El agente Interventor de Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo, aseguró, a través de una editorial, que en tres oportunidades el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, ha recomendado asignar recursos para la empresa avalados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, «no obstante, con corte a 7 de agosto de 2018 de los 1,4 billones de pesos asignados, Electricaribe cuenta con $122 mil millones en garantías».
Lastra explicó que el primer documento CONPES 3875 por $320 mil millones fue expedido en noviembre de 2016.
«De estos recursos se han dispuesto de $122 mil millones destinados como garantía para la compra de energía, es decir, no han ingresado a la caja de la empresa, puesto que se encuentran congelados en una fiduciaria a favor de los generadores y sobre ellos Electricaribe paga intereses. Del saldo no habrá más desembolsos por cuanto la compañía no está en capacidad de otorgar contragarantías».
El agente Interventor de Electricaribe insistió en que del segundo CONPES 3910, también por $320 mil millones expedido en noviembre de 2017, se destinarían $195 mil millones en garantías para la compra de energía y $125 mil millones para inversiones. «Se espera contar con la disponibilidad de estos dineros en los próximos días como lo anunció el pasado mes de julio el Gobierno Nacional».
«En mayo de 2018 se expidió el tercer documento CONPES 3933 por valor de $735 mil millones todos para ser destinados a la ejecución de inversiones en el 2019 y en especial para recuperación de pérdidas, mejoras de redes, blindaje de redes y sistemas de información. Al contar con estos recursos se iniciarían las inversiones en infraestructura más importantes de la compañía, correspondiente a tres veces más de la mejor inversión anual de los últimos 10 años», anotó.
Finalmente, concluyó que la Superservicios y Electricaribe diseñan una estructura especial para el monitoreo de estos recursos públicos, así como la logística que se requiere para garantizar la eficiencia en la ejecución de los mismos.
«Al tiempo, se fortalecen los sistemas de información para que el seguimiento de los dineros y avances de obras se puedan realizar en tiempo real y hacer públicas las decisiones que se adopten durante su desarrollo. Estas inversiones se requieren con urgencia para garantizar la estabilidad del servicio en tanto se encuentra la solución estructural», recalcó.
BARRANQUILLA.
