Con la captura este viernes del concejal conservador Rodrigo Reyes y de cuatro exfuncionarios de la Alcaldía de Cartagena, la Fiscalía inició un nuevo capítulo de la operación Castillo de Arena, la cual busca revelar todos los detalles acerca de las construcciones ilegales en la capital de Bolívar, a manos de la polémica familia Quiroz.
Según Fiscalía, Reyes habría omitido funciones de control y vigilancia cuando ejerció como alcalde local 2. El órgano investigador asegura que en la zona que estaba bajo responsabilidad del implicado se levantaron algunas de las edificaciones ilegales de los Quiroz.
Cabe recordar que con la captura de Reyes, el Concejo de la ciudad quedó con solo seis cabildantes; esto debido a que 11 de ellos se encuentran con detención domiciliaria por la elección irregular de la contralora distrital, Nubia Fontalvo.
Por otra parte, la Fiscalía reportó la existencia de otras 20 edificaciones que habrían sido construidas por los polémicos hermanos Quiroz en la capital de Bolívar sin los debidos permisos de construcción, y cuyos reglamentos de copropiedad se habrían realizado por medio de licencias falsas.
Meses atrás, esa misma operación descubrió otras 16 edificaciones que habían sido construidas con documentos falsos por los Quiroz y que, según las autoridades, presentan daños estructurales.
“Se ha dispuesto hacer nuevas imputaciones a los hermanos Quiroz por delitos relacionados a estas 20 edificaciones. Dicha imputación se llevarán a cabo el próximo 26 de abril”, afirmó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
Los hermanos Wilfran y María Quiroz, junto con seis integrantes más de esta familia (todos privados hoy de la libertad), son señalados por la Fiscalía y la Procuraduría de ser los responsables de la construcción unos 100 edificios con licencias falsas.
Wilfran Quiroz es el constructor detrás del edificio Portal de Blas de Lezo II, cuyo desplome, debido al uso de materiales de obra de mala calidad y permisos irregulares, dejó 21 obreros muertos y 23 más heridos en abril del año pasado.
El ente regulador también presentó pruebas para que, además de Rodrigo Reyes, un juez de control de garantías expida las órdenes de captura de otras cuatro personas.
Se trata de Pedro Antonio Buendía Elles, quien para la época de la tragedia de Blas de Lezo era alcalde de la localidad número 3 (Industrial y de La Bahía).
Los otros funcionarios distritales acusados por la Fiscalía son Jorge Luis Cudris Pájaro, Gilberto Marrugo Maldonado y Ricardo Javier Castellar Pérez, quienes están asignados a las alcaldías locales 2 y 3, además de tener la responsabilidad de visitar de forma coordinada y sistemática las construcciones señaladas. Aunque a cada uno de ellos le correspondía llevar un permanente control de las edificaciones, habrían permitido que continuaran de manera ilegal las irregularidades a cambio de coimas.
A Rodrigo Reyes y Pedro Buendía Elles, la Fiscalía les imputará los delitos de prevaricato por omisión y urbanización ilegal. Según el ente investigativo, los dos implicados deberán responder a cuarenta acusaciones, “es decir, por cada edificio se les atribuirá responsabilidad: dos delitos a cada uno por cada edificación”.
Por otra parte, a Jorge Luis Pájaro, Gilberto Marrugo y Ricardo Javier Castelar les serán imputados los delitos de cohecho propio, urbanización ilegal y prevaricato por omisión. “Por cada edificio se les atribuirá responsabilidad”, explicó la Fiscalía.
JHON MONTAÑO
Corresponsal EL TIEMPO
Cartagena @PilotodeCometas
