La ciudad y el país se conmocionaron con la noticia de un adolescente de 14 años que asesinó a dos personas y dejó una más herida, en el barrio Santa Lucía, hace varias semanas. Pocos días después se conoció el caso de otra joven, también de 14 años, que fue aprehendida en la comuna 13, por presuntamente extorsionar a los conductores de la zona.
A la niña la dejaron en libertad. Al joven le impusieron en primera instancia la máxima sanción para adolescentes: ocho años privado de la libertad en un centro especializado establecido por el Icbf, donde se espera que cumpla un exitoso proceso de resocialización.
Estos hechos, especialmente el de los homicidios, abren de nuevo el debate sobre por qué Medellín no ha logrado superar la presencia de los menores de edad en la violencia.
La realidad en la ciudad es diciente: según datos de la secretaría de Juventud, hay alrededor de 4.000 jóvenes (entre 14 y 28 años) dentro de las estructuras delincuenciales y 60.000 en riesgo de ser reclutados, a lo que se suma que hay más de 1.000 menores de edad dentro del sistema de responsabilidad penal adolescente, por distintos delitos, de los cuales 350, dijo el alcalde Federico Gutiérrez, tienen medida privativa de la libertad.
Para el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, autor del libro No nacimos pa’ semilla, aunque hay muchas diferencias con los casos de los años 80 y 90, la realidad de los jóvenes en la violencia aún persiste.
Esto se debe, añadió, a que siguen siendo obligados, seducidos y condicionados por criminales, quienes tienen un camino abonado por contextos familiares, sociales, económicos y culturales adversos para los derechos de los niños y adolescentes.
“Si uno está en un contexto donde hay crimen y, además, hay corrupción de la Fuerza Pública y los funcionarios, y se pierde la esperanza, esos son factores que influyen mucho para que ellos terminen en estos caminos”, sostuvo.
En este punto, Gerardo Pérez, quien acompaña a esta población en distintas comunas de la ciudad, considera que aunque Medellín tuvo un despertar positivo luego de una terrorífica época de violencia en los 80 y los 90, la situación para los jóvenes no es la mejor, pues se ha disminuido la inversión social, se ha desatendido el tejido social, persiste la falta de oportunidades y el enfoque educativo no está convocándolos ni seduciéndolos.
“Muchos de ellos dicen que la educación es aburridora y puede ser muy grave que deserten del sistema educativo, pero lo más grave es que no tienen otras opciones cuando se retiran del sistema, opciones de cultura o emprendimiento, se quedan allí en un limbo que es muy complicado en Medellín porque para nadie es secreto que estamos en un territorio con un mundo de ilegalidad”, manifestó.
Un mundo de ilegalidad que se refleja en que los 84 grupos delincuenciales criminales organizados que operan en Medellín, sin excepción, utilizan a menores de edad para cometer delitos, de acuerdo con la secretaría de Seguridad.
Si uno está en un contexto donde hay crimen y, además, hay corrupción de la Fuerza Pública y los funcionarios, son factores que influyen mucho para que terminen en estos caminos
Ante esta situación, dijeron fuentes que pidieron guardar su identidad, los jóvenes están cada vez más presionados para que ingresen a los grupos armados organizados, por medio de amenazas de muerte contra ellos y sus familias e, incluso, el desplazamiento de los barrios donde tienen su arraigo, si se niegan a ingresar a las bandas.
“Podemos tener miles de jóvenes sin opciones de vida y que son como un ejército de reserva impresionante para la delincuencia. Por eso, hay que pararnos seriamente a darles oportunidades, escucharlos, construir tejido social, educarlos”, expresó un líder social.
La presencia de los jóvenes en la violencia también se evidencia en que son la mitad de las víctimas de asesinatos en la ciudad. Según cifras de la secretaría de Seguridad de Medellín, de los 629 homicidios registrados en 2018 en la ciudad, 316 correspondieron a jóvenes entre los 14 y los 28 años; de este grupo, 36 tenían entre 14 y 17 años. Asimismo, de los 148 homicidios ocurridos entre el primero de enero y el 25 de marzo de este año, 70 corresponden a personas entre 14 y 28 años.
Delitos de adultos
Esta situación es el desenlace que muchos viven tras ingresar a la ilegalidad. Según Catalina Piedrahita, juez 5° penal municipal con funciones de control de garantías para adolescentes, al sistema de responsabilidad penal, los menores de edad entran por delitos como hurtos, extorsiones, lesiones personales, violencia intrafamiliar, uso de documento público falso, tráfico de estupefacientes y homicidios, es decir, las mismas conductas que cometen los adultos.
