguimos fracasando como sociedad por la incapacidad de garantizar la felicidad y el respeto pleno de los derechos de los niños. Cuando un niño es asesinado en Colombia, perdemos una parte muy importante de nuestro país que no volveremos a recuperar jamás”, sigue Jiménez, quien considera que el caso de Richard Maximiliano y de su joven madre nos tendría que marcar como sociedad, pero lamenta que no haya sido así. Ha pasado casi inadvertido. “Es el caso de un hombre mayor que se mete con una adolescente, que la embaraza, que la maltrata física y psicológicamente y que termina matándola dos días después de que llegara a la mayoría de edad. Y como si fuera poco, mata a su propio hijo”, lamenta la mujer, quien asumió las banderas de su madre: la fallecida senadora Gilma Jiménez, considerada la gran defensora de los niños en Colombia y a quien no le alcanzó la vida para ver su sueño realidad: que encerraran para siempre a los verdugos de los más pequeños.

Yohanna Jiménez también ha sido una abanderada del caso de Sara Sofía Galván, que sigue llamando la atención de los medios y de la opinión pública por las múltiples versiones sobre su desaparición. Y se niega a aceptar la hipótesis de que la niña —de dos años de edad, rubia y ojos azules— esté muerta; aunque sabe que es una posibilidad porque su desaparición se conoció el pasado 27 de enero y las búsquedas han sido inútiles. Prefiero pensar que la vendieron, otra cruel hipótesis.

Las cifras sobre crímenes contra niños son escalofriantes. Entre enero y diciembre del 2020, en plena pandemia, 56 niños entre 0 y 4 años fueron asesinados, según Medicina Legal. Otros 54 niños en el mismo rango de edad fallecieron en “eventos de tránsito” y 184 más perdieron la vida de “manera accidental”, según el informe Forensis, de la misma entidad. Quince niños entre 5 y 9 años fueron asesinados el año pasado, 25 fallecieron en “eventos de tránsito” y otros 71 perdieron la vida de “manera accidental”. En el rango de 10 a 14 años la cifra de homicidios asciende a 73 y crece mucho más en los de 15 a 17 años (435). En esta edad, las muertes están asociadas a reclutamiento forzado, pandillismo, microtráfico o a hechos de violencia, como el caso de los cinco adolescentes de entre 14 y 16 años que fueron asesinados en un cañaduzal en el barrio Llano Verde, en Cali; o como los jovencitos reclutados por las disidencias de las Farc y que murieron tras los bombardeos del Ejército en las selvas del Guaviare y de quienes el ministro de Defensa, Diego Molano, en unas infortunadas declaraciones, dijo que eran “máquinas de guerra”. En total fueron 1.645 los menores de edad (0 a 17) a los que mataron en el 2020; en el 2019 fueron 1869 y en 2018, 1875.

¿Por qué los matan?

¿Por qué los matan? ¿Por qué matan a los niños en Colombia, sobre todo a los más pequeños?

Angélica Cuenca, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana —que reúne a 22 organizaciones nacionales e internacionales que trabajan por el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas—, es toda una experta. Fue asesora de la dirección de primera infancia y de la dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar del ICBF.

“Muchos de los casos se dan en los mismos hogares. Uno de los espacios que deberían ser más seguros, que son las viviendas, terminan siendo los más inseguros. Es un hecho muy evidente y por eso, desde la Alianza, hemos impulsado la ley que prohíbe el castigo físico y humillante porque ahí está la raíz del asunto”, dice Cuenca. Y explica que esa iniciativa, aprobada por el Congreso de la República en el reciente mes de marzo, no pretende enseñarles a los padres cómo educar sus hijos, pero sí busca generar toda una revolución social que conlleve una regulación emocional en la crianza y a la hora de corregirlos. Para que los padres acudan a las técnicas y recomendaciones de psiquiatras y expertos que aseguran, con métodos científicamente comprobados, que los niños se pueden corregir de muchas otras maneras más allá de los golpes, los gritos y las humillaciones. Esos golpes que, en muchos casos, terminan causándoles la muerte. “Para reprenderlos los queman o les pegan tan duro hasta que la cosa se vuelve grave y terminan en un servicio médico; y muchos de esos niños terminan muriendo”.

Cuenca lamenta que la violencia contra los niños sea tan frecuente que poco moviliza e indigna a la opinión pública y que, por tanto, se haya normalizado. “No podemos desconocer que hemos crecido en un contexto de violencia: más de 50 años de guerra con diferentes grupos armados nos dan evidencia suficiente para entender que existe una normalización de la violencia desde que somos pequeños”.

Medicina Legal, en su informe Forensis, ha establecido que los asesinos de los niños pequeños (entre 0 y 12 años) están en la propia familia: son el papá o la mamá o el padrastro o la madrastra, el cuidador o alguien cercano al hogar. Aunque también hay desconocidos que aprovechan un descuido de los papás, los secuestran y en muchos casos los abusan sexualmente y después los matan. Porque esa es otra cruel realidad: a muchos niños y niñas, antes de matarlos, los violan.

