Una vez más, el Estado Colombiano omite sus obligaciones constitucionales de generar paz en el territorio, tal como ocurrió en el 2002, ya que por sus omisiones, fueron masacrados 79 civiles Afrocolombianos”.
Con ese llamado, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Diócesis de Quibdó, la Corporación Pacipaz y la Coordinación Regional del Pacifico Colombiano hicieron un llamado a las autoridades para atender la situación de orden público en Bojayá y el Atrato (Chocó).
De acuerdo con las denuncias, hay más de 7.000 personas de comunidades afros e indígenas que se encuentran confinadas y con un riesgo inminente por combates entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quedando en medio del fuego cruzado.
Dichos combates se han agudizado desde febrero de este año lo que ha obligado a que varias familias de las comunidades negras e indígenas de Carillo, Unión Cuití, Unión Baquiaza, Mesopotamia y Pogue hayan empezado un desplazamiento forzado.
Tememos que los hechos ocurridos en Bellavista-Bojayá, hace 17 años, se pueden repetir en peores dimensiones
“El accionar del Eln ha significado asesinatos, minas antipersonales, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, restricción de la movilidad, intimidación a las comunidades, irrespeto y desconocimiento al gobierno propio. Entre febrero y marzo, el Eln ha asesinado a dos jóvenes en los ríos Bebará y Bebaramá”, aseguran las organizaciones.
Además, debido a los enfrentamientos, en la zona hay restricción de la movilidad, falta de alimentos, medicina y combustible, así como amenazas a líderes y autoridades comunitarias, reclutamiento forzado y violencia de género.
“Tememos que los hechos ocurridos en Bellavista-Bojayá, hace 17 años, se pueden repetir en peores dimensiones. Por eso exigimos al Estado prestar atención a esta alerta temprana para garantizar la vida e integridad de las comunidades afectadas y realizar las acciones necesarias para evitar hechos lamentables. Y a las autoridades locales y departamentales, hacer más presencia administrativa en las comunidades”, dice el comunicado.
Preocupante que nuestra Fuerza Pública no actúe con eficacia frente a la denuncias de la ONU que alertó del confinamiento de 2.778 personas de comunidades indígenas y afrodescendientes de Bojayá, por combates entre la guerrilla del Eln y el Clan del Golfo desde marzo. pic.twitter.com/15nJ6J8NDD
— dimasporbogota (@dimasporbogota) 17 de abril de 2019
Entre tanto, la gobernación de Chocó, a través de una mesa técnica con presencia del secretario de Interior y de Gobierno Departamental, la directora de la Unidad de Víctimas, el comandante de la Brigada No.15 del Ejercito, el Defensor del Pueblo y el alcalde de Bojayá, coordinó la estrategia de atención a las comunidades afectadas por los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley.
De acuerdo con el secretario del Interior de Chocó, Antonio Yesid Machado, seis comunidades del Municipio de Bojayá están recibiendo las primeras ayudas humanitarias para atender el desabastecimiento de alimentos.
“Por parte de la Unidad de Víctimas Regional Chocó se gestionó a través del Programa Mundial de Alimentos 34 toneladas y la Gobernación del Chocó enviará en los próximos días la atención para 270 familias para complementar las ayudas de las familias afectadas”, expresó la gobernación.
Agregó que el ejército informó que actualmente están haciendo presencia en la zona y junto con la infantería de Marina están brindando acompañamiento y seguridad a las comunidades.
MEDELLÍN
