Atentar contra la vía Buga- Buenaventura, específicamente el tramo Buenaventura-Cisneros, a la altura del sector de La Delfina (Valle), es la hipótesis que están manejando las autoridades sobre la presencia de explosivos en el resguardo de la comunidad Tatabra del cabildo indígena Central Mayor, ubicada en zona rural de Dagua.
Los explosivos, pentolita o pólvora negra, cuya cantidad no se ha establecido, estaban siendo manipulados por los indígenas “sin tener los debidos conocimientos, y simplemente explotaron”, afirmó el ministro de Defensa, Guillermo Botero, refiriéndose a la tragedia registrada el jueves en horas de la tarde que cobró la vida de ocho personas y dejó otras cuatro heridas, entre ellas dos mutiladas.
Botero, quien encabezó ayer un consejo de seguridad en Popayán, afirmó tener información de que habitantes del resguardo trataron de ocultar la magnitud del evento y alteraron la escena de los hechos.
“Una vez ocurrieron los hechos, los mismos indígenas se encargaron de tapar el hueco de la explosión, cambiar todo lo que había ocurrido y hacer parecer que no hubiera sucedido nada”, afirmó el ministro, quien recalcó que esa conducta es delictiva, ya que se “va a dificultar el trabajo que tengan que hacer Medicina Legal y los demás entes de investigación. Se alteró el teatro de los acontecimientos, y eso es sumamente grave”.
Botero sostuvo que grupos ilegales que estarían detrás de lo sucedido en Dagua no han sido identificados plenamente. Lo que sí se estableció, según el ministro, es que los explosivos usados en el hecho fueron ingresados ilegalmente al país.
El jefe de la cartera de Defensa afirmó que las autoridades son respetuosas de las costumbres y normas de las comunidades indígenas, pero insistió en que no hay territorios vedados para la Fuerza Pública. “No los queremos vulnerar, pero eso no quiere decir que la Fuerza Pública no pueda entrar al territorio”, puntualizó Botero.
El cabildo permitió el ingreso de las autoridades por dos horas, tiempo en que los peritos recopilaron muestras de explosivos, así como versiones y testimonios sobre los hechos.
Según algunos de los integrantes del resguardo, en la tarde de la tragedia, ellos estaban preparando la logística para apoyar a sus compañeros en la minga que adelantan en el Cauca.
“Esta reunión era en solidaridad con los compañeros del Cauca. Con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quedamos en una minga pacífica. Pero siempre tenemos que poner muertos para que nos escuchen”, dijo Noelba Fernández Dagua, gobernadora de la comunidad del cañón del río Pepitas.
La hipótesis del atentado
Por su parte, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) emitió un comunicado en el cual señala que “según el consejero de Derechos Humanos de la Orivac, al parecer una persona lanzó un artefacto explosivo, causando la muerte de ocho guardias indígenas y dejando gravemente heridos a tres de los guardias pertenecientes a los pueblos waunán, nasa y embera”.
Para Feliciano Valencia, senador y líder indígena, no se puede establecer con certeza qué fue lo sucedido. “Hay muchas versiones, como la explosión de un artefacto en zona de minería; el lanzamiento de un artefacto explosivo a la comunidad que estaba concentrada o la manipulación de material explosivo en una vivienda. Es prematuro dar un juicio hasta que no haya una valoración”, señaló Valencia.
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