Es el caso de Salomé: la única hija de Víctor Orlando Segura y Yazmín Vega. Tenía cuatro años cuando Sebastián Mieles, de 27 años y quien se había ganado la confianza de la familia, aprovechó un descuido, se la robó, la violó y la mató a golpes en la cabeza. El crimen ocurrió en la vereda de Puerto Alegría del municipio huilense de Garzón, en julio del 2020.

“Hay otra causal y es que los niños, en algunas situaciones, se vuelven el motivo de disputa para las parejas. El papá que no quiere pagar la alimentación del niño y busca la forma de desaparecerlo, por ejemplo”, añade Cuenca.

Vale recordar el caso del niño Luis Santiago, de 11 meses y oriundo de Chía (Cundinamarca), cuyo secuestro y desaparición fue ordenado por su mismo padre, Orlando Pelayo. En el mediático caso se concluyó que el hombre tomó esa decisión para ocultarle la existencia del niño a su nueva compañera sentimental.

La psiquiatra colombiana Isabel Cuadros Ferré es la directora ejecutiva de la Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil. Toda una autoridad en la materia. “En Colombia tenemos que decir que matan a niños muy pequeños, generalmente, por el síndrome del bebé zarandeado, por fracturas de cráneo o por hemorragias, producto de los golpes y de la ira de los padres. Son muy pequeñitos y frágiles y antes de los cuatro años no tienen posibilidades de defensa o de quejarse o de contarle al maestro a algún vecino”, analiza la experta. Y los matan —añade— como una reproducción de la violencia que sufrieron los padres cuando eran niños. Una constante en nuestra sociedad: un niño maltratado y golpeado, en la mayoría de los casos, maltratará y golpeará a sus hijos cuando se convierta en padre.

También los matan, sigue Cuadros, cuando son raptados por pedófilos o sociópatas que abusan de ellos y después los asesinan.

Cuadros acude a las cifras oficiales para explicar otro fenómeno: el 50,5 de los niños que nacen en Colombia no son deseados. Así quedó establecido en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Ends 2015), la más reciente, que recopila datos sobre la salud sexual y reproductiva de los colombianos. Y un niño no deseado será, en la mayoría de los casos, un niño violentado.

“La violencia y los crímenes hacia los niños seguirán ocurriendo mientras las personas no tengan una concepción consciente de que solamente podrán engendrar a los hijos que puedan amar y cuidar”, añade Cuadros y afirma —y lamenta— que el país haya perdido su capacidad de reacción a la hora de buscar a niños desaparecidos, como a Sara Sofía, cuya desaparición se reportó desde finales de enero. “Ya no hay respuestas rápidas. El estándar del FBI es que si los niños no aparecen en 24 o en 48 horas lo más probable es que no aparezcan o que aparezcan muertos”. Y cuestiona las cifras de Medicina Legal en las que afirman que un menor de edad, fallecido de manera violenta, lo ubiquen en la categoría de “accidente” o “indeterminada”.

“Hay un subregistro muy alto. Hay bebés asesinados y esos cadáveres desaparecen.

Los ponen como accidentes que no son accidentes, sino muertes intencionales como fracturas por caídas o quemaduras o asfixias que tampoco se investigan lo suficiente. Y eso es una vergüenza”.

Esa situación ocurre, según la experta, en las áreas rurales, alejadas o de difícil acceso, a donde no llegan los servicios del Estado y donde enterrar a un niño resulta totalmente desapercibido porque no hay vecinos y pocas personas pasan por allí. Y esos casos nunca llegarán a las cifras oficiales.

La psiquiatra destaca que los infanticidios han venido disminuyendo en Colombia con el paso de los años, algo que no ha ocurrido con la violencia sexual. En el 2020, Medicina Legal practicó 27.363 exámenes por presunto delito sexual a niños y adolescentes entre 0 y 17 años (en el 2019 fueron 22.613). Las víctimas más pequeñas (0 a 4 años) fueron 2.935 durante el año pasado; en el rango de edades entre 5 y 9 años fueron 5.963 y en el de 10 a 14 años fueron 10.503. Y se practicaron otros 8.232 exámenes a víctimas entre 15 y 17 años. En el 84 por ciento de casos de violencia sexual la víctima es una niña.

En el informe ‘Las múltiples caras de la exclusión’, publicado por la ONG Save the Children en el año 2018, Colombia ocupó el vergonzoso tercer puesto, después de Ruanda y Bolivia.

“Esta es una posición alarmante que nos lleva a reflexionar sobre los desafíos en la salud mental de los padres, pues afecta el bienestar de sus hijos. Al no tener herramientas, reaccionan de manera desproporcionada frente al niño y eso puede resultar en una muerte en muchas circunstancias”, expresó María Paula Martínez, directora ejecutiva de Save the Children en Colombia.

Y añadió que en la sociedad colombiana persisten grandes desafíos para ver y entender que los niños y las niñas son sujetos de derechos. “Muchos padres no los ven así y se permiten verlos como un objeto y deciden sobre sus vidas, como si fueran Dios: pueden acompañar un crecimiento o un proyecto de vida o pueden terminar con ellos y ese es el caso del homicidio de niñas y niños”. Y lamenta que la sociedad colombiana se haya vuelto indolente ante la violencia hacia los niños.

