Felix Antonio García Chabur, el hombre señalado de haber grabado y publicado en redes sociales los videos de contenido sexual con 16 mujeres, entre las que figura una menor de edad, no aceptó los cargos imputados en la noche de este miércoles por la Fiscalía.
En la audiencia, que se cumplió en el Palacio de Justicia de Ibagué, la Fiscalía le imputó los cargos de pornografía y violación de datos personales en concurso homogéneo y sucesivo por tratarse de varias mujeres.
Alfonso Arenas, abogado de las víctimas, señaló que en las audiencias, que comenzaron a las 9 de la mañana de este jueves, la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento de detención preventiva para García de 33 años de edad y oriundo de Ibagué.
«Esperamos contar con la medida de aseguramiento pues el procesado ha demostrado ser renuente a presentarse ante las autoridades», afirmó Arenas y agregó que tan solo compareció ante las autoridades nueve meses después de sucedidos los hechos.
«La medida de aseguramiento es urgente y necesaria para proteger a las 16 ‘caperucitas’ del lobo», dijo el abogado defensor.
Por petición de las jóvenes víctimas de este delito, las audiencias se realizan a puerta cerrada sin la presencia de los medios de comunicación ni de personas que nada tengan que ver con el proceso.
La medida de aseguramiento es urgente y necesaria para proteger a las 16 Caperucitas del lobo
García Chabur, hijo de un reconocido empresario de la capital del Tolima, fue detenido el martes en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, a donde llegó procedente de Perú. Luego fue traído a Ibagué.
En marzo pasado se enteró de las denuncias interpuestas en la Fiscalía y salió de la ciudad de Ibagué, donde nació y ha residido por años. Se cree que todos estos meses permaneció escondido para evadir el cerco de las autoridades.
A comienzos de este año, varias jóvenes entre 18 y 22 años lo denunciaron penalmente y señalaron que las conquistaba y hasta sostenía relaciones sexuales con ellas.
Los encuentros íntimos eran grabados en novedosas cámaras de vídeos y luego ese contenido lo distribuía a otros países como material pornográfico al que podía acceder toda clase de público.
Los encuentros sexuales eran en su apartamento equipado con sala de televisión pero, según las denunciantes, la grabación de los videos nunca fue autorizada por ellas.
«Lo hacía sin nuestro consentimiento», dijo meses atrás una de las afectadas.
FABIO ARENAS
PARA EL TIEMPO
IBAGUÉ
