El pago de 80 millones de pesos y la cesión de una importante participación accionaria de su empresa. Eso fue lo que un sujeto cercano a una funcionaria del Fondo Colombia en Paz (FCP) le exigió a una compañía para que le adjudicaran uno de los contratos claves para el posconflicto.
El testimonio, recogido por EL TIEMPO, encaja con las revelaciones que este jueves hizo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sobre cobros indebidos a cambio de la adjudicación de millonarios contratos pagados con la llamada ‘chequera de la paz’.
“De acuerdo con las evidencias obtenidas mediante controles técnicos y seguimientos legales se advierte la existencia de una red de intermediarios que estarían interesadas en adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas, a cambio de beneficios económicos indebidos que se traducen en porcentajes sobre el valor de los mismos”, explicó Martínez en una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos.
EL TIEMPO estableció que hay seguimientos, videos y audios de integrantes de esa red pidiendo plata por la entrega de interventorías y proyectos de infraestructura, agricultura, piscicultura y otras ramas que involucran a diferentes entidades.
Para los investigadores es claro que hay un uso de información privilegiada para direccionar los proyectos. Además, que están aprovechando que los datos sobre esos procesos aún no han sido subidos al Sistema Integrado de Información del Posconflicto (Siipo).
De hecho, el Fiscal admitió que decidió destapar la investigación luego de que EL TIEMPO reveló una carta de los embajadores de Noruega, Suiza y Suecia en la que manifiestan su preocupación por la lentitud y falta de transparencia en la adjudicación de contratos.
También dijo que si bien el grueso del dinero aún no se ha ejecutado, lo que se busca es evitar su uso indebido.
Auditoría del Ejecutivo
Si bien el presidente Juan Manuel Santos aclaró que no había duda sobre el manejo de fondos, este jueves anunció decisiones: “Actuaremos con toda la contundencia y diligencia. Seguiremos trabajando juntos para garantizar la transparencia y el correcto uso de recursos. Habrá decisiones pronto”.
Incluso, se anunció una auditoría al Fondo Colombia Sostenible, prevista dentro de los controles pactados con los países cooperantes, Naciones Unidas y las entidades locales.
“Estamos revisando los niveles de ejecución y le presentaremos un reporte al país”, dijo anoche Alfonso Prada, secretario de Presidencia.
De manera paralela y en el marco de la primera cumbre empresarial sobre responsabilidad del sector privado en la lucha contra la corrupción, la Contraloría y la Procuraduría también anunciaron dispositivos especiales para vigilar el uso de los recursos de la paz.
“El único lujo que no se puede dar el país es que colapse el proceso de paz, por mala administración de recursos a la hora de su puesta en marcha”, dijo el procurador Fernando Carrillo.
Y advirtió que “no hay ni territorios ni fondos vedados para las instituciones de control en Colombia”, refiriéndose a que contratos son ejecutados por agencias internacionales a través de regímenes privados.
Para vigilar esos contratos, Carrillo designó a Giancarlo Marcerano, delegado para la vigilancia administrativa.
Al igual que la Contraloría General, la Procuraduría avanza en la inspección de los más de 1.800 contratos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Pero el espectro de control de ambas entidades se extenderá a los contratos del FCP y de sus subcuentas, incluidas las donaciones internacionales.
“Tenemos la plena facultad legal para auditar los recursos del posconflicto tanto los de ayuda internacional como los aportados por el presupuesto nacional”, explicó el contralor Edgardo Maya, quien ya le pidió a la directora del FCP, Gloria Ospina, las cuentas de la JEP.
Y dijo que insistirá en que el renunciado secretario de la JEP, Néstor Correa, entregue cuentas o, de lo contrario, acudirá a las facultades de policía judicial que tiene la entidad a su cargo (ver nota anexa).
En un comunicado, la Cancillería manifestó que “es un compromiso del Gobierno asegurar el manejo transparente de los fondos creados tanto con recursos de la nación como con la contribución generosa de donantes internacionales”.
EL TIEMPO estableció que es posible que se efectúen cambios en las directivas del FCP.
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