Hemos sido objeto de agresiones por parte del Estado, nos dimos cuenta que a los habitantes de San Javier los asesinaban, a principios del 2000 desaparecieron a mi hermano, en mi familia no sabíamos cómo nombrar lo que nos estaba pasando y nunca se logró que se buscara con seriedad a nuestros familiares. Si nos hubieran hecho caso en ese momento, hoy tendríamos mejores resultados”, contó Juan Diego Mejía, familiar del desaparecido Mauricio Mejía.
Con este testimonio se dio inicio a la audiencia de víctimas y desaparición forzada de la comuna 13 que se adelanta en el Palacio de Justicia de Medellín desde este miércoles.
Las víctimas realizaron una puesta en escena con una silueta negra de una persona en donde ubicaban con papeles las consecuencias que deja la desaparición en sus vidas. Palabras como tristeza, desesperanza y desintegración fueron puestas en la cartulina.
La audiencia contó con la participación de los magistrados Reinere de los Ángeles Jaramillo, María del Pilar Valencia, Raúl Sánchez, Alejandro Ramelli y Gustavo Salazar.
También asistieron delegados del Ministerio del Interior, el Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas de la Fiscalía, la gobernación de Antioquia, la Defensoría del Pueblo, la alcaldía de Medellín, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Organización Mujeres Caminando por la Verdad y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos.
La Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó la audiencia con el fin de recolectar información para
Hay casos en los que no se conoce la fecha de la desaparición forzada, no hay un registro unificado, las cifras entregadas por el Estado presentan inconsistencias y vacíos
Las medidas cautelares fueron contempladas con el fin de reparar a las víctimas y preservar la memoria del conflicto como una guía para que las autoridades busquen alternativas más eficientes al momento de abordar las problemáticas relacionadas con la desaparición forzada.
Cabe recordar que el año pasado, dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y siete familiares de desaparecidos pidieron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas en 16 lugares del país donde se presume la existencia de personas desaparecidas, la medida implica el cierre de los espacios.
De acuerdo con el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial, (Equitas), se han registrado 460 casos de víctimas de desaparición forzada entre 1959 y 2016 en la comuna 13, del total, 384 pertenecen a personas que se encuentran desaparecidas, 76 fueron asesinadas y 8 aparecieron con vida. Además, 322 casos pertenecen a hombres y 62 a mujeres.
Diana Arango, directora ejecutiva de la organización, destacó que el número de registros se incrementó en el 2002. Sin embargo, Arango llamó la atención a las autoridades por no establecer un consolidado depurado y caracterizados de los casos de desaparición forzada en San Javier.
“Hay casos en los que no se conoce la fecha de la desaparición forzada, no hay un registro unificado, las cifras entregadas por el Estado presentan inconsistencias y vacíos que permiten evidenciar un gran problema de subregistro”, expresó la directora.
Uno de los objetivos de la audiencia era establecer si se encontraban más lugares de inhumación no reportados en Antioquia, aparte de La Escombrera y La Arenera. Se sospecha que hay fosas clandestinas en el barrio La Loma, en la vereda Bellavista y en el cerro Los Doce Apóstoles, en el corregimiento de San Cristóbal. También en el barrio Belencito Corazón, de San Javier, y en el Jardín Cementerio Universal.
Con respecto a los sectores La Escombrera y La Arenera, la Fiscalía General de la Nación estableció tres polígonos de investigación con una extensión de 75 hectáreas. Sin embargo, los delegados de la entidad afirmaron en la audiencia que hasta el momento no han encontrado restos de cuerpos humanos en el sector por lo tanto, no continuaron con la indagación.
Acciones hechas por los gobiernos
La Secretaría de Inclusión Social de Medellín y la gobernación de Antioquia expusieron en la audiencias las gestiones que han adelantado en el último cuatrienio para la reparación de víctimas. No obstante, fundaciones presentes en el evento demostraron su desacuerdo frente a las los resultados aportados por las instituciones, especialmente, con el presupuesto utilizado para investigar desapariciones forzadas.
Según la funcionaria Paulina Suárez, la implementará un Plan Integral de Búsqueda de personas desaparecidas, en esta administración, han registrado 114 casos. Para el 2018, se entregaron 60 restos y se dio atención psicosocial a 320 habitantes de Medellín de acuerdo con Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno Departamental. En el presente año se han atendido a 55 personas y se han dado 11 restos de habitantes desaparecidos en la ciudad.
MELISSA OROZCO DUQUE
Para EL TIEMPO
MEDELLÍN
En Twitter: @MelissaOrozcoD