“Todos debemos juzgar que como sociedad hemos fallado. Una sociedad que permite que los niños y niñas sigan muriendo con la facilidad que hemos visto, con los homicidios, es una sociedad que tiene que actuar y reaccionar”, sigue Martínez, pero lamenta que las manifestaciones públicas de cero tolerancia contra la violencia hacia los niños sean muy pobres y muy pocas.

EL TIEMPO intentó entrevistar a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina María Arbeláez, pero en la jefatura de prensa aseguraron que su agenda es muy complicada y que le era imposible sacar un espacio.

Derechos a medias

Carlos Tejeiro es un abogado consagrado, especialista en derecho de infancia y profesor de la Universidad de los Andes. Una autoridad en la materia. Tejeiro evoca las épocas arcaicas en las que el concepto de infancia no existía y, por tanto, matar a un niño era algo normal. Como cuando en Esparta se les daba muerte a los niños por defectos físicos o por sobrepoblación, porque no tenían ningún valor social ni político. O como cuando en los orígenes del Derecho Romano el padre de familia tenía la potestad de asesinar a su hijo por desobediencia, por ejemplo, pues existía un derecho absoluto sobre su vida.

“De tal manera que la vida de los niños simplemente era una atribución que estaba a merced del jefe de familia porque no tenían un valor como tal”, explica el profesor Tejeiro, autor del libro Teoría general de niñez y adolescencia. Y añade que el concepto de los derechos de los niños es una creación reciente, pues eran vistos como un apéndice de los padres y como personas incapaces de tener y exigir derechos. Pero las cosas empezaron a cambiar a partir de septiembre de 1990, cuando entró en vigor la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por Colombia desde 1991.

En esa época, en nuestro país lo más parecido era el Código del Menor, elaborado por y para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y redactado, según explica Tejeiro, bajo la doctrina de la situación irregular de los menores de edad, muy distinta a la que inspiró el Código de Infancia y Adolescencia, vigente desde el 2006, que busca una protección integral y una garantía universal de derechos.

“A los niños se les da muerte porque hacen mucho ruido. O porque no existe la manera de alimentarlos. Y se les da muerte psicológica y social cuando se los trafica o cuando prostituyen a las niñas y a los niños; o cuando se les somete a esclavitud, como es el caso del trabajo forzado, o a una de las formas más violentas del trabajo infantil, que es el reclutamiento ilegal”, reflexiona Tejeiro al explicar que la muerte de los niños no es solamente física.

Ximena Norato es la directora de Pandi, Comunicación y Derechos Humanos, una organización que hace acompañamiento a los periodistas que cubren temas de infancia y que asesora a instituciones como la Comisión de la Verdad sobre el tratamiento hacia los menores de edad que han sido víctimas del conflicto armado.

La experta coincide con Tejeiro: A los niños no solo los matan cuando se les quita la vida.

“Hay muchas vulneraciones que les restan años de vida saludable: abuso sexual, violencia intrafamiliar, trabajo infantil, abandono y tratos descuidados y negligentes que terminan siendo la causa de enfermedades o accidente evitables. Morir por hambre, que su cerebro no alcance su potencial, por desnutrición crónica, no solo es una deuda con la niñez: es una deuda con todo un país”, reflexiona Norato.

Y también se refiere a la salud mental y emocional de los niños que han sido violentados y de los cuales muchos arrastrarán traumas el resto de su vida.

“Depresión, ansiedad, sensación de miedo, angustia y baja autoestima son síntomas de afectaciones en la salud mental que experimentan millones de niños, niñas y adolescentes, y que no siempre se identifican como tales en los entornos familiares, escolares ni de salud”, añade Norato.

La Encuesta Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud y Protección Social estima que, en la población entre los 12 y 17 años, el 52,9 por ciento tiene uno o más síntomas de ansiedad y el 19,7 por ciento manifiesta cuatro o más síntomas de depresión.

Las cifras de suicidio entre los niños también son escalofriantes. El año pasado, según cifras de Medicina Legal, 4 niños entre 5 y 9 años se quitaron la vida; lo mismo hicieron otros 113 niños entre 10 y 14 años y otros 161 entre los 15 y los 17 años.

No menos preocupantes son los datos sobre embarazos tempranos: el 17,4 por ciento de adolescentes entre 15 y 19 años ya son madres o han estado embarazadas (una de cada cinco), según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2015. Todo un problema de salud pública que preocupa al mundo, pues, según el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), los embarazos tempranos terminan creando un círculo de pobreza para las sociedades: muchas madres jóvenes tuvieron que interrumpir sus estudios y proyectos de vida para criar a sus hijos, sin mayores oportunidades de empleo y progreso. Y muchas de sus hijas repiten la misma historia.

Si se revisan a profundidad todas las estadísticas oficiales que hablan sobre los tantos tipos de violencia que sufren los niños y las niñas en Colombia se concluirá lo que sugieren los expertos: a muchos niños no solo los matan quitándoles la vida. Los matan al condenarlos a una vida de violencia, ausencias y sufrimiento.