La incertidumbre invade el pensamiento de la comunidad indígena wayú de Guarerapu 3, en zona rural de Uribia, en el norte de La Guajira, desde agosto del año pasado.
Según denuncias de los docentes de la escuela que funciona en esta desértica zona ubicada a dos kilómetros y medio del casco urbano de Uribia, para comienzos de agosto de 2019 los encargados de terminar un pozo que traería agua a la comunidad se marcharon asegurando que la obra ya estaba lista y por lo tanto ya se podría disfrutar de la llegada del agua.Sin embargo, las cosas no resultaron como todos ansiaban.
En la escuela de la zona, más de 500 niños deben recibir clase sin tener cerca agua.
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Así lo explica el docente Lubin Díaz, quien ha manifestado su preocupación frente a una obra que prometía abastecer de agua a la comunidad, pero que no ha operado de la forma que todos quieren.
“La gente que terminó la obra no ha regresado –explica Lubin–; mejor dicho, se fueron y dejaron todo así, solo dijeron cómo se podía utilizar y listo”.
Este pozo hace parte de los 40 en los que la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y Findeter han invertido más de 16.000 millones de pesos, además de la instalación de 16 paneles solares, para abastecer a 37 comunidades wayú de los municipios de Uribia, Manaure, Maicao, Dibulla, Riohacha, Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca y Distracción solo con el propósito de que desarrollen sus actividades agrícolas.
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Este punto de La Guajira ha sufrido los embates del clima, pues es un año no llueve más de 50 días, por lo que la intensa sequía es algo con lo que más de 180.000 personas se han acostumbrado a vivir.
No obstante, la comunidad denuncia que el agua del pozo sale contaminada, pues quienes hicieron la obra perforaron a más de 90 metros de profundidad, no a los 80 metros como establecen las directrices para que el agua sea dulce y no tenga otros componentes.
Imagen del análisis que se realizó al agua obtenida del pozo, según la comunidad.
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La ingeniera ambiental Olga Rodríguez asegura que desde la Secretaría de Salud Departamental realizó una serie de estudios al agua extraída del pozo cuyos resultados arrojan que hay componentes dañinos en el líquido.
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“Yo creo que el nivel máximo de perforación es de 80 metros –manifiesta la experta–; pero se están haciendo a 150 metros y entonces empiezan a sacar unos compuestos químicos como, por ejemplo, gas metano. El líquido huele a huevo podrido”.
La ingeniera asegura que aún no se han terminado de realizar todos los análisis, pero la comunidad se encuentra preocupada ante el agua que, aseguran, sale con tierra y puede contaminar el medio ambiente y afectar a sus animales.
“Además –se pregunta Olga–; el contrato dice que el pozo está destinado para proyectos relacionados con obras de infraestructura y saneamiento básico cuyo propósito es mejorar las condiciones de la población. Pero la comunidad dice que esa agua no ayudaría en nada a proyectos ni para sus animales”.
De acuerdo con respuesta de Claudia Ortiz, presidenta de la ADR, este pozo ubicado en zona rural de Uribia no ha sido recibido aún por la Agencia, lo cual significa que los estudios técnicos no han sido revisados y aceptados por la Agencia, lo cual significa que el pozo no está en funcionamiento si aún no es recibido.
“Cada pozo tiene contemplado el pozo profundo –explica Ortiz–; los paneles solares, sala de control y sana de cloración. El agua se extrae y pasa a unos reservorios de 30 metros cúbicos pasa el proceso de cloración. El año pasado fueron recibidos 20 pozos y estamos ahora con toda la definición ambiental con Corpoguajira para seguir entregando el resto”.
La presidenta señala que estos 40 pozos hacen parte de un programa de la Contraloría Compromiso Colombia, lo cual significa que la supervisión es aún más rigurosa para la entrega de las obras y por eso “las comunidades pueden tener mayor tranquilidad frente al compromiso absoluto de la Agencia”.
Imagen del terreno donde se encuentra el pozo instalado para beneficio de la comunidad.
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Pero Alexander Epiayú, líder de la comunidad de Guarerapu 3, sostiene que si no estuviera listo entonces es raro que los trabajadores hayan explicado cómo funcionaba el pozo y se hayan marchado sin decir nada más.
“Acá tenemos un problema con el agua –indica el líder–; somos 89 familias y más de 500 niños los que dependen y los carrotanques no logran abastecer a todos. Además, no podemos recoger el agua y los animales se nos están poniendo feos”.
MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO
Redactor de EL TIEMPO
En Twitter: @Leugim40
