De los 10 alcaldes del valle de Aburrá que empezaron su mandato en el 2016, tres están siendo investigados por supuestos hechos de corrupción. Se trata de los mandatarios de Barbosa, Edison García Restrepo; Bello, César Suárez Mira; y Envigado, Raúl Cardona González.
En el caso de García, según la acusación de la Fiscalía, él y los otros sindiciados, su esposa Dubernely Jiménez, cuatro secretarios del despacho y dos contratistas, se habrían asociado para desviar más de 4.000 millones de pesos de los recursos destinados para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el acueducto y el alcantarillado para la población vulnerable de Barbosa.
Con respecto a Suárez, este debe responder por cargos de falsedad ideológica en documento público, falso testimonio, uso de documento público falso y fraude procesal.
Por su parte Cardona está relacionado con la compra irregular de un lote que fue adquirido con sobrecostos por la administración municipal, la donación de 500 tabletas a 12 instituciones educativas como contraprestación a la adjudicación de un contrato y un presunto “entramado de irregularidades para la designación de personas en cargos de libre nombramiento y remoción”.
Raúl González Flechas, director de Fiscalías de Medellín, habló con EL TIEMPO sobre estos supuestos hechos de corrupción que, en este momento, están todavía en proceso de indagación.
Precisamente, el pasado 21 de noviembre, el día de la captura del mandatario envigadeño, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, explicó que en “Antioquia los recursos son manejados como una natillera por los funcionarios”.
¿A qué se refería el Fiscal con esa expresión?
Desafortunadamente en la administración pública se está generando una mala costumbre de que los recursos los están manejando como plata de sus bolsillos y eso son actos de corrupción. Los recursos públicos son sagrados. Suena trillado, pero es cierto, y tenemos una costumbre inversa. Lo que vimos con el alcalde de Barbosa es que su presupuesto estaba completamente destinado a enriquecer a su círculo. Lo mismo pasaba con el de Envigado y algunos de sus funcionarios.
¿Le parece escandaloso que tres alcaldes del valle de Aburrá estén siendo investigados o hasta procesados?
Quiero aclarar que aquí no estamos en una cacería de brujas, por decirlo así. Aquí no se actúa a la ligera, los elementos de prueba presentados han hecho que los jueces interpongan medidas de aseguramiento, privativas y no privativas de la libertad. El alcalde de Barbosa no está fungiendo como tal, al igual que el de Envigado y el de Bello está ejerciendo pero con su proceso activo en fase de juicio.
Para usted que tiene todo el contexto de las investigaciones y las pruebas ¿cuál de los tres es el caso de mayor gravedad?
El de Barbosa es el que más avances tiene. Ese es un caso muy muy grave porque el 70 por ciento de los contratos públicos se perdía en corrupción.
¿Hay alguna relación delictiva entre el alcalde de Bello y el de Barbosa, debido a que la estructura criminal permea esa zona norte?
Lastimosamente hay una especie de red criminal que maneja el norte del valle de Aburrá, pero no puedo en este momento señalar que haya una vinculación de los alcaldes de esos municipios con esa red criminal. En este momento no tenemos probado ni podemos sustentar que haya una coparticipación delictiva entre ellos. Lo que hay son investigaciones individuales con elementos de prueba por separado para cada uno de los alcaldes.
¿Tiene nuevo material probatorio más allá del que ya conoce la opinión pública?
Sí, vienen nuevas imputaciones en el proceso contra el alcalde Édison García, por otros actos de corrupción. En el tema de Envigado también hay un trabajo adicional, se presentaron unos eventos iniciales pero hay otras personas involucradas en actos que tienen trascendencia penal.
¿Cuál ha sido el papel de la ciudadanía en la captura de los tres alcaldes?
Muy importante. Prácticamente la información que nos ayudó a generar los primeros pasos en la investigación vino de la ciudadanía. La gente se está cansando de la corrupción, de ver cómo los recursos de su municipio se están perdiendo, de tener que pagar a los funcionarios para que hagan lo que tienen que hacer en sus cargos y no lo hacen correctamente.
Sin embargo, ¿cree que hay una cultura que acepta y convive con la corrupción tanto en la ciudadanía como en la administración?
Sí. Desafortunadamente uno ve, por ejemplo, que en los gremios de la construcción y la ingeniería ya hace parte de sus presupuestos soterradamente los favores que hay que pagar para obtener un contrato. Al parecer esto se volvió una costumbre ciudadana y de la administración. Cuando se capturan a funcionarios de cierto prestigio muchos ciudadanos reaccionan de manera contradictoria diciendo: ‘sí es corrupto, pero está ejecutando las obras’. Ya nada nos descresta en esta sociedad que se acostumbró a vivir con la corrupción.
BRYAN ANDRÉS GONZÁLEZ VÉLEZ
Para EL TIEMPO
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