El choque de trenes entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado por cuenta de los fallos que recientemente emitieron (el primero plantea que las consultas populares no pueden ser utilizadas para prohibir actividades de extracción en los municipios y, a su vez, el otro que contradice esta posición), tienen en un limbo a las consultas populares mineras que se preparan en el Quindío.
Por ejemplo, la consulta en Salento estaba programada para el pasado 15 de julio, pero el alcalde de esa localidad, Juan Miguel Galvis Bedoya, decidió suspender la jornada electoral que busca frenar las actividades mineras en ese poblado, debido a la falta de recursos para realizar dicha consulta.
El mandatario recibió una carta de la Registraduría donde le informaron que no contaban con el presupuesto y según el mandatario, en el municipio tampoco cuentan con el presupuesto para dichas votaciones.
La consulta en Córdoba tampoco ha podido llevarse a cabo por la falta de recursos. El Ministerio no giró el dinero ni para la primera fecha, el 3 de diciembre de 2017, ni luego para el 21 de enero de este año.
Mientras que la consulta de Calarcá aún no tiene fecha y la pregunta aún no ha llegado al Tribunal Administrativo del Quindío, que es el encargado de declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estas votaciones.
De los 1.122 municipios del país, en 92 se han hecho consultas en las que las comunidades consideran que la minería y el petróleo les han afectado el medioambiente o derechos fundamentales.
El abogado e integrante del comité promotor de la consulta de Córdoba, Carlos Gómez, señaló que “estamos frente a decisiones de dos tribunales máximos, estamos en un limbo. Hasta que no se defina este choque de tribunales no sabremos qué hacer”, dijo.
Agregó que pese a esto, los equipos jurídicos y ambientales del comité promotor de la consulta están estudiando diferentes alternativas como presentar el proyecto ante el Concejo Municipal como lo hicieron en Urrao, Antioquia, y que llevó a que finalmente el Consejo de Estado ratificara el acuerdo municipal.
No obstante, esta vía tiene muchos riesgos. “Si bien es un logro grande prohibir la actividades de explotaciones minera mediante un acuerdo del Concejo, es riesgoso porque un acuerdo puede ser tumbado por otro acuerdo”, explicó Gómez.
“Hemos tenido esta posibilidad dentro de nuestra agenda, pero la prioridad ha sido frenar la minería a través de la consulta popular”, añadió el abogado.
Por su parte, el ambientalista y presidente de la fundación ecológica Cosmos, Néstor Ocampo, señaló que los fallos que se han conocido solo incrementan la incertidumbre para promover las consultas en los tres municipios quindianos y “hace menos seguro el camino”.
“Las iniciativas para proteger los territorios siguen adelante, solo que se han creado mayores trabas e incertidumbre con respecto a las vías por tomar”, dijo Ocampo.
Cabe recordar que hasta ahora la única consulta popular que se pudo realizar fue la de Pijao, el 9 de julio del año pasado, donde el 97,76 por ciento de los votantes dijeron ‘no’ a la minería de metales en su territorio.
LAURA SEPÚLVEDA
PARA EL TIEMPO
