En marzo de 2018 continuará proceso judicial por tragedia de Cervantes

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Los días 1 y 2 de marzo de 2018 continuará la audiencia preparatoria del juicio penal contra tres exfuncionarios de Aguas de Manizales por su posible responsabilidad en la muerte de 48 personas y las lesiones a otras que provocó el derrumbe del barrio Cervantes el 5 de noviembre del 2011.

El procedimiento fue suspendido en la mañana del pasado lunes luego de que la defensa presentó sus pruebas. La Fiscalía y los representantes de las víctimas pidieron tiempo para analizar ese material antes de responder si lo consideran admisible o lo rechazan y el juzgado admitió su argumento.

“No podemos pronunciarnos sobre las pruebas en un momentico porque créame que son muchas”, explicó el abogado José Hernando Jiménez, quien representa a la mayoría de los damnificados. Señaló que la exposición de la defensa fue “bastante amplia en torno a aquellos tópicos que, según su consideración, deben ser objeto de debate”.

No podemos pronunciarnos sobre las pruebas en un momentico porque créame que son muchas

Con tres peritajes, el apoderado de los tres imputados –que son el exgerente Álvaro Andrés Franco Valencia y los exsubgerentes Sebastián Henao Arango, técnico, y Diana Lorena Gómez Zuluaga, de servicio al cliente– espera demostrar su inocencia. En noviembre del año pasado, a días de que prescribieran, les imputaron los cargos de homicidio y lesiones personales, ambos delitos en grado de culpa por supuesta negligencia.

Los conceptos técnicos sobre el deslizamiento como tal y la infraestructura que tenía la empresa en el sitio de la tragedia buscan refutar los presentados hace seis meses por la contraparte.

La tesis del ente investigador es que los directivos de la firma serían responsables porque una fuga, por aparente falta de mantenimiento en una tubería madre, habría sido la que debilitó el terreno y, cuando la comunidad se percató de la emergencia y llamó a solicitar ayuda urgente, sus peticiones habrían sido desatendidas.

Tensiones y llanto, en la imputación por tragedia del barrio Cervantes

Para el 5 de noviembre de 2011, cuando sucedió la emergencia, Álvaro Andrés Franco Valencia era el gerente de la empresa de acueducto Aguas de Manizales.

Foto:

John Jairo Bonilla / Archivo EL TIEMPO

Uno de los principales soportes de la Fiscalía es un estudio de la Universidad Nacional que demostraría la relación entre el presunto mal estado del acueducto y las filtraciones de agua que habrían terminado por derrumbar el barrio esa madrugada. Además, están los registros telefónicos de las comunicaciones entre vecinos del sector y empleados de la empresa para reportar el daño.

Aun así Franco, Henao y Gómez no aceptaron los cargos cuando se los imputaron en la tensa audiencia de 2016. La negativa, que los abogados de las víctimas consideraban previsible, fue tomada en ese entonces como una ofensa por los familiares de los difuntos. Algunos incluso salieron de la sala profiriendo airados reclamos que fueron calificados como “amenazas” por el defensor de los exfuncionarios, Rafael Mejía.

Los ánimos estaban caldeados desde antes porque se aproximaba el quinto aniversario de la tragedia y los presuntos delitos podían prescribir. Según las víctimas, el proceso penal tardó tanto tiempo en empezar por “dilaciones” de la defensa. Entre tanto, hay también un proceso administrativo (ver recuadro) que, igual que el penal, va a paso lento.

Reparación económica, en veremos

En el Consejo de Estado hay un recurso de la Alcaldía de Manizales y la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) para que esta última sea excluida y el Instituto de Financiamiento y Promoción de Manizales (Infi-Manizales) sea vinculado al proceso judicial administrativo con el que las víctimas del deslizamiento del barrio Cervantes buscan que el Municipio les dé una reparación económica.

Una vez resuelto esto –lo que podría tardar más de un año– el Tribunal Administrativo de Caldas podría continuar con el caso. Las víctimas esperan que se haga con prioridad.

MANIZALES @ElTiempoCafe