Explicó que el tráfico de estupefacientes, el hurto y la violencia intrafamiliar (maltrato físico, verbal y moral contra sus familiares) son los hechos más comunes cometidos por adolescentes e indicó que la participación en los homicidios de parte de esta población se ha incrementado en los últimos meses, si bien, este no es el delito más común en estas edades.
La funcionaria aclaró que uno de los factores de gravedad es que la mayoría de los menores de edad que llega al sistema tiene un fuerte consumo de drogas, lo que no solo los hace más vulnerables a ser reclutados por una estructura criminal, sino que también les produce mayor agresividad y otros trastornos emocionales.
Podemos tener miles de jóvenes sin opciones de vida y que son como un ejército de reserva impresionante para la delincuencia
Por su lado, Alejandro de Bedout, secretario de Juventud de Medellín, explicó que han identificado 13 riesgos para 60.000 de los 544.000 jóvenes de 14 a 28 años que hay en la ciudad. Algunos de ellos son deserción escolar, embarazo adolescente, reclutamiento forzado, violencia intrafamiliar, abuso sexual, desplazamiento intraurbano y desempleo.
“Son factores de riesgo que los pueden llevar a tomar decisiones equivocadas en su proyecto de vida. Un estudio que hicimos en 2015 con la Universidad de Antioquia demostró que ellos ingresan a las estructuras criminales buscando afecto, protección e ingresos”, expresó el funcionario.
Clubes Juveniles es un proyecto diverso, como los jóvenes de la ciudad. Muchachos ustedes son el presente de Medellín, con los clubes juveniles tienen la capacidad para transformar e incidir desde el territorio. #JóvenesConVoz pic.twitter.com/HxqpCrKVHz
— Alejandro De Bedout (@alejodebedout) 12 de abril de 2019
Dijo que esto se fundamenta en que muchas veces las mismas familias son las que maltratan, abusan, incitan al trabajo infantil y no creen en las capacidades de los jóvenes. Añadió que, por ello, hay 83 proyectos con enfoque de juventud en el Plan de Desarrollo actual y que la inversión para esta población es de 600.000 millones de pesos que se invierten en distintos programas como becas educativas, formación para el trabajo, cultura, participación, salud, entre otros.
Resaltó también que hay 800 clubes juveniles, estrategia que lleva 20 años en la ciudad y en la que hay 12.000 jóvenes. Agregó que las comunas donde hay mayor número de estos clubes son las de más problemas de seguridad, lo que indica que los jóvenes quieren resistir al contexto de violencia que los ahoga, pero que muchas veces no lo logran.
Para Ximena Norato, directora de la Agencia Pandi, es necesario entender que la delincuencia en los niños y adolescentes no ocurre en el vacío, sino que son las circunstancias, acciones y omisiones de los adultos las que allanan el terreno para que lleguen a delinquir.
“Esto nos llama a preguntarnos dónde estamos la familia, el Estado y los adultos como sociedad civil. Son niños que no están escolarizados, no tienen comida ni lo suficiente para poder vivir, son víctimas de vulneraciones que cometemos los adultos”, dijo Norato.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, considera que hace falta un mayor compromiso de las familias para que los menores de edad no caigan en estas redes de criminalidad. Uno de ellos es mantenerlos escolarizados.
Sobre la responsabilidad que recae en las familias, Norato argumentó que hay muchas que no tienen la capacidad parental o económica de criar a los hijos, pero que en ambos casos el Estado debe fortalecerlas, garantizar un trabajo decente, dar oportunidades para las madres solteras, habilitar centros para que puedan llevar a los niños mientras trabajan y generar entornos protectores.
Esto nos llama a preguntarnos dónde estamos la familia, el Estado y los adultos como sociedad civil. Son niños que no están escolarizados, no tienen comida ni lo suficiente para poder vivir
Varios de los expertos coincidieron en que los menores de edad están en proceso de formación y desarrollo integral y que no tienen la misma capacidad de tomar decisiones que los adultos, por lo cual son más fácilmente influenciables, ya sea con amenazas, halagos, ofertas de dinero o aprobación en un grupo.
“Si lo que ven en su casa y entorno es delito, drogas y tráfico de armas, crecen convencidos de que eso es lo que hay que hacer. Con las cifras que vemos de los delitos por los que son aprehendidos es obvio que hay un adulto que los está usando”, dijo Norato.
La experta añadió que se debe fortalecer el proceso de responsabilidad penal para que haya verdadera resocialización, por lo cual, cuando terminen no pueden ser devueltos a los mismos contextos de pobreza, maltrato y violencia, pues ello llevaría a la reincidencia.
HEIDI TAMAYO ORTIZ
Redactora de EL TIEMPO
Medellín
En Twitter: @HeidiTamayo
