El Gobierno nacional está buscando 250.000 millones de pesos adicionales para atender cerca de 77 sitios críticos de la vía al Llano, que hoy no tienen garantizados los recursos, anunció el viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez.
Esos recursos saldrían de unas vigencias futuras de la concesión Neiva Mocoa Santana, en razón a que tiene un nivel de avance de las obras muy bajo. La solicitud para disponer de esos recursos ante el Ministerio de Hacienda está condicionada a que se abra un espacio fiscal más adelante para no afectar los recursos de ese proyecto.
Gutiérrez así lo explicó en un debate sobre la vía al Llano en la comisión quinta del Senado que se cumplió este martes. Su anunció corresponde a la solicitud que el presidente Iván Duque había hecho el pasado jueves en Guayabetal (Cundinamarca) a sus ministros de buscar recursos para la vía.
Paralelo a la consecución de esos recursos, algunos de los municipios del corredor vial y las gobernaciones de Meta y Cundinamarca deben declarar la calamidad pública o urgencia manifiesta para poder disponer de los recursos de manera expedita. La gobernadora del Meta, Marcela Amaya, ha insistido que se necesitan 400.000 mil millones de pesos para atender los puntos críticos de la carretera.
Un diagnóstico de Coviandes indica que hay 136 sitios críticos, de ellos 19 de riesgo muy alto. El viceministro dijo que ya se están atendiendo 59 puntos y los nuevos recursos alcanzarían para atender los restantes 77 sitios y solucionar definitivamente los inconvenientes que tiene la vía.
Actualmente, el Gobierno está invirtiendo 85.000 millones de pesos en obras de protección y dos puentes peatonales, más 30.000 millones en la extensión de los túneles falsos en los kilómetros 46 y 64 + 200.
A estos recursos se suman 120.000 millones de pesos adicionales que fueron anunciados el pasado jueves para las obras de mitigación en el kilómetro 58, el de mayores dificultades actuales.
Del kilómetro 58 el viceministro de Infraestructura señaló que la situación es absolutamente crítica y tenemos que ser muy responsables con los usuarios de la vía y los habitantes de Guayabetal.
Este lunes se presentó un desprendimiento bastante voluminoso sobre la calzada de la vía en el kilómetro 58.
Cortesía Coviandes
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Eduardo José González, expresó que está cayendo material de la montaña a la vía y al río Negro y que no se descarta que se pueda colmatar y presentar una avenida torrencial sobre Guayabetal donde viven 2.473 personas, 600 familias.
En ese sentido, dijo, se vienen adelantando las acciones de prevención, una de ella fue la instalación de un radar para hacer un seguimiento más preciso a los movimientos en masas y con las autoridades locales y los pobladores simulacros de evacuaciones.
Ante la inquietud de la Veeduría Ciudadana en el sentido de que Coviandes no ha dado explicaciones sobre el derrumbe en la boca del túnel 13, ubicado en la misma montaña del derrumbe del kilómetro 58, la representante a la Cámara Jennifer Arias solicitó que “se establezcan responsabilidades porque hay indicios serios que el túnel 13 en construcción, fracturó la montaña y que hace dos años se había advertido esta problemática”.
El viceministro de Infraestructura señaló que este algún momento se pensó en habilitar parte de la doble calzada entre el sector de Quebradablanca y el puente Chirajara, pero como el túnel 13 está están al lado del kilómetro 58, donde se presenta el derrumbe no se puede utilizar.
Agregó que según los informes de la Interventoría, en la construcción de este túnel no se utilizaron explosivos que hubieran podido debilitar la estructura de la montaña, pero dijo que allí hay un problema hidrológico que se ha agravado con las lluvias recientes y este lunes se presentó un desprendimiento bastante voluminoso sobre la calzada. Coviandes no se ha pronunciado sobre este tema.
La vía se mantiene cerrada desde el pasado domingo a las 5:00 de la tarde por los deslizamientos en ese punto de la carretera.
La senadora Maritza Martínez, que citó el debate, insistió en la necesidad de controlar las tarifas de los vuelos aéreos de las aerolíneas que prestan el servicio entre Villavicencio y Bogotá. El viceministro respondió que el Gobierno no puede regular los precios de los tiquetes aéreos y lo que se generando más oferta para el libre mercado logré que los precios bajen y están entre 227.000 a 785.000 pesos, por trayecto.
NELSON ARDILA ARIAS
Corresponsal de EL TIEMPO
Villavicencio
Twitter: @nelard1
