La semana de bloqueos en la vía Panamericana, protagonizados por más de 16.000 indígenas paeces del Cauca que reclaman desde tierras ancestrales hasta manejo de los recursos ambientales, ya deja pérdidas cercanas a los 10.000 millones de pesos, según Fenalco.
Mientras el Gobierno argumenta que sí les han dado recursos a los pueblos indígenas de la región desde hace varios años, los gremios y sectores políticos no comparten el cierre de la vía como mecanismo de presión. Es así como los gobernadores de Cauca, Óscar Campo; Nariño, Camilo Romero, y Valle, Dilian Francisca Toro, le escribieron cartas al presidente Iván Duque para buscar un diálogo que reabra el paso entre Cali y Popayán, por donde se mueven más de 18.000 viajeros al día, afectando no solo el país sino la movilidad hacia el sur del continente.
Los bloqueos también han impedido el paso del combustible procedente desde el Valle del Cauca. Para afrontar la inminente escasez, en Popayán prohibieron a las estaciones de servicio vender gasolina a los vehículos particulares, y en Pasto establecieron restricciones para la venta de combustible a carros y motos.
Los bloqueos tienen en jaque a las poblaciones de la región.
EL TIEMPO
Aunque el Gobierno ya envió a la zona, el martes, a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) insiste en que hablarán solo con el presidente Iván Duque. “Si va a la frontera con Venezuela, por qué no viene al Cauca”, dicen.
Los indígenas, que han realizado 15 grandes protestas en la vía por los mismos motivos en los últimos 15 años, aseguran que todo comenzó en 1999.
Jhoe Sauca, coordinador del Cric, explica que ese año, después de una movilización indígena que duró 27 días, se lograron unos acuerdos con el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana en materia económica, social, cultural y humanitaria, y se expidió el decreto 982, mediante el cual se creó una comisión mixta “para el desarrollo integral de la Política Indígena del Cauca”.
Dicen que nunca les cumplieron a cabalidad lo que planteaba el decreto y que en el 2017, tras una nueva protesta, con el gobierno de Juan Manuel Santos se firmó la modificación del decreto 982 y se hizo el decreto 1811, con lo cual se actualizaba y se ampliaba el marco de acción de la Comisión Mixta para el Desarrollo Integral de la Política Indígena del Cauca, que definiría instrumentos para, de manera conjunta, establecer políticas públicas para los pueblos indígenas del Cric.
“Durante ese año y el 2018 se definió el decreto 1811 en toda su normatividad, y se decidió hacer un plan cuatrienal, con planes de acción en lo económico, lo social, la educación y la salud, para así superar esa emergencia”, anota Sauca, quien agrega que ahora el Gobierno dice que no dispone de recursos para su implementación.
Las comunidades indígenas señalan que puntos como el de tierras corresponden a compromisos ya pactados por el Gobierno que serían de obligatorio e inmediato cumplimiento.
Los indígenas ya han bloqueado la vía en varios momentos.
Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO
Igualmente, argumentan que han exigido dentro del plan cuatrienal los derechos diferenciales en cada uno de los sistemas (educación, salud, económico-ambiental, comunicaciones, justicia, control territorial y gobierno), pero que el Gobierno no acepta esta adecuación institucional.
Según el senador Feliciano Valencia, el Gobierno no quiere asumir el plan cuatrienal con el argumento presupuestal. Las comunidades dicen que cuando se presentó valía 5 billones de pesos y el Gobierno pidió que se modificara, quedando en 3,5 billones.
Y, aunque el actual gobierno incluyó un capítulo indígena del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018- 2022, con 10 billones de pesos para las comunidades indígenas del país, ellos no lo consideran una solución.
“Nosotros ya leímos el Plan Nacional de Desarrollo en el cual presentan un capítulo indígena o étnico como un anexo, lo cual no nos garantiza que ese decreto nuestro se pueda desarrollar con la autonomía que se requiere desde los pueblos”, señala el dirigente del Cric.
La tierra es un punto crítico. Autoridades nacionales y sectores políticos consideran que a los nativos les han cedido tierras que mantienen improductivas y quieren apropiarse de las que pertenecen a particulares, como en Caloto. Los indígenas sostienen que los terrenos de más de 50 hectáreas están en poder del 3 por ciento de la población.
“Hay nuevos resguardos en pobreza extrema. Estamos hablando de una deuda histórica no saldada”, dice la vocera del Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), Érika Giraldo.
Las comunidades piden ser vistas como un gobierno autónomo y que se les encargue de legislar sobre los recursos naturales. Y solicitan más protección para sus líderes. Según sus cifras, de los 527 líderes asesinados el último año en Colombia, 158 son del Cauca, lo que correspondería al 30 por ciento.
MICHEL ROMOLEROUX
Especial para EL TIEMPO
POPAYÁN
En Twitter: @ColombiaET
