Cerca de dos años después de que la Corte Constitucional decidiera en sentencia histórica reconocer el río Atrato como sujeto de derechos, primera vez en Colombia y tercera ocasión en el mundo, sigue su curso lento e imperturbable arrastrando la desidia y el olvido.
Para el Panel de Expertos, del que hace parte la Universidad de Antioquia por invitación de la Procuraduría General de la Nación, pese a los esfuerzos hasta ahora poco se ha avanzado en la protección, conservación, mantenimiento y restauración, por parte del Estado y las comunidades étnicas del afluente más caudaloso del país.
Jairo León Zapata Martínez es el director de la Corporación Académica Ambiental de la Universidad de Antioquia. Este biólogo marino, con maestría en Ciencias Ambientales tiene la representación de la Alma Máter y la responsabilidad de trazar un norte sobre cómo debe trabajar la institución y qué propuestas formular para el cumplimiento de su misión de vigilante del proceso de seguimiento y acompañamiento a la ejecución de las órdenes que buscan la recuperación de la cuenca del Atrato.
¿En qué se ha avanzado en el cumplimiento de la Sentencia?
Nosotros somos asesores del Comité de Seguimiento que lo integran la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y las comunidades. Lo primero que hicimos fue reunirnos, conocernos, saber cuáles son las instituciones que interviene. Ahora somos 18, entre públicas y privadas como el Instituto Von Humbolt, WWF, IIAP, la Universidad de Cartagena, los ministerios de Ambiente, Hacienda y Defensa, Codechocó, Corpourabá y otras organizaciones nacionales e internacionales.
La idea del Panel de Expertos es que una vez recibamos los planes de acción de los ejecutores podamos dar el aval para comenzar la ejecución.
Hasta ahora, hemos participado de dos audiencias citadas por la Procuraduría y la Contraloría. En lo que hemos trabajado es en cómo vamos a valorar esos procesos y, lo más importante, en exigirles a los ejecutores que las ideas concebidas las hayan realizado con la comunidad.
Pero, ¿cuál es o ha sido el mayor obstáculo para comenzar la ejecución de los planes?
Apenas estamos aterrizando porque las órdenes son bastante complejas y tienen tiempos y objetivos que se deben cumplir. Entonces, la primera reunión fue aterrizar esas órdenes. Las entidades involucradas presentaron algunas acciones, pero la verdad es que la gran mayoría está enmarcada dentro de su quehacer como institución. Sin embargo, lo que les pide la sentencia de la Corte es que debe ser un plan independiente al que normalmente desarrollan. Que sea específico para el río Atrato.
En la segunda audiencia estuvo mejor el proceso. Ya el Ministerio de Defensa mostró, por ejemplo, un plan específico de acción sobre minas, destrucción de dragas. Lo otro importante fue la conformaciòn del comité intersectorial. Todos ellos se sentaron a la mesa y están trabajando en ese plan conjunto. Y tercero, infortunadamente hay una orden que dice que el Gobierno Nacional debe generar los recursos para el cumplimiento de la sentencia y, hasta el momento, esto ha sido imposible.
¿En cuánto ha sido cuantificada la intervención al río y las comunidades ribereñas?
No se ha cuantificado, pero deben ser muchísimos recursos. El comité intersectorial tiene unos valores, pero digamos que todavía están en borrador. Es muy complejo. Por ejemplo, el estudio toxicológico y epidemiológico, es decir, sacar el mercurio, eliminar la extracción del oro, limpiar las riberas del río, quitar las arenas que ha generado el dragado y devolver a la comunidad el proceso del pancoger, restableciendo como estaba anteriormente la parte biótica…no ha sido calculado su costo económico. La sentencia no contempla cuantías.
¿Qué destacaría como negativo y positivo de la puesta en marcha de este proceso?
La verdad, en mi opinión, es que la sentencia se aceleró mucho con los tiempos. Estos son muy cortos para la ejecución de muchos trabajos, porque algunas acciones son de largo plazo y sobre todo lo que significa poner de acuerdo a todas las instituciones que tienen que ejecutar, por parte del Estado, con las comunidades y esos procesos toman su tiempo.
Entonces, algo que podríamos decir que juega un papel extra, no negativo ni positivo, es que los tiempos que da la Corte pueden dilatar los procesos. Algo negativo sí es que el Estado no haya separado los recursos para este proceso. Ya el año fiscal se cerró, tocará esperar para el año entrante.
Algo positivo es la posibilidad que está abierta de trabajar inter institucionalmente por una comunidad. Como Universidad vemos algo supremamente importante: generar investigación y alternativas de estar con ellos.
Lo que la Corte ordenó para el Atrato
Además de un plan de descontaminación, como sujeto de derechos del río Atrato se deben neutralizar y erradicar las actividades de minería ilegal; recuperar las formas tradicionales de subsistencia y alimentación , y elaboración de estudios toxicológicos y epidemiológicos del caudal, sus afluentes y comunidades.
Estudio en el que se determine el grado de contaminación por mercurio y otras sustancias tóxicas, así como la posible afectación en la salud de poblaciones.
Jorge Iván García Jiménez
Editor EL TIEMPO Medellín[email protected